España
es una anomalía histórica. Es el único país europeo con 200.000
desaparecidos y unas leyes que garantizan la impunidad de sus verdugos.
Naciones Unidas reclama al Estado español que elabore un “plan nacional
de búsqueda de desaparecidos”, anule la ley de Amnistía de 1977 y
enjuicie a los autores e implicados en el exterminio sistemático de
fuerzas políticas de izquierdas perpetrado entre julio de 1936 y
noviembre de 1975.
Ante la pasividad del gobierno español, la justicia argentina prepara
una querella contra 300 responsables de la represión franquista. Entre
los imputados, se encuentran Rodolfo Martín Villa, que ordenó la masacre
de Vitoria-Gasteiz, José Utrera Molina, ministro franquista y uno de
los firmantes de la condena a muerte de Salvador Puig Antich, Juan
Antonio González Pacheco, alias Billy el Niño, brutal agente de la
Brigada Político-Social, Jesús Muñecas Aguilar, guardia civil golpista y
notable torturador, y Fernando Suárez, que participó en el consejo de
ministros que firmó las últimas ejecuciones del régimen en septiembre de
1975. Es improbable que estos criminales acaben en un tribunal, pues el
gobierno español –neoliberal o socialdemócrata- se inventará cualquier
argucia legal para evitar su extradición. La Transición española no fue
una ruptura con el franquismo, sino una Reforma del franquismo, que
agravió nuevamente a sus víctimas, condenándolas a ser polvo y olvido en
algunas de las 2.500 fosas clandestinas excavadas por falangistas,
requetés, guardias civiles, católicos devotos, aristócratas y militares
El principio de jurisdicción universal reconoce la competencia de
cualquier tribunal para encausar a los responsables de delitos contra la
humanidad. Son crímenes que nunca prescriben por su especial gravedad.
La España de la Transición no mostró ninguna preocupación por las
víctimas de la dictadura. Los asesinos y torturadores continuaron en sus
puestos, a veces condecorados y homenajeados. Rodolfo Martín Villa
concedió en 1977 a Juan Antonio González Pacheco la Medalla de Plata del
Mérito Policial y organizó una cena en su honor, alegando que su
iniciativa constituía un “desagravio a la persecución de la que es
objeto por parte de algunos medios de comunicación”. Actualmente,
Pacheco trabaja en empresas privadas de seguridad y Martín Villa es un
próspero empresario. No se trata de casos aislados, sino de un fenómeno
generalizado. Los comisarios Manuel Ballesteros y Roberto Conesa, dos
policías que adquirieron una siniestra fama por su ferocidad durante los
interrogatorios, prosiguieron tranquilamente sus carreras, participando
en las operaciones de “guerra sucia” contra ETA. Los asesinos del
estudiante Enrique Ruano (los inspectores Celso Galván, Francisco Luis
Colino y Jesús Simón) escalaron posiciones con el PSOE, obteniendo
condecoraciones y altos cargos. Algo semejante sucedió con José Antonio
Gil Rubiales y Juan Antonio González García, ambos implicados en las
salvajes torturas que acabaron con la vida de Joxe Arregi, presunto
militante de ETA. En 2005, Gil Rubiales fue nombrado Comisario del
Cuerpo Nacional de Policía de Santa Cruz de Tenerife. Un año antes, el
PSOE había otorgado a González García el cargo de comisario general de
la Policía Judicial. José Matute y José Martínez Torres también
pertenecían a la Brigada Político-Social. Matute torturó y mató en 1975 a
Antonio González Ramos, militante del Partido de Unificación Comunista
de Canarias. En 1983, José Barrionuevo, Ministro del Interior del primer
gobierno del PSOE, requirió su colaboración para rastrear el Barrio del
Pilar, buscando a un comando de ETA. Barrionuevo también recurrió a
Martínez Torres. Le situó al frente de la Brigada Central de
Información, sin inquietarse por los innumerables testimonios que le
responsabilizaban de crueles torturas físicas y psíquicas. En las
Fuerzas Armadas, se actuó con los mismos criterios. El general José
Antonio Sáenz de Santamaría, que había combatido al maquis en los años
de la posguerra, y se había encargado de organizar los últimos
fusilamientos del franquismo en septiembre de 1975, fue designado
director general de la Guardia Civil por el gabinete de Felipe González.
Se le atribuyen muchos éxitos en su lucha contra el maquis, empleando
pequeñas dosis de pentotal sódico, que inducen un estado de aturdimiento
y favorecen las confesiones. La Gestapo utilizó habitualmente este
procedimiento. El fervor de Sáenz de Santamaría por los métodos de la
guerra sucia se plasmó en una frase sobrecogedora: “Prefiero la guerra a
la independencia de Euskadi”. El teniente general Andrés Casinello se
movió en la misma línea. Se le considera el fundador del GAL verde y el
cerebro del Plan ZEN (Zona Especial Norte), que incluían las técnicas
clásicas de contrainsurgencia: torturas, desapariciones, ejecuciones
extrajudiciales. Casinello se limitó a poner en práctica los
conocimientos adquiridos en la base militar norteamericana de Fort
Bragg. El Plan ZEN obedecía a la filosofía de combatir la subversión,
aplastando sus diferentes focos territoriales. De esta forma, el Estado
español se sumó a la doctrina de la seguridad nacional, copiando en
Euskal Herria la actitud norteamericana con su “patio trasero” (América
Latina) y con los países asiáticos y africanos situados bajo su esfera
de influencia.
Las aguas turbias de la Transición proceden del ánimo genocida de los
sublevados en 1936. Mola, Franco y sus conmilitones ordenaron que se
fusilara sistemáticamente a todos los desafectos al Movimiento. En una
nota del 19 de julio de 1936, Mola afirma que el propósito de la
rebelión es “sembrar el terror… eliminando sin escrúpulos ni vacilación a
todos los que no piensen como nosotros”. La brutalidad de Mola no
conocía límites. Es famosa la frase que le espetó a su secretario
personal: “Yo veo a mi padre en las filas enemigas y lo fusilo”. Franco
obraba de acuerdo con la misma filosofía. En julio de 1937 declaró al
periodista norteamericano Jay Allen: “No puede haber ningún acuerdo,
ninguna tregua. Salvaré a España del marxismo a cualquier precio”.
“¿Significa eso que tendrá que fusilar a media España?”, preguntó el
corresponsal. “He dicho a cualquier precio”, contestó el general, con su
frialdad característica. El capitán Aguilera, jefe de prensa de Franco y
décimo séptimo conde de Alba de Yeltes, se muestra más explícito y
displicente: “En épocas más sanas… las plagas y las pestes solían causar
una mortandad masiva entre los españoles… Son una raza de esclavos… Son
como animales, ¿sabe?, y no cabe esperar que se libren del virus del
bolchevismo. Al fin y al cabo, ratas y piojos son los portadores de la
peste… Nuestro programa consiste en exterminar a un tercio de la
población masculina de España. Con eso se limpiaría el país y nos
desharíamos del proletariado”. Gabriel Jackson estima que la represión
franquista causó 400.000 víctimas. En La República española y la guerra
civil (1931-1939), un clásico de la historiografía contemporánea,
menciona la visita de Heinrich Himmler a Madrid en 1941. Himmler, que
aportó su experiencia para mejorar el entrenamiento de la policía
política española, “desaprobó, por razones tácticas, el promedio de
ejecuciones”, pues lo consideró excesivo. Después de examinar
rigurosamente varias fuentes, Gabriel Jackson desglosa el número total
de víctimas: “100.000 muertos en los campos de batalla; 10.000 por las
incursiones aéreas; 50.000 por enfermedades y desnutrición (durante la
guerra civil); 20.000 por represalias políticas en la zona republicana;
200.000 por represalias nacionalistas durante la guerra; 200.000
prisioneros rojos muertos por ejecución o enfermedades de 1939 a 1943”.
Se afirmó que las cifras de Gabriel Jackson eran una exageración incapaz
de soportar el contraste con la realidad. Sin embargo, hace pocos años
Paul Preston calculó que había 180.000 desaparecidos en fosas
clandestinas. A esta cifra espeluznante, hay que sumar las ejecuciones
con sentencia y las muertes en la cárcel por torturas, enfermedad o
malos tratos. El periodista norteamericano Charles Foltz, corresponsal
de la Associated Press en Madrid durante los últimos años de la Segunda
Guerra Mundial, publicó en 1948 una obra titulada The masquerade in
Spain. Foltz sostiene que el número de ejecutados o muertos en prisión
entre el 1 de abril de 1939 y el 30 de junio de 1944, según datos
oficiales facilitados por el Ministerio de Justicia, asciende a 192.684.
Esta cifra, que se ha considerado improbable y desorbitada, coincide
con las impresiones del conde Galezzo Ciano, yerno de Mussolini y
ministro de Asuntos Exteriores de la Italia fascista. Tras recorrer
diferentes regiones de España en julio de 1939, escribe: “Sería inútil
negar que sobre España pesa todavía un sombrío aire de tragedia. Las
ejecuciones son aún muy numerosas; sólo en Madrid, de 200 a 250 diarias;
en Barcelona, 150 y 80 en Sevilla, que en ningún momento estuvo en
manos de los rojos”. No me atrevo a dar una cifra total, pero entre las
víctimas del franquismo hay que incluir a 30.000 niños y niñas separados
forzosamente de sus familias, la mayoría hijos de presas republicanas.
Hay otros 6.000 casos de bebés robados durante el tardofranquismo y la
primera mitad de la actual democracia, casi siempre por motivos de
“higiene social” (hijos de madres solteras o de familias con un perfil
marginal). En La guerra civil española, Antony Beevor especula que “la
represión franquista durante la guerra y la posguerra podría situarse
alrededor de las 200.000 víctimas”. Beevor apunta que esta estimación
–para muchos, inferior a la realidad- confirma las amenazas del el
general Gonzalo Queipo de Llano: “juro por mi palabra de honor y de
caballero que por cada víctima que hagáis, he de hacer por lo menos
diez”. Las cifras de Gabriel Jackson han sido avaladas por los hallazgos
de nuevas fosas clandestinas. Hace dos años, se calculaba que existían
1.000 fosas sin exhumar. En ese tiempo, se han descubierto otras 1.500.
Con estos datos, no se puede negar que el franquismo cometió un
genocidio.
La exhumación de las fosas y la imputación de los culpables son tan
importantes como un relato objetivo de los hechos. El sentido de la
justicia exige una perspectiva ética, que permita dilucidar la posición
moral de los contendientes. Por ejemplo, ¿cuál es el punto de vista más
adecuado para hablar de la lucha del maquis? El maquis actuó entre 1939 y
1965. Su ofensiva de más envergadura fue la invasión del Valle de Arán
en octubre de 1944, donde 4.000 guerrilleros se enfrentaron a un
contingente de tropas franquistas compuesto 50.000 hombres bajo el mando
de los generales Juan Yagüe y José Moscardó. La ofensiva fracasó. Los
maquis sufrieron 588 bajas y los franquistas 248. Este descalabro no
evitó que el maquis mantuviera su desafío, pero a una escala más
pequeña, empleando la táctica de guerra de guerrillas. En el artículo
publicado en el diario YA el 12 de octubre de 1971, el teniente coronel
José María Gárate, adscrito al Servicio Histórico Militar, publicó un
artículo titulado “Veinte años del hundimiento del maquis”. Gárate
escribe: “No hay un balance completo de bajas, pero la Guardia Civil
tuvo 276 muertos. Los muertos y heridos de los bandoleros fueron más de
5.500 en unas 8.000 acciones terroristas”. En un reportaje publicado en
el ABC en 1994 para conmemorar el ciento cincuenta aniversario de la
Guardia Civil, se proporcionan cifras más precisas: “Bajas de
bandoleros, 5.548. Bajas del Cuerpo, 624. Detenidos como enlaces,
cómplices y encubridores, 19.407”. ¿Eran los maquis bandoleros,
terroristas? ¿Se puede considerar a los guardias civiles abatidos
víctimas del terrorismo? En mi opinión, el maquis fue un ejemplo de
resistencia y dignidad. La represión ejercida por el Ejército y la
Guardia Civil sólo puede interpretarse como una prolongación del
genocidio perpetrado por el régimen franquista. Sin embargo, el
partidista y vergonzoso Diccionario Biográfico Español de la Real
Academia de la Historia llama “terroristas” y “bandoleros” a los
combatientes del maquis. Al mismo tiempo, elogia la figura de los
generales golpistas y el “Glorioso Alzamiento Militar”. Semejante
planteamiento sería inaceptable en Francia, que honra los héroes de la
Resistencia, o incluso en Alemania, que prohíbe cualquier forma de
exaltación de la dictadura nazi.
En España, se considera “enaltecimiento del terrorismo” homenajear a
José Miguel Beñarán Ordeñana, “Argala”, pero Luis Utrera Molina, suegro
de Alberto Ruiz-Gallardón y ex ministro de Franco, puede escribir
tranquilamente: “Franco murió cristianamente en la cama de un hospital
público, después de 40 años de buen gobierno rodeado del cariño de su
pueblo y fue ensalzado y homenajeado por su sucesor, el hoy Rey de
España”. Imagino que entre los logros y cimas de ese “buen gobierno” hay
que incluir las fosas clandestinas que albergan aún los restos de un
número creciente de desaparecidos, pues cada vez que se realizan
trabajos de exhumación aparecen más víctimas de las esperadas. José
María Pemán, en una arenga que retransmitió Radio Jerez el 24 de julio
de 1936, expresó inmejorablemente el espíritu de la sublevación: “La
guerra, con su luz de fusilería, nos ha abierto los ojos a todos. La
idea de turno o juego político ha sido sustituida para siempre por la
idea de exterminio y de expulsión”. Desgraciadamente, este espíritu no
se ha extinguido y sigue impidiendo que España se convierta en un país
realmente democrático, donde se prohíba el ensalzamiento o justificación
de la dictadura franquista, se borren definitivamente sus símbolos, se
enjuicie a los responsables de sus crímenes y se exhumen los restos de
los miles de hombres y mujeres asesinados por su compromiso con una
sociedad más libre e igualitaria. Hasta entonces, España será una
anomalía, una estructura opresiva que no cesa de inventar leyes para
criminalizar las protestas sociales, amordazar a los disidentes,
frustrar los anhelos independentistas y pisotear la memoria de los que
perdieron la vida ante un pelotón de ejecución o en el infame garrote
vil. Tal vez la muerte del joven anarquista Salvador Puig Antich,
lentamente estrangulado por un verdugo ebrio y esmirriado un lúgubre 2
de marzo de 1974, simboliza de forma particularmente trágica la
brutalidad de una dictadura que aún contamina el presente, recordándonos
que los canallas duermen tranquilos y las víctimas aún claman justicia
desde las entrañas de la tierra.
Rafael Narbona
Fuente: rafaelnarbona.es
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