Una mujer sentada en medio de Las Turquillas (Córdoba), una finca que fue ocupada por el SAT. LAURA LEÓN
// “Vivimos en el mejor de los mundos, no hay alternativa posible”.
Este es el mensaje con el que nos llevan bombardeando durante décadas,
de manera machacona: el capitalismo ha triunfado y no tiene oposición.
Máxima que se mantiene aún hoy, incluso en los tiempos que corren, donde
se evidencia el colapso ecológico en el que nos encontramos, las
crecientes desigualdades que nos asuelan, la violencia y la exclusión
como pan de cada día. “Dentro del sistema, todo; fuera, el abismo”,
añaden ahora, ante el oscuro panorama que se nos ofrece a la humanidad y
al planeta. De esta manera, como cada vez se hace más complicado vender
las virtudes del sistema, centran sus esfuerzos en destruir toda
iniciativa, propuesta, agente y proceso que ose marcar otras sendas por
las que avanzar. El marco de lo posible —nos siguen diciendo— es
tan estrecho como el que define la lógica capitalista y la democracia
formal. Se impone un imaginario dentro de este minúsculo margen, que
tratan de inocularnos hasta que parezca pensado por nosotras mismas: no
hay bienestar sin crecimiento económico; los problemas ecológicos tienen
solución tecnológica; el comercio y la inversión son premisas del
desarrollo; si a las grandes corporaciones les va bien, nos irá bien a
todos y todas. Precisamente, son las empresas
transnacionales, principales protagonistas del sistema vigente, quienes
más interés tienen en sostener y difundir este imaginario, como vía para
mantener y ampliar un poder sin igual en la historia: actualmente, 69
de las 100 principales entidades económicas mundiales son empresas y
solo 31 Estados.
A la vez, su acceso e incidencia en las decisiones estratégicas es enorme a través de la labor de lobby, de la corrupción y de las “puertas giratorias” —auténticas camas redondas
público-empresariales, en realidad—; manejan la información y la
comunicación a través del control de seis grandes conglomerados
mundiales; y han impuesto un marco jurídico global plagado de tratados
de comercio e inversión, que configuran una arquitectura de la impunidad
que sitúa en un altar la seguridad en las inversiones, mientras que los
derechos humanos y de la naturaleza se arrodillan. “Las instituciones
financieras multilaterales son necesarias para garantizar la estabilidad
de los países” y “los tratados de libre nos benefician a todos,
quedarse fuera es rezagarse en el progreso”, nos repiten cual mantra.
Pero por mucho que insistan, cada vez más
comunidades, movimientos sociales y gobiernos populares tienen claro
que sí hay alternativas, y que todas ellas transitan por caminos
antagónicos a los hoy dominantes. Son alternativas no solo teóricas,
sino sobre todo prácticas, demostrando que se hace camino al andar y que
la disputa es aquí y ahora, para ganar nuestro presente y nuestro
futuro. No hay término ni vía intermedia: o apostamos y defendemos la
vida, o nos hundimos con el capital. El imaginario hegemónico se rompe y
se cuestiona desde la raíz.
Así, por ejemplo, en 2008 se
remunicipalizó el servicio del agua en París, frente a la oposición de
las dos más grandes empresas mundiales del sector (Suez y Veolia),
demostrando la viabilidad de lo público frente a la avaricia
corporativa. A su vez, Bolivia había denunciado en 2015 todos y cada uno
de los 22 tratados bilaterales de comercio e inversión firmados hasta
esa fecha, cancelando en 2006 su deuda con el FMI y poniendo
fin a su adhesión a los tribunales de arbitraje del Banco Mundial, sin
hundirse ni mucho menos por ello. Y podemos destacar también, entre
muchas otras experiencias, el caso de la empresa de producción de té
FRALIB, recuperada en Marsella por los y las trabajadoras, evidenciando
la posibilidad de que estas dirijan la misma sin patrón alguno —y además
desde una perspectiva agroecológica—, frente al gigante Unilever, que
pretendía deslocalizar dicha planta en Polonia en busca de menores
costos laborales.
Este es el punto de partida de Alternativas al poder corporativo,
un libro que recoge 20 propuestas y 90 medidas políticas frente al
poder de las grandes empresas, fruto de la sistematización de 30
experiencias de resistencia, regulación y propuesta alternativa en
América Latina y en Europa. Se trata de plantear, de esta manera, toda
una agenda de confrontación con las multinacionales —que necesariamente
debe ser aterrizada a contextos y agentes específicos— cuya meta es, en
última instancia, contribuir a la movilización social y a la agencia
política frente al poder corporativo y al capitalismo, a partir de la
sugerencia de una respuesta humilde pero articulada a las preguntas
sobre qué, hacia dónde y cómo hacerlo.
1. Apuesta inequívoca por la vida frente al capital.
Los contextos climático y energético están poniendo en riesgo la vida
tal y como la hemos conocido, y por ello es necesario disputar espacios a
los mercados, la ganancia y el lucro, posicionando en sentido contrario
el bien común, la democracia, el trabajo y la sostenibilidad. Es
fundamental incidir en la impostergable transición energética, como
propone la cooperativa vasca sin ánimo de lucro GoiEner que, además de
garantizar consumo de energía renovable a sus socias, se plantea la
producción local y social como horizonte. A su vez, es fundamental
priorizar la defensa de la tierra y el territorio frente a los
megaproyectos, tal y como nos muestran miles de experiencias de
resistencia, de entre las que destacamos la articulación de campesinos,
maestras y comunidades del istmo de Tehuantepec (México) frente a los
“desiertos eólicos”, en los que participan empresas como Iberdrola. Esta
defensa del territorio en ningún caso conlleva obviar la apuesta
global, como ejemplifica la red de articulación internacional de
sindicatos y movimientos en torno a la empresa minera brasileña Vale,
con nodos que van desde Canadá a Mozambique.
2. Defensa de la democracia y avance del poder popular.
Frente a la democracia de baja intensidad, la única vía posible es la
de fortalecer la regulación y ampliar los procesos participativos.
Destacamos aquí la propuesta de un Tratado de los pueblos impulsada por la campaña global Desmantelando el Poder Corporativo, que defiende un sistema jurídico internacional en favor de los derechos humanos y de la naturaleza frente a la lex mercatoria.
Igualmente son muy valiosos ejercicios de democracia directa como las
consultas populares realizadas en muchos lugares del mundo frente a la
arremetida de los megaproyectos, desde la celebrada en 2005 en Sipakapa
(Guatemala), ante el rechazo popular a la entrada de la minera
canadiense Goldcorp, al referéndum realizado en 2011 en Italia en favor
del agua como derecho y servicio público, hito de soberanía popular
frente a la privatización.
3. Construcción de economía alternativa.
Es fundamental demostrar la viabilidad de otros principios y sistemas
viables de entender la economía, más allá de la hegemonía absoluta de
mercados y grandes empresas. Así, es importante aprender del ejemplo de
REAS en el Estado español, una red que integra producción basada en el
trabajo, mercado social y finanzas en un sistema de intercooperación
articulado y en expansión. O del movimiento de la Vía Campesina, que
impulsa procesos de reforma agraria, apoyo a las economías campesinas y
al modelo agroecológico a partir del enfoque de soberanía alimentaria,
tal y como propone también el Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT).
Podemos destacar también el intento de generar nuevas
institucionalidades basadas en la autogestión, como el proyecto de
comunas venezolanas.
4. Redistribución radical de bienes y trabajos.
No hay emancipación sin igualdad, por lo que redistribuir es
preceptivo. Y no nos referimos únicamente a los recursos sino que,
dentro de una lógica de desmercantilización, ampliamos la mirada a la
propiedad de todo aquello que resulte fundamental para la sostener la
vida, así como de todos los trabajos necesarios en ese sentido.
Destacamos así la apuesta por una compra pública socialmente
responsable, como la impulsada en el Estado español a través de muchos
ayuntamientos; la incidencia en favor de una fiscalidad internacional
que ponga fin a los paraísos fiscales y a la evasión y elusión fiscal;
la realización de auditorías para el impago de la deuda y la
nacionalización de empresas y sectores estratégicos como las llevadas a
cabo en Bolivia y Venezuela en la última década. Además, tenemos mucho
que aprender de planes de igualdad como el hoy vigente en Gipuzkoa, que
aborda de manera novedosa y emancipadora aspectos cruciales como los
cuidados y las asimetrías de género.
5. Estrategias corresponsables y articuladas local-globalmente.
Para avanzar en términos de poder popular es fundamental, ahí donde sea
posible, el esfuerzo combinado de instituciones, movimientos sociales y
comunidades. Gobiernos que regulen y también favorezcan la
emancipación, organizaciones sociales que sostengan la agenda de
transformación estructural desde una lógica de transición. Este ha sido
el caso del Programa Campesino en Porto Alegre (Brasil), con el que se
han articulado organizaciones campesinas, sindicatos urbanos y la
municipalidad para impulsar una estrategia de alimentación saludable y
transición agroecológica conjunta. Al igual que el caso de Nápoles,
donde la municipalidad otorga valor jurídico a los procesos de
autogestión, ensayando nuevas institucionalidades alternativas.
No podemos caer en el desánimo. Frente al
imaginario único, hay muchos otros imaginarios, viables, en marcha, que
disputan espacios al capital. Esperamos que este y otros trabajos
parecidos sirvan para ponerlos en valor y multiplicar su fuerza. Los
pueblos y comunidades sí tenemos alternativas, sí hay otros mundos
posibles.
Gonzalo Fernández Ortiz de Zárate es investigador del Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL) – Paz con Dignidad.
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