Federico Trillo
fue el ministro de Defensa que ordenó la “gloriosa” hazaña de liberar
la isla de Perejil en julio de 2002, ocupada unos días antes por un
puñado de militares marroquíes. La euforia del nacionalismo español
concluyó en octubre de ese mismo año con la colocación de una enorme
bandera de España en la madrileña plaza de colón, y aunque fue Trillo
quien instauró la realización de homenajes a la Enseña en fechas
significativas, como el día de la Constitución, ello no le impidió
olvidar que estaba en El Salvador cuando pidió a los soldados que le
rendían homenaje que gritaran “Viva Honduras”. Total, en ambos países
se habla español y los dos territorios formaron parte en su día del
imperio español en el que no se ponía el sol.
Su
mayor desliz, sin embargo, fue no aceptar ningún tipo de
responsabilidad por la muerte de 62 militares españoles en el accidente
del Yakovlev 42 ocurrido en Turquía, en mayo de 2003, y el posterior lío
de la NO identificación de cadáveres que, casi catorce años después, le
ha supuesto un tirón de orejas por parte del Consejo de Estado. Aunque
quizá fuera un acierto involuntario porque, una vez pasados los ocho
años de Zapatero en la Moncloa, el gobierno de Rajoy le nombró embajador
de España en el Reino Unido sin tener nada que ver con la carrera
diplomática. Si fue un premio de consolación por los “logros”
mencionados o un exilio dorado a la espera de que ocurriera lo que acaba
de ocurrir solo lo saben sus allegados del Partido Popular.
De gran “éxito” habría que calificar también la reforma educativa del ex ministro José Ignacio Wert,
diseñada a martillazos y que en su día le costó el título de “ministro
peor valorado” del Gobierno de Rajoy. Éxito rotundo, se diría, porque en
julio de 2015, cuando su salida del ministerio era mucho más que un
clamor, consiguió uno de los puestos más codiciados de la diplomacia
española, el de embajador de España ante la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), con sede en París.
Es
un cargo que reporta unos ingresos inciertos, debido a que no incluye
complementos de destino y específico y a que la Ley de Transparencia no
afecta a la aplicación de algunos conceptos como equiparación del poder
adquisitivo y calidad de vida. Estos extras pueden llegar a multiplicar
varias veces el salario oficial asociado al cargo de algo más de 60.000
euros. Eso sin contar con el lujoso apartamento asignado, de 500 metros
cuadrados, con dos personas de servicio y todo por el módico precio de
11.000 euros al mes.
Con el exministro convive en la capital francesa su actual esposa, Monserrat Gomendio,
casualmente nombrada poco tiempo antes directora adjunta de Educación
de la OCDE con un sueldo de unos 10.000 euros mensuales. Con un
patrimonio declarado próximo a los 15 millones de euros, es evidente que
a Gomendio no le hace falta el dinero, por lo que debió ser el poder de
convicción de su nuevo ligue lo que movió su actuación como secretaria
de Estado de Educación, entre enero de 2012 y 2015, años en los que
secundó, propició y puso su mano en el fuego por la reforma del que se
convertiría en su marido después de tres años de idilio ministerial.
Solo
si hablaran las solemnes paredes de la sede de Educación en la
madrileña calle de Alcalá sabríamos qué fue antes, si la salida de una y
la persecución del otro, o al revés, pero el caso es que la pareja que
forjó un proyecto educativo que el ministro actual desmantela por
momentos vive probablemente los mejores momentos de su vida sin haber
hecho nada para merecerlos.
La cartera de Educación también se le resistió a Pilar del Castillo.
Fue la sustituta de Rajoy en el cargo durante toda la segunda
legislatura de Aznar e hizo un gran esfuerzo por conseguir el consenso
del sector en busca de una reforma en la que probablemente ni ella misma
creía después de haber militado en su juventud en un partido de la
izquierda extraparlamentaria. Su propuesta estrella, la Ley Orgánica de
Calidad de la Educación, llegó a promulgarse, pero nunca se aplicó
porque la paralizó el gobierno de Zapatero.
Consiguió
pasar más desapercibida que Wert fuera del Ministerio, pero en su
currículum consta un desliz importante: aparece en los papeles de
Bárcenas como beneficiaria de dos pagos en 2004 por un total de 9.000
euros. Recompensa de méritos infructuosos a la que se unió un apañado
exilio en el Parlamento Europeo, puesto por el que consiguió en 2012 el
galardón de “Eurodiputada del año” concedido por la revista Parliament
Magazine. Aquí, por supuesto, no tuvo ningún eco.
Miguel Arias Cañete, actual comisario europeo de
Acción por el Clima y Energía, consiguió acceder al cargo en 2014 con
muchas dificultades debido a su pasado poco compatible con el puesto
debido a su participación en empresas petroleras. Tanto su presunto
mérito como su demérito se encuentran en el mismo lugar, los consejos de
ministros de Rajoy.Suya
es la nueva ley de Costas, que contempla una mayor privatización de las
mismas, y suyo el desliz de haber participado en el Consejo que aprobó
la amnistía fiscal a la que se acogió su esposa para desligarse de una
empresa offshore registrada en un paraíso fiscal. Arias Cañete consiguió
desvincularse institucionalmente de aquello y vive su particular exilio
en Bruselas, donde cobra más de 20.000 euros al mes.
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