Luís Pardo 12 de octubre de 2025
El organismo advierte a la Xunta de que peligran “la vida, la integridad física y la salud mental” de las trabajadoras de uno de los centros públicos para personas dependientes de Vigo
Hemeroteca — Trabajadores de la segunda mayor residencia geriátrica de la Xunta de Galicia: “Es una olla caliente a punto de explotar”
- Concentración ante la sede de la Xunta en Vigo, el pasado día 3, para denunciar las agresiones que sufren trabajadoras y usuarios de las residencias reconvertidas en centros de atención a dependientes
Las inspectoras, que arrancaron su trabajo con una visita presencial a finales de 2024, comprobaron personalmente el “cambio” en el tipo de usuarios a los que dan cobertura los dos CRAPD existentes en la ciudad. “En los últimos tres años”, dice su informe “se ha dado un notable incremento de la atención en estos centros a usuarios con perfil psiquiátrico cuyas condiciones de atención difieren notablemente de otro tipo de usuarios dependientes que son los que venían siendo atendidos en este tipo de residencias”. Según la Xunta, ese perfil sólo supone el 1,7% del total de usuarios de la red. Sin embargo, fuentes del sector aseguran que, en centros como el CRAPD 1 —conocido como la asistida—, suponen más de la mitad de los residentes.
Tras las entrevistas realizadas a responsables del centro, de la propia consellería y representantes sindicales, destacaron varios tipos dentro de este grupo de personas: los que padecen adicciones; los que pueden abandonar el centro a lo largo de la jornada y regresan “con evidentes signos de encontrarse bajo los efectos del alcohol u otras sustancias que alteran su estado” y un tercer perfil, el de quienes sufren patologías psiquiátricas que requieren medicación para su tratamiento pero se niegan a tomarla, “lo que ocasiona alteraciones en su comportamiento y actuaciones”.
Este caldo de cultivo provoca “situaciones de conflicto con el personal y usuarios del centro”. El requerimiento recoge las quejas de trabajadores y trabajadoras —en su gran mayoría, mujeres de más de 50 años— que manifiestan “no tener capacidad suficiente para atender a estas especialidades, ni conocimientos adecuados sobre cómo proceder con ellos” ni ante “los conflictos o situaciones de violencia verbal o física que se pueden plantear”.
El temor de los otros usuarios
El personal de los centros, según las inspectoras, no padece sólo por su propia situación, sino que sufren el “enorme impacto emocional” que provoca recibir las quejas de los usuarios dependientes a los que atienden y que, en muchos casos, “sienten temor ante lo que perciben como situaciones de inseguridad”.
“La Xunta de Galicia (Consellería de Política Social e Igualdade) deberá proceder a realizar las actuaciones necesarias para salvaguardar la seguridad y salud de la totalidad de trabajadores/as de este centro de trabajo durante la prestación de sus servicios”, se puede leer textualmente en el requerimiento. “Esas actuaciones deberán centrarse de una manera específica en los riesgos derivados de situaciones de violencia externa en el trabajo”.
Ante esa violencia, el texto insta a la Xunta a “proceder de la siguiente manera”, empezando por la elaboración de un plan de prevención que incluya la contratación de personal especialista en la atención a pacientes de patologías psiquiátricas, tanto facultativos como trabajadores sociales. Además, se señala la necesidad de evitar riesgos y de evaluarlos en función de los perfiles de los usuarios.
“El riesgo laboral objeto de estas actuaciones es un riesgo para la vida y la integridad física del trabajador, derivado de la violencia generada por los sujetos que llevan a cabo el mismo, pero también es un riesgo para la salud mental del trabajador ya que el daño puede aparecer por el mero temor a que se produzca el mismo, o incluso cuando ya se ha producido (estrés postraumático), o de la propia gestión de las situaciones entre los usuarios de distinta tipología presentes en el centro de trabajo”, argumentan las autoras del requerimiento, que reclaman una evaluación de riesgos “completa” que contemple “la totalidad de las situaciones descritas (actos concretos de violencia física o moral así como los riesgos psicosociales derivados del ejercicio ordinario de la prestación de servicios)”.
El último punto del requerimiento plantea la necesidad de planifiicar la actividad preventiva, a través de cursos “obligatorios” de los que deberá encargarse la propia administración, para que trabajadores y trabajadoras cuenten con una formación “teórica y práctica, suficiente y adecuada”. Ese carácter práctico, señalan, “aleja la posibilidad de que puedan impartirse exclusivamente mediante sistemas on-line o e-learning”.
La Xunta asegura que hay más seguridad
“En los últimos meses, la Xunta implementó nuevos procesos y medidas de seguridad en sus centros asistenciales”. Así comienza el correo electrónico con el que Política Social respondió a las preguntas de elDiario.es sobre las conclusiones del requerimiento. “Primeramente, el Servizo de Prevención de Riscos Laborais elaboró un protocolo específico para la actuación en situaciones de violencia externa hacia el personal durante la realización de sus funciones”.
La consellería afirma que se creó un “grupo de trabajo interdisciplinar” con personal de los centros, técnicos de la Xunta y especialistas psiquiátricos, un grupo que “entre otras medidas” acordó reforzar la valoración individualizada de los usuarios con necesidad de asistencia psiquiátrica a través de personal de los servicios sanitarios; la inclusión de personal de enfermería especializado en psiquiatría en los equipos del CRAPD o continuar con la formación, tanto en prevención de riesgos laborales como en cursos específicos para la atención de usuarios.
El miedo de las trabajadoras
Las medidas que la Xunta dice haber puesto en marcha durante estos últimos meses son “desconocidas” para la representación laboral. “Claro que hay un protocolo: si nos agreden, nos dan una hoja y presentamos una queja. Llevamos haciéndolo años, lo que no sé es qué hacen luego con ellas”, asegura Dina Porral, de la CIG, secretaria del comité provincial. “Algo oí hablar del grupo de trabajo, pero no se contó con nadie del personal ni del comité... y, sí, parece ser que acordaron hacer valoraciones individualizadas...”
De lo que tampoco sabe nada es de una antigua demanda de las trabajadoras: la incorporación de las enfermeras especializadas en psiquiatría, ya que ellas no lo son y la disponibilidad de psiquiatra es de apenas cinco horas a la semana, sólo por videoconferencia. “De momento, no conocemos a ninguna. Y los cursos de formación, como teoría están preciosos, pero son cursos de tres horas en los que no nos dan respuestas prácticas”.
“No me fío de ninguna de las medidas que anuncien y ninguna me parece razonable”. Como ejemplo, pone el último “experimento” del que tuvo noticia: la aplicación en el CRAPD 1 de una especie de “reloj del pánico”. “Va en la muñeca, porque no podemos llevar nada colgado al cuello, y no parece nada fácil de manejar”.
Ese reloj permite a las trabajadoras dar una alerta en caso de agresión pero, a la espera de conocer los tiempos reales de respuesta, Porral no oculta su temor: ante una agresión con un cuchillo o un intento de violación, “puede que ya sólo lleguen a tiempo para hacerte la autopsia”. Lo ejemplifica con el caso de las enfermeras que trabajan solas durante el turno de noche, una situación que han denunciado ante la Valedora do Pobo.
“La Consellería de Política Social e Igualdade tiene mucho de política, poco de social y nada de igualdad”, ironiza la sindicalista con amargura. “Me gustaría que la conselleira viniese a hacer un turno al centro” y que viese la realidad que no sale en las fotos: “las compañeras están asustadas, nos estamos quedando sin gente para trabajar y no le veo solución”.
La Inspección de Trabajo, tras el cierre de Amoeiro
Precisamente, fue otra actuación de la Inspección de Trabajo la que provocó, el pasado 1 de octubre, el cierre de la Vivienda Comunitaria Jardín de Amoeiro (Ourense). Una denuncia laboral destapó una situación de “graves deficiencias” tanto en la gestión como en la atención a la media docena de usuarios, ancianos que —según el alcalde, José Luis González— estaban deshidratados y sólo tenían patatas cocidas con leche para comer.
El BNG preguntará por lo sucedido en Amoeiro al presidente de la Xunta en el pleno de la próxima semana —aplazado por las vacaciones otoñales de Alfonso Rueda—, después de que la mayoría absoluta del PP vetase la comparecencia de la conselleira de Política Social, Fabiola García. Los nacionalistas se preguntan cómo una inspección de la consellería, apenas tres semanas antes, no detectó lo que estaba sucediendo en la vivienda comunitaria, de titularidad privada.
El conselleiro de Presidencia, Diego Calvo —quien sustituyó a Rueda al frente del Consello de la Xunta de este lunes— defendió la “rapidez y contundencia” en la actuación de Política Social y aseguró que, en su primera visita, los inspectores “no encontraron la misma situación que se encontrarían semanas más tarde”.
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