George Gonzalo
· Mamandurrias de la #Trama
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En los últimos cinco años, el gobierno otorgó subvenciones a varias organizaciones que desprecian a las personas homosexuales y quieren prohibir el aborto. Estos grupos gozan también de la declaración de “utilidad pública”, lo que les permite obtener beneficios fiscales. Lo mismo ocurre con las fundaciones Francisco Franco y Blas Piñar.
Danilo Albín
El autobús de Hazte Oír no
está solo en la carretera del odio. Actualmente, una docena de
asociaciones ultracatólicas mantienen la categoría de “utilidad
pública”, lo que les permite disfrutar de beneficios fiscales. Varios de
estos grupos cuentan además con subvenciones del gobierno de Mariano
Rajoy, que desde su llegada al poder ha entregado ayudas económicas por
un valor superior al millón de euros. Gracias a esos apoyos, las
entidades subvencionadas han continuado con sus campañas en contra de la
homosexualidad y el aborto, sus máximas obsesiones terrenales.
La mecha se encendió hace algunas semanas. Tras
aparecer en las calles de Madrid con propaganda contraria a las niñas y
niños transexuales, la asociación Hazte Oír consiguió situarse en el
centro del panorama informativo. En esa polémica surgió el nombre de uno
de los ministros ultracatólicos que pasaron por el gobierno de Rajoy:
Jorge Fernández Díaz. En 2013, el ex responsable de Interior –y
supernumerario del Opus Dei- había otorgado a esa asociación el título
de “utilidad pública”, una categoría reservada para aquellas entidades
que tengan fines de “interés general”.
Ahí empiezan los problemas. En realidad, Hazte Oír es
un lobby centrado en atacar el aborto, la igualdad de género y los
derechos de lesbianas, gais, bisexuales y transexuales. A nivel
partidista, una de sus últimas campañas estuvo dirigida a reclamar que
el ex presidente José María Aznar lidere una nueva formación política a
la derecha del PP. Si eso ocurriese, le votarían encantados.
Tal como reveló hace algunas semanas Público, este
grupo maneja un presupuesto de 2,6 millones de euros anuales, recaudados
mediante las cuotas y donativos de sus socios. Gracias a la declaración
de utilidad pública firmada por el ex ministro Fernández Díaz, esas
contribuciones económicas “desgravan un 75% los primeros 150€, y a
partir de esa cifra el 30% (o 35% en determinados supuestos)”, explica
en su página web la asociación dirigida por el abogado Ignacio Arsuaga
Rato, familiar del ex ministro de Economía Rodrigo Rato. En su portal
abundan estos días las noticias sobre el bus del odio y su fracasado
intento de recorrer la geografía española.
Lluvia de euros
Quizás sean los más ruidosos, pero no son los únicos.
Según ha podido comprobar este periódico, existe otra docena de
asociaciones similares –al menos en el plano ideológico- a Hazte Oír que
también disfrutan de la declaración de utilidad pública. Entre ellas
figura la Federación Española de Familias Numerosas (FEFN), una de las
entidades que ha liderado las campañas contra el aborto. En los últimos
cuatro años, el gobierno le otorgó hasta 445.000 euros, de los cuales
418.000 fueron entregados bajo el concepto “mantenimiento de la
entidad”.
En varias ocasiones, la FEFN ha compartido pancarta y
manifiesto con la no menos radical “Acción Familiar”, una asociación
antiaborto –además de enemiga declarada del matrimonio entre personas
del mismo sexo- que entre 2013 y 2015 recibió 332.000 euros del
gobierno. Una de sus principales contribuyentes fue la entonces ministra
de Sanidad Ana Mato, conocida también por su cercanía al Opus Dei. A
día de hoy, Acción Familiar –declarada de utilidad pública- es dirigida
por la aristócrata Rosario de Gortázar e Ybarra, Duquesa de la Victoria
de las Amézcoas.
Su discurso se parece mucho al que reina en la sede
del “Foro Español de la Familia”, otra entidad que disfruta de
subvenciones -141.086 euros entre 2014 y 2015- y beneficios fiscales.
Por entonces, su presidente era Benigno Blanco, quien anteriormente se
había desempeñado como Secretario de Estado en el gobierno de Aznar. Hoy
está a cargo del empresario donostiarra Mariano Calabuig, ex
responsable de la ultraconservadora Confederación de Padres de Alumnos
(COFAPA).
El pasado 18 de diciembre, Calabuig participó en un
acto del PP sobre la “ruta social para el Pacto por la Educación”, donde
coincidió –y se fotografió- con el portavoz del gobierno y ministro de
Educación, Iñigo Méndez de Vigo. El encargado de invitarle a tal evento
fue el vicesecretario de Acción Sectorial de los populares, Javier
Maroto.
Entre otros aspectos, el Foro de la Familia se ha
dedicado a propagar la teoría de que los homosexuales son personas
enfermas –y por tanto, curables-. En tal sentido, este grupo también ha
realizado campañas contra la unión de personas del mismo sexo y ha
puesto el grito en el cielo ante cualquier medida que garantice el
derecho de las mujeres al aborto.
Otra de las asociaciones antiabortistas “de utilidad
pública” financiadas por el gobierno del PP es la Red Madre, que entre
2013 y 2015 cobró 230 mil euros en concepto de subvenciones. Según este
grupo, las mujeres que deciden interrumpir el embarazo
–independientemente de sus motivos- están abocadas irremediablemente a
una ruptura sentimental: “Someterte a un aborto inducido podría afectar a
tu relación de pareja. Hay estudios que indican una incidencia de
ruptura de parejas entre el 60% y el 70% (Dra. Burke) tras un aborto
provocado”, asegura en uno de sus documentos.
Enemigos de Podemos
En el listado de asociaciones de utilidad pública
también aparece la Real Hermandad de Veteranos de las Fuerzas Armadas y
de la Guardia Civil, otra entidad que disfruta de exenciones fiscales.
Su presidente, el general retirado Eduardo González-Gallarza Morales,
llegó a ser jefe del Ejército del Aire cuando Federico Trillo estaba en
el ministerio de Defensa. Hoy es un firme defensor de la ilegalización
de Podemos, partido al que acusa de estar “en contra de la Bandera y del
Himno Nacional”, así como de pretender “suprimir la Semana Santa” o
“ceder la Catedral de Córdoba a los musulmanes”.
Esta asociación tiene a su cargo la publicación de
la revista “Tierra, Mar y Aire”, desde cuyas páginas el general
Gallarza-Morales también arremetió contra el partido de los círculos. En
uno de sus editoriales, el militar retirado dedicó algunos párrafos a
criticar al ex jefe del Estado Mayor de la Defensa, el general Julio
Rodríguez, por su decisión de sumarse a la formación liderada por Pablo
Iglesias. “Este partido en el que ahora militas cuyo programa conozco y
no comparto en absoluto, exhibe en sus apariciones una bandera que no es
la Bandera que tú juraste como yo y muchos españoles. Partido político
que ha sido definido, acertadamente, por algún comentarista político,
como hispanófobo”, señalaba.
Amigos de Franco
La Hermandad de Veteranos de las Fuerzas Armadas y
de la Guardia Civil ha coincidido en algunos actos públicos con otra
organización que también tiene beneficios fiscales: la Fundación
Nacional Francisco Franco (FNFF). La institución que adora al dictador
–y que tiene como presidenta de honor a su hija Carmen- realiza
actualmente una campaña para recabar nuevos adherentes, a quienes
recuerda que “las deducciones por donativos a fundaciones aplicables al
IRPF” aumentaron al 75% “en los primeros 150 euros de donativos”.
“Además, si mantienen una fidelidad con una entidad durante varios años,
su deducción aumentará en un 5%. Por ejemplo: Si se donan 150 euros,
Hacienda les financiará 112,5 euros, y su coste real será de solo 37,5
euros”, explica el club franquista.
Esos mismos beneficios son aplicables a otras
organizaciones ultraderechistas que actúan a día de hoy en España, como
la Fundación Blas Piñar. Según consta en el Boletín Oficial del Estado,
su inscripción en el Registro de Fundaciones del Ministerio de Cultura
se produjo el 28 de julio de 2014, seis meses después del fallecimiento
del ex diputado ultraderechista Blas Piñar López. Creada con un capital
inicial de 30 mil euros, este grupo –dirigido por sus hijos- tiene como
objetivo la “promoción, el estudio y la investigación del pensamiento y
la obra religiosa, política y jurídica” del ex líder de Fuerza Nueva.
En el “top ten” de fundaciones ultraconservadoras
también se sitúa “Valores y Sociedad”, dirigida por el ex ministro de
Interior Jaime Mayor Oreja. Entre sus objetivos –al menos a nivel de
estatutos- se encuentra “el análisis y diagnóstico de la realidad
política y social de España y de Europa y de los principales problemas y
retos que les afectan, formulando propuestas y alternativas
regeneradoras susceptibles de ser asumidas y aplicadas en la acción
política”. Otra de las caras conocidas de esta fundación es María San
Gil, ex presidenta del PP vasco. En 2011, el presidente de la asociación
Hazte Oír le entregó una de sus distinciones anuales. Hoy son muy
buenos amigos.
¿Hazte oir, es libertad de expresión, no? No os preocupeis, apoyando el nuevo sistema donde prevalece la sexualidad en lugar de la inteligencia, vais a tener vuestra dictadura Orweliana, o Houxliana.
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