El Supremo plantea la presunta ilegalidad de los
impuestos destinados a financiar la clausura de las centrales nucleares.
Según el exresponsable de Industria, su finalidad real es costear el
déficit tarifario del sistema eléctrico. Eduardo Bayona - 13 de
Julio de
2016
¿Quién asumirá la gravosa factura –unos 13.000 millones--
del cierre en cascada de las centrales nucleares españolas durante los
próximos doce años? ¿Las compañías eléctricas que las explotan o el
Estado, es decir, el ciudadano vía impuestos? Esta segunda posibilidad
va ganando peso desde que, hace unos días, los jueces del Supremo
sorprendieran al exministro José Manuel Soria en un –otro-- desliz
verbal y pusieran sobre la mesa una contradicción que puede costarle a
la Administración casi 300 millones al año.
La Ley de Medidas Fiscales para la Sostenibilidad
Energética aprobada por la mayoría del PP a finales de 2012 creó dos
nuevos impuestos de contenido supuestamente ambiental y presuntamente
ideados para financiar la gestión de los residuos que generan las
centrales nucleares y, paralelamente, su posterior almacenamiento por
tiempo indefinido, ya que su radiactividad se mantiene durante siglos.
Sin embargo, la Sala Tercera del Supremo considera que esos tributos
pueden ser ilegales, por lo que ha pedido al Constitucional que se
pronuncie sobre ellos, tal y como planteaban Endesa y Unesa, la patronal
del sector eléctrico, al recurrir las normas para liquidarlos y señalar
la posible inconstitucionalidad de ocho artículos de esa norma.
El Supremo sugiere, con voto discordante de un magistrado,
que el coste del tratamiento de los residuos estaba, “al menos,
aparentemente”, cubierto por las cuatro tasas estatales que desde hace
casi dos décadas comenzaron a nutrir al fondo nacional del Plan General
de Residuos Radiactivos que gestiona la empresa pública Enresa y al que
sin embargo, según destacan los magistrados, “ni siquiera queda”
adscrita la recaudación de los nuevos impuestos.
Esa circunstancia lleva a plantearse “serias dudas” sobre
su legalidad al tribunal, para quien su finalidad no es “disuadir o
desincentivar la actividad de tratamiento y almacenamiento” de los
residuos, por mucho que así lo indicara el preámbulo de la reforma del
mercado eléctrico, sino que “la verdadera realidad perseguida es la
financiación del déficit tarifario por parte de las centrales
nucleares”. De hecho, así lo anunció el propio Consejo de Ministros
al lanzar la norma, y así lo sostuvo Soria el defender su texto en el
Congreso, donde se refirió a la ley como “un proyecto de medidas
fiscales que tiene como objetivo obtener ingresos para que, a partir del
principio de la sostenibilidad medioambiental y financiera del sistema,
una parte –no todo-- del déficit de tarifa previsto para 2013 pueda ser
financiado con cargo a estos ingresos”.
Coinciden los cálculos de Gobierno y ecologistas
La Fiscalía apoya las tesis de las eléctricas, cuestiona
que los tributos puedan llegar a influir en las empresas que gestionan
las nucleares “en orden a la evitación o minoración de los efectos
perniciosos para el medio ambiente” que entraña su actividad –algo que
sí justificaría su aplicación-- y, al mismo tiempo, pone también sobre
la mesa el “solapamiento con otras figuras tributarias”.
Hacienda esperaba ingresar 270 millones por el impuesto
que grava la generación de residuos y 19,6 por el que se refiere al
almacenamiento hace dos años, 227 y 10 el pasado y 230 y 7 en este. El
primero, que obliga a las nucleares a pagar 2.190 euros por cada kilo de
uranio y plutonio que irradian al cabo del año y aplica una horquilla
de 1.000 a 6.000 por cada metro cúbico de desechos de media a muy baja
actividad, se mantendría estable, con una tendencia a la baja por la
reducción escalonada de la actividad, hasta el cierre del parque
nuclear. Por el contrario, el segundo, que aplica una tarifa de 30.000
euros a cada kilogramo de los primeros materiales por año de custodia y
eleva a entre 2.000 y 10.000 el gravamen para el resto, iría creciendo
para consolidarse a en sus máximos a finales de la próxima década,
cuando el cierre del parque hubiera conllevado, según las estimaciones
de Greenpeace, la extracción de 6.700 toneladas de escorias radiactivas.
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