"Fiscales cobrando en cursos organizados por el abogado del PP no transmite una imagen adecuada", sostiene
Artículo publicado en el último número de nuestra revista: un monográfico sobre la corrupción. Ya está disponible en kioscos y, si eres socio, te llegará estos días a casa. Pedro Águeda
Carlos García Berro (Barcelona,
1972) es fiscal desde hace 16 años y lleva seis en la Sección de Delitos
Económicos de la Fiscalía de Madrid. Este destino le ha hecho
encargarse de la quiebra del Banco de Madrid, la venta de vivienda
pública a Goldman Sachs o los primeros compases de la investigación a
Rodrigo Rato por sus negocios privados, hasta que la anterior fiscal
general le entregó el caso a Anticorrupción. Concede esta entrevista
como vocal del secretariado de la Unión Progresista de Fiscales (UPF),
una organización empeñada en el mensaje de que la carrera fiscal
necesita más transparencia y explicar a los ciudadanos su trabajo. “Hay
determinadas actuaciones de la Fiscalía que no ayudan a su
credibilidad”, asegura.
¿Soporta España niveles de corrupción por encima de sus posibilidades o están creando los medios una falsa percepción?
A veces uno tiene la sensación de que se conoce solo la
punta del iceberg. Venimos de un pasado muy malo en muchos órdenes de la
vida y en corrupción también. Hay familias que prosperaron al amparo
del franquismo, que siguen manteniendo su poder económico y que, sobre
todo, siguen actuando con sensación de impunidad, algo que la democracia
no ha conseguido aún evitar. El poderoso se cree impune y a salvo,
piensa que nunca le va a pasar a él, que nunca le va a llegar una
investigación. Ya sea de la Fiscalía, de la Agencia Tributaria. Y esas
dinámicas son las que tenemos que ir cambiando poco a poco; esa
sensación de impunidad que permite a personas con un gran poder
económico realizar, incluso de forma grosera, algunas actuaciones
delictivas.
¿Cómo se cambia eso?
La única manera de luchar contra esa sensación de impunidad es
actuando. No se puede evitar en muchos casos que lo hagan, pero cuanto
menos vamos a evitar que tengan la sensación de que lo hacen y no les
pasa nada luego.
¿Hay medios materiales y humanos suficientes?
En lo que respecta a la Fiscalía solo tenemos dos instrumentos para
luchar contra la corrupción, no solo la política, hablo de corrupción en
un sentido amplio, entre particulares, todo tipo de delincuencia
económica. Tenemos, por un lado, el Código Penal y la Ley de
Enjuiciamiento Criminal, y por otro, nuestro prestigio profesional. Las
leyes dependen del legislativo y los medios del poder Ejecutivo. Pero lo
segundo depende única y exclusivamente de nosotros. Y sí que es verdad
que hay determinadas actuaciones que no ayudan a la credibilidad de la
Fiscalía.
¿Por ejemplo?
Lo que entre los compañeros se llaman los ‘aquelarres judiciales o
fiscales’. Cuando te encuentras que un abogado de prestigio organiza una
serie de cursos, llama como ponentes a miembros de la cúpula fiscal, y
van esos ponentes ahí a cobrar un buen dinero por ello, puede que no
haya nada reprochable, pero la sensación que se transmite no es la
adecuada. Eso merma nuestro prestigio y la actuación de la fiscalía se
basa única y exclusivamente en nuestro prestigio profesional. Hay muchos
casos. Todos sabemos cuáles son. Que compartan estos aquelarres
fiscales un aspirante a ocupar la jefatura de la Fiscalía Anticorrupción
con el abogado del Partido Popular, de ahí no se cabe deducir nada,
pero de cara al exterior, la imagen que se transmite no refuerza la
imagen de autonomía del Ministerio Fiscal. Tenemos que ser autónomos y
parecerlo. Ser autónomos respecto del poder político y parecerlo
respecto de la ciudadanía.
¿A quién se refiere?
Por ejemplo, los cursos y jornadas organizadas por la Fundación Ramón
Areces han sido objeto de muchos comentarios dentro y fuera de la
Fiscalía, así como otros organizados por grandes firmas que han contado
con ilustres participantes. Otro ejemplo que provoca suspicacias es el
patrocinio de Banesto a la conservadora Asociación Profesional de
Fiscales, evidentemente nada implica esa ayuda, pero no contribuye a la
imagen del Ministerio Fiscal.
La
pasada participación del nuevo fiscal general del Estado en esos cursos
fue objeto de pregunta por la oposición en su primera comparecencia
parlamentaria.
La falta de transparencia es
uno de los grandes problemas de la Fiscalía. Otro hándicap que tiene es
que no se explican las cosas. Cuando se toma una decisión existe un
déficit de explicación a la ciudadanía. Si se dice, por ejemplo, que en
las preferentes no hay delito, habría que haber explicado mejor por qué
no hay delito. Esta falta de transparencia hace que la suspicacia de la
ciudadanía se acentúe. ‘No hay delito por esto’ y dar una explicación
lógica y coherente. Como se le da al juzgado, también se le tiene que
dar a la ciudadanía. Luego, que se pueda compartir el criterio o no es
otra cosa.
Esas suspicacias
sobre la actuación judicial contra determinados delitos de cuello blanco
parecen haber crecido durante la crisis.
Es
que las cosas a veces no se entienden porque no se explican. Si hay
algo que no se puede explicar, no se debe hacer. La corrupción y la
delincuencia económica se basa en la oscuridad, y frente a la oscuridad
solo hay una cosa, que es luz.
Hay fiscales que se van a importantes despachos de abogados y luego
vuelven a la Fiscalía a acusar a personas defendidas por esos despachos
¿Qué opinión tiene de la puerta giratoria en la Fiscalía?
Al anterior fiscal general del Estado, sin respetar el plazo, se le
excusó para poder irse a un poderoso despacho. Tenemos un estatuto del
ministerio fiscal franquista y hay que cambiarlo. Está totalmente
obsoleto. Desde la Unión Progresista de Fiscales estamos haciendo un
trabajo para crear un código ético que aborde todas estas cuestiones,
las actuaciones públicas del ministerio fiscal, que no están reguladas.
Sin ir más lejos, esta entrevista. Las actuaciones privadas, dónde se
pueden dar clases o conferencias, ¿deben o no ser remuneradas?, ¿solo en
centros públicos o también en centros privados? A día de hoy la regula
la conciencia individual de cada uno.
¿Y la ida y vuelta de un miembro de la Fiscalía, o de un juez, a la política?
No creo que haya que poner muchos límites en el hecho de ir y volver.
El volver a dónde es otra cosa, pero tenemos como cualquier ciudadano
nuestro total derecho a participar en las cuestiones públicas. Y si es
un profesional altamente preparado, como un juez o un fiscal, qué mayor
privilegio para la política que tener a un profesional altamente
cualificado trabajando en política.
¿En qué condiciones están los
fiscales como usted para ‘competir’ con carísimos despachos de abogados
que defienden a los corruptos?
No con las
mejores. La Agencia Tributaria, por ejemplo, tiene ahora un problema: no
abarca. No puede nombrar tantos peritos en funciones de auxilio
judicial como se le piden porque son inspectores de Hacienda, que si
están haciendo las funciones en un juzgado no pueden hacer las propias
administrativas fiscales que les corresponden. También hay problemas de
coordinación. Por ejemplo, los inspectores de Hacienda son profesionales
con una alta cualificación, pero lógicamente tienen una visión fiscal
de los asuntos que abordan, no policial. En Italia tienen una policía
fiscal, que abarca ambos campos. La creación de equipos conjuntos es la
solución, pero falta un mecanismo de integración.
¿Hay voluntad política para mejorar los instrumentos para luchar contra la corrupción?
Hay actuaciones en ocasiones incomprensibles. La directiva del Blanqueo
de Capitales se traspone a una ley en España sobre el blanqueo de
capitales y la financiación del terrorismo en 2010. En un artículo de
esa ley se dice que las entidades bancarias tienen que declarar todas y
cada una de las cuentas bancarias, depósitos, etc… de cada titular. Esto
se tramita en las Cortes. Muy buena ley, reconocida a nivel
internacional. Pero luego se pone el reglamento (que desarrolla la ley),
que no pasa por las Cortes y se hace en el Ministerio de Economía. Los
bancos tenían que informar de todas esas cuestiones y se pone un
articulito diciendo que sí, pero excepto las titularidades en las
sucursales en el extranjero, de tal manera que se abre la puerta de la
consagración de la banca offshore española. Si algún banco tiene la
tentación de tener una sucursal offshore en el extranjero, en virtud de
esa sola coletilla, ya no tiene obligación de informar a la Agencia
Tributaria española de quién son los titulares de esos fondos en el
extranjero. ¿Por qué? Yo no puedo saber qué movió al Ministerio de
Economía a hacer eso, pero está hecho.
¿Somos intransigentes con la corrupción del político y tolerantes con la evasión fiscal?
No tenemos una verdadera cultura fiscal en España. Nos indigna la
corrupción política y eso está bien, pero no tenemos tanto una
conciencia fiscal. De esto ya se quejaba Pío Baroja en El Árbol de la Ciencia.
No recuerdo la cita con exactitud, pero hay un pasaje en el que el
protagonista, que ejerce de médico en un pueblo de La Mancha, se extraña
de que todos defraudaran a Hacienda y no se les tuviera por ladrones.
¿Cómo evalúa la colaboración ciudadana en los delitos de corrupción?
Debería serlo más y debería protegerse mucho más al denunciante. Es
necesario un estatuto propio del denunciante en los asuntos de
corrupción pública, y también entre particulares, para los delitos
fiscales, fraudes, etc… Ya está plenamente consolidado en los delitos de
drogas. Si perteneces a una organización internacional dedicada al
tráfico de drogas y te arrepientes, tienes una serie de privilegios
establecidos en el Código Penal. ¿Por qué no podemos hacer lo mismo en
el ámbito de la corrupción?
La figura del testigo protegido en España cosecha sonoros fracasos.
Así es. No está funcionando todo lo bien que debiera. Hay que regular
la figura del ‘co-acusado’, lo que popularmente se denomina ‘tirar de la
manta’. Habría que encontrarle un mejor encaje que de momento solo es
jurisprudencial. El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)
recomienda una práctica, que España no ha incorporado todavía, que es la
tipificación del enriquecimiento injustificado. Si uno tiene un
incremento en su patrimonio y no puede explicar su origen, el GAFI
recomienda que se trate como delito.
Pero gobierno tras gobierno, hay cosas que no se tocan, parece que
siempre se modifica el Código Penal para satisfacer a las tertulias de
sucesos.
Sí, es que parece más fácil
endurecer el código penal para pobres humildes y miserables que para
poderosos, económicos o políticos. Tampoco se trata tanto de endurecer
como de agilizar los mecanismos. Si uno se fija en el delito fiscal, la
pena mínima es un año; un robo con fuerza en las cosas, apalancar por
ejemplo la puerta de una frutería, también tiene una pena mínima de un
año. El límite de la pena para considerar el fraude fiscal delito son
120.000 euros.
¿Qué opinión
tiene del uso de información supuestamente robada para luchar contra los
grandes delitos económicos y la corrupción?
El paradigma de todo esto es la lista Falciani. En Fiscalía hemos
conseguido que todos los asuntos que han concluido lo hayan hecho en
sentencia condenatoria. Era un caso de acreditar la plena validez de esa
prueba. Jurídicamente tiene un gran desarrollo, pero muy sucintamente
puedo decir que en España no hay secreto bancario, por mucho que lo haya
en Suiza. Hemos trazado la legitimidad de la forma de obtención de esa
información y que podía ser prueba de cargo en exclusiva.
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