Desvergüenzas políticas en la privatización del agua, por Edmundo Fayanás Escuer

nuevatribuna.es | Edmundo Fayanas Escuer | 9 Agosto 2014 
http://www.nuevatribuna.es/articulo/medio-ambiente/desverguenzas-politicas-privatizacion-agua/20140809202841105952.html

El servicio público de aguas de ciudades y pueblos de nuestro país se está convirtiendo en un negocio para las multinacionales. Los únicos perjudicados, como siempre, la ciudadanía. Además este tipo de concesiones se ha convertido en lugar común para la corrupción política. El PP, PSOE, CIU, UPN son partidos que abogan por la privatización de los sistemas públicos de agua. ¿Cuál es la situación actual?

En el año 1996, el 63% del servicio de aguas era público. En el 2005, ya sólo era público el 52%; en el 2010 ya baja al 47% y se prevé que al finalizar este año sea del 43%. El agua es mayoritariamente pública en toda Europa, con las excepciones del Reino Unido y, cada vez más, España y Portugal.

El sector privado del agua español, está controlado en un 90% por dos empresas, Agbar y FCC, que son marcas locales de las dos mayores multinacionales del agua en el mundo, las francesas Suez y Veolia  respectivamente.

¿Qué consecuencias tiene la privatización del agua?

Provoca un acceso desigual al servicio. Siempre se produce un aumento escandaloso de tarifas, provocando grandes beneficios, pues se firman las concesiones de privatización con ganancias aseguradas entre el 10-15%. Al mismo tiempo, se produce un deterioro del servicio por falta de inversión en el mismo, lo que provoca una perdida en la calidad del agua, además del nulo respeto por el medio ambiente. Sirva como ejemplo que la privatización del agua en Inglaterra realizado por Margaret Thachter, significó una subida del 95% del recibo en nueve años.

¿Va nuestro país en la buena dirección con la privatización del agua pública?

Evidentemente NO, yendo a contracorriente, pues la tendencia actual es a la remunicipalización del agua como servicio público. Veamos algunos datos: sólo el 10% de las 400 ciudades más grandes del mundo tienen privatizado el sistema de aguas y la tendencia es ir volviendo al sistema público. En los últimos diez años, más de un centenar de grandes ciudades han remunicipalizado el agua: París, Berlín, Budapest, Atlanta, Indianápolis, Buenos Aires, La Paz, Johannesburgo, Dar-es-Salaam...

Mientras que en el resto del mundo ya son conscientes de las consecuencias que genera la privatización del agua pública, aquí nuestros políticos nos llevan al desastre hídrico de forma consciente para favorecer a determinadas multinacionales y para llevarse su parte a su bolsillo.

Un ejemplo claro ha sido París, donde la empresa Eau de París que surge como consecuencia de la remunicipalización, ha conseguida bajar un 8% sus tarifas y ha logrado un beneficio de 35 millones de euros en su primer año que han sido reinvertidos íntegramente en la mejoría del servicio de aguas, permitiendo además que además los usuarios evalúen permanentemente la calidad del sistema.

El gobierno italiano de Berlusconi organizó un referéndum en el año 2011, donde se pretendía acabar con la gestión pública del agua para pasarla a manos de multinacionales. El gobierno salió derrotado y la ciudadanía italiana se posicionó claramente para que el agua fuera exclusivamente un servicio público.

Más recientemente, las ciudades griegas de Atenas y Salónica, han impedido la privatización de su servicio público que era una imposición de la Comisión Europea para el rescate griego.

Desde el año 2010, la Asamblea General de la ONU aprobó que el acceso del agua y al saneamiento es un derecho humano. Llama la atención que ningún país de la neoliberal Unión Europea haya adaptado su legislación nacional a dicha resolución. Este es un punto concreto que con el cambio constitucional que se avecina debería ser incluido en ella.

La conferencia de las Naciones Unidas para el Agua y el Medio Ambiente, que se celebró en 1992 en la capital de Irlanda, Dublín, declaró el agua como el oro azul y fue considerado como un bien económico, que posteriormente ha generado a su alrededor un gran mercado económico, basado en la escasez del agua.

En un  informe de un fondo de inversión especulativo elaborado en 2010 decía “La desalación y el reciclaje son áreas en las que se prevén importantes progresos. Los derechos de propiedad, las infraestructuras u la tecnología ofrecen un atractivo potencial desde el punto de vista de la inversión. El agua generará un creciente número de oportunidades de inversión en el futuro. De hecho, podría convertirse en uno de los argumentos de inversión del siglo XXI”.

Como podemos comprobar, el agua se está convirtiendo en el gran negocio para las multinacionales y ante la falta de liquidez que sufren actualmente los ayuntamientos, las empresas les ofrecen la compra de dichas empresas para beneficiarse a su costa. Además son empresas que no tienen competencia local teniendo clientes fijos y buenos pagadores que les proporcionan un flujo monetario fijo y continuado. Es decir, con la privatización del agua, se genera un monopolio natural, donde la competencia sólo se puede dar en el principio de la concesión pública, pero posteriormente desaparece y el usuario esta al libre criterio económico de la empresa.

Hace poco surgió la primera Iniciativa Ciudadana Europea en la defensa del agua pública: “el objetivo es declarar el acceso al agua y al saneamiento un derecho humano en la legislación europea y, por consecuencia, en las legislaciones nacionales, para asegurar de ese modo una gestión pública, democrática, transparente y ecológica”.

La Iniciativa Ciudadana Europea ha sido un éxito. Así el vicepresidente europeo Maros Sefcovic aprobó dicho iniciativa diciendo “la calidad, las infraestructuras, el saneamiento y la transparencia resultarán beneficiosas, a favor de los pueblos de Europa y de los países en desarrollo. Felicitó a los organizadores pro este éxito”. Ningún Estado podrá ya afirmar, que es Bruselas quien les obliga a privatizar, ni por legislación ni a través de Tratados de Libre Comercio.

Debemos acabar YA con los procesos de privatización del agua en nuestro país pues significa un retraso económico y social de gravísimas consecuencias, debiéndose revertir los ya privatizados. Tenemos que demandar que en las próximas elecciones municipales, autonómicas y generales, que todos los partidos políticos lleven en sus programas la exigencia  del agua como un servicio público y que en la próxima reforma constitucional, el agua sea declarado un derecho humano y esté garantizado por el Estado. Luchemos por ello y lo conseguiremos como lo han hecho griegos, italianos y franceses últimamente.