Las penas a los sindicalistas que han participado en huelgas son “manifiestamente desproporcionadas”. Es la denuncia del magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Carlos Hugo Preciado Doménech, quien ha redactado un duro análisis en el que reprocha al Ejecutivo que se estén imponiendo “penas desproporcionadas que van desde los 3 años y un día a los 4 años y medio (...) que impone su ingreso en prisión aunque sea el primer delito que comete en toda su vida”.
El documento de 6 folios que los sindicatos han bautizado ya como el “Informe Doménech” y que han remitido al Ejecutivo insta al Gobierno a interpretar de forma “ultra restrictiva” las normas que se están aplicando contra los sindicalistas y pide al Ministerio de Justicia que considere “el indulto” para los manifestantes condenados con el argumento de que “el ingreso en prisión de estas personas tiene efectos devastadores en su vida personal, familiar y laboral que no son tolerables en un Estado Social y Democrático”.
El Informe Doménech advierte al gobierno de Rajoy de que “aunque goza de un amplio margen para definir delitos y asignar penas (...) este margen no es ilimitado y el principio de proporcionalidad ha de ser respetado, incluso por el legislador”.
Dos propuestas comenzando por la derogación de la ley
La imposición de penas que el magistrado define como "desorbitadas" basándose en el artículo 315 del Código Penal es tal que, según sus cálculos, los huelguistas reciben una sanción mayor que el homicida imprudente o el agresor sexual o el pederasta. "En España, con esta legislación, no hay segunda oportunidad para los huelguistas" que participan en piquetes.
Ante esa situación, el magistrado plantea la derogación del delito de coacciones a la huelga que --según afirma-- es heredero del Código Penal franquista y que podría quedar englobado dentro del delito genérico de coacciones ya contemplado por el Código Penal. "No significa que la coacción y, por tanto, la injerencia en la libertad ajena no deba ser objeto de sanción, pero desde luego no debe serlo de una sanción tan desproporcionada", remacha el juez que asegura que "estamos ante una legislación penal claramente desproporcionada de origen tardo franquista utilizada para reprimir conductas realizadas en el contexto del ejercicio de un derecho fundamental como el derecho de huelga".
Por ello, el magistrado del TSJ plantea englobar el delito de coacciones a la huelga en la figura de coacciones general con el argumento de que “no existe razón alguna para que se castigue más gravemente el ejercicio abusivo del derecho de huelga que las coacciones que tengan por finalidad impedir el ejercicio de un derecho fundamental.
Pide indultar a los condenados
Unas 300 personas han sido acusadas por una figura delictiva que no se había utilizado en los últimos 20 años pero que el nuevo Ejecutivo ha aplicado ya en 12 comunidades autónomas hasta el momento.
Ante el resurgir de ese tipo delictivo, el “informe Doménech” concluye: “las situaciones ya existentes de imposición de penas de prisión manifiestamente desproporcionadas a sindicalistas por hechos cometidos con ocasión de su participación en huelgas deberían ser consideradas en el ámbito del indulto”.
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