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El pasado 22 de marzo las calles de Madrid acogieron a 2 millones de personas de todo el Estado, en una manifestación que cualquier persona con un mínimo de humanidad debería secundar. Reclamamos una vida digna, trabajo, casa, servicios sociales para todos y todas y el no pago de la deuda.
Con un amplísimo apoyo popular, las Marchas de la Dignidad avanzaron pacíficamente durante más de 5 horas desde Atocha hasta Colón, en un ambiente de lucha y solidaridad entre pueblos, que no se recuerda en décadas.
Desde que partieron, las Marchas han recorrido todo el estado haciendo asambleas en cada lugar por el que pasaban, llevando una auténtica democracia a cada pueblo y recibiendo la solidaridad de las gentes.
Frente a tal demostración de dignidad y democracia, el sistema no tiene argumentos y su única respuesta es la represión: silencio mediático, represión
política y represión policial sufrida durante el trayecto, imponiendo desvíos a los caminantes por vías impracticables para dificultar su marcha, policía impidiendo el transcurso normal de las asambleas, controles injustificados en carreteras con retenciones a más de 100 autobuses que causaron retrasos de entre 1 y 3 horas. La dureza represiva alcanzó su máxima cota en Madrid: un despliegue policial desproporcionado de 1.700 agentes de la UIP, utilizado para amedrentar y reprimir al pueblo, con cargas policiales previas a la finalización del acto y desoyendo las peticiones de detención del ataque que desde la propia megafonía solicitó la organización.
Se buscaba abrir los noticiarios televisivos con imágenes de violencia.
Usaron porras, escopetas y gases lacrimógenos en un montaje policial urdido desde el Gobierno para vulnerar el legítimo derecho de reunión y manifestación.
Con un amplísimo apoyo popular, las Marchas de la Dignidad avanzaron pacíficamente durante más de 5 horas desde Atocha hasta Colón, en un ambiente de lucha y solidaridad entre pueblos, que no se recuerda en décadas.
Desde que partieron, las Marchas han recorrido todo el estado haciendo asambleas en cada lugar por el que pasaban, llevando una auténtica democracia a cada pueblo y recibiendo la solidaridad de las gentes.
Frente a tal demostración de dignidad y democracia, el sistema no tiene argumentos y su única respuesta es la represión: silencio mediático, represión
política y represión policial sufrida durante el trayecto, imponiendo desvíos a los caminantes por vías impracticables para dificultar su marcha, policía impidiendo el transcurso normal de las asambleas, controles injustificados en carreteras con retenciones a más de 100 autobuses que causaron retrasos de entre 1 y 3 horas. La dureza represiva alcanzó su máxima cota en Madrid: un despliegue policial desproporcionado de 1.700 agentes de la UIP, utilizado para amedrentar y reprimir al pueblo, con cargas policiales previas a la finalización del acto y desoyendo las peticiones de detención del ataque que desde la propia megafonía solicitó la organización.
Se buscaba abrir los noticiarios televisivos con imágenes de violencia.
Usaron porras, escopetas y gases lacrimógenos en un montaje policial urdido desde el Gobierno para vulnerar el legítimo derecho de reunión y manifestación.
Los detenidos y detenidas fueron maltratadas: ocho horas de pie contra la pared, manos en alto, negándoles agua y comida en 24 horas. A las mujeres ni se les permitió cambiar de tampax. Se les mantuvo 37 horas en dependencias policiales antes de pasar a disposición judicial.
La persecución policial ha alcanzado límites alarmantes cuando ayer mismo detenían en Madrid a 9 personas más, llegando a detectarse casos de personas
consideradas sospechosas de altercados, que ni siquiera se encontraban en la ciudad el propio día 22 de marzo.
consideradas sospechosas de altercados, que ni siquiera se encontraban en la ciudad el propio día 22 de marzo.
Por ello, exigimos al régimen que retire los cargos de todos y todas las acusadas y la libertad inmediata de los compañeros y compañeras detenidss. Exigimos además la destitución de la delegada del gobierno y del jefe de policía de Madrid, a los que consideramos responsables directos del ataque, así como la dimisión de Ministro del interior.
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