Por Lucha Internacionalista -
Cuando
el PSOE aprueba la «Ley de Medidas urgentes para la Racionalización de
la Estructura y Acción Protectora de la Seguridad Social», ésta recibe
la respuesta de clase, con la primera Huelga General de la restauración
de la democracia, el 20 de junio de 1985. Una Huelga General contra el
Gobierno del PSOE, convocada por CCOO y apoyada por otras organizaciones
de izquierda. UGT no la apoya. ¿Qué medidas provocaron tal indignación
en la clase trabajadora? …pasar de 2 a 8 años el período de la base
reguladora para calcular la pensión y pasar de 8 a 10 los años
necesarios para tener derecho a la misma.
En la
década de los 90 se desata una fuerte campaña publicitaria de la Banca y
las compañías aseguradoras para captar clientes para los fondos
privados de pensiones. Necesitaban atemorizar a la opinión pública,
presentando como inviable el sistema público de pensiones.
En 1995 el
Congreso de los Diputados, a propuesta de CiU, crea el Pacto de Toledo,
que supone la legitimación de las políticas de ajuste en el Sistema
Público de Pensiones, avaladas con el primer Pacto de Pensiones que
firmaron CCOO y UGT con el gobierno Aznar y aprobado mediante la Ley
24/1997 que establece un cambio fundamental: la totalidad de las
pensiones contributivas se financiarán exclusivamente con las
cotizaciones sociales, sin que el Estado intervenga. Ésta Ley fue
aprobada por la mayoría de partidos parlamentarios.
Aquí no
hubo una gran respuesta en contra, porque las dos grandes centrales
sindicales fueron cómplices de la reforma que tenía como objetivo
recortar un derecho fundamental de los trabajadores y las trabajadoras,
favoreciendo al capital financiero y a la patronal.
En 2007,
PSOE, CCOO, UGT, CEOE y CEPIME suscriben una nueva reforma en base a las
Recomendaciones del Pacto de Toledo. Acuerdan medidas como el aumento
del tiempo cotizado para tener derecho a una pensión, nuevas rebajas de
cotizaciones a la patronal, etc.
En 2011, la reforma establecida por el gobierno de Zapatero avanza en el mismo camino con con la complicidad de CCOO y UGT.
La Reforma de 2011 en síntesis supone:
Cada año se aumenta la edad mínima para poder jubilarse, hasta llegar en el 2027 a los 67 años.
Se pasa de
15 a 25 años el período para calcular la base reguladora de la pensión. Y
no sólo eso, sino que para la «cobertura de lagunas» [el tiempo sin
haber cotizado durante este período] no se aplica ya el 100% de la base
mínima de cotización sino el 50%, exceptuando 48 mensualidades. Para
muchos pensionistas, esto puede llegar a representar hasta un 38,10%
menos de pensión.
Se aumenta también de 35 a 37 los años necesarios para cobrar el 100% de la pensión, junto a otros requisitos.
Se recorta el complemento de mínimos de la pensiones a las personas que han padecido más precariedad en su vida laboral.
Por último,
en 2011 al margen de la Reforma de pensiones, Zapatero congeló por
primera vez las pensiones, abriendo la senda que después ha seguido
Rajoy.
El gobierno
de Rajoy, inicia su andadura, con la reforma laboral y la reforma del
sistema de desempleo de 2012 –consecuencia de las presiones del BCE- y
el decreto de marzo y la Ley de diciembre de 2013 del PP, son los
últimos broches a la situación actual. La última reforma de Rajoy
desvincula definitivamente la actualización de las pensiones del IPC,
con una fórmula que le permite fijar una subida máxima anual del 0,25 %,
e introduce el Factor de sostenibilidad que entrará en vigor en 2019, y
tendrá en cuenta la esperanza de vida de los pensionistas a la hora de
fijar su pensión inicial. En estos momentos hay en el Estado español más
de 8,5 millones de pensionistas, la mitad cobrando por debajo del SMI.
La precariedad es mayor en las mujeres, que cobran casi 500€ menos. La
pérdida del poder adquisitivo desde el 2011, ronda el 6 % …y subiendo.
Ahora,
después del saqueo del fondo de reserva de las pensiones, los
responsables del Pacto de Toledo vuelven a reunirse. «Reunión de
pastores, oveja muerta» dice una expresión popular. ¡Un nuevo Pacto
Social nos amenaza!
El objetivo
del capital financiero es la privatización del sistema público de
pensiones. No es un problema coyuntural por la crisis. Es estructural
del modelo capitalista.
El
verdadero problema es cómo distribuimos la riqueza social que creamos,
de manera que sea la población la que se beneficie del incremento de la
productividad y no el capital, a costa del empobrecimiento de la
mayoría.
Desde los
años 80 la privatización de los servicios públicos avanza de forma
brutal. Mientras se acatan las órdenes de los amos de la UE, se protege
la evasión de capitales y la corrupción, se subvenciona a la iglesia, se
rescata a la banca, las autopistas, el Castor…, aumentan los beneficios
de las empresas disminuyendo sus obligaciones, etc., continúa el ataque
feroz a la clase trabajadora.
La única
respuesta está en la lucha. En movilizaciones que no pueden quedar
reducidas sólo a los/las pensionistas. Trabajadores/as y jóvenes tienen
que hacer suya esta batalla porque son los más afectados por las
reformas pasadas y por la que quieren implementar éste año,
profundizando y acelerando las condiciones actuales.
CCOO y UGT no pueden mantener una careta de defensa de las pensiones mientras continúan enganchados en el Pacto de Toledo.
Los últimos
años se han ido gestando organizaciones de pensionistas que ha dado
como resultado la constitución en diciembre, de la Coordinadora estatal
en Defensa del Sistema Público de Pensiones, en la cual participan
también sindicatos de izquierda. El 20 de diciembre, miles de personas,
en diferentes ciudades, salieron a las calles y tienen un amplio
calendario de movilizaciones para continuar luchando.
La Marea
Pensionista, con presencia en diferentes comunidades del Estado,
reivindica entre otras medidas, la derogación de todas las reformas
laborales y de pensiones desde el 2010. Se manifiesta en contra de la
privatización de los servicios públicos y en la defensa de un modelo de
pensión y salario mínimo por encima de los 1000 euros. Con independencia
de fortalecer las cotizaciones sociales –eliminar las tarifas planas,
etc-, exige que la financiación debe estar garantizada por el Estado y
con revalorización automática de las pensiones en relación al IPC. Pide
la incorporación al RGSS a los/las trabajadores/as del hogar y la
eliminación de todo tipo de copago o re-pago.
En su
última asamblea, en las Cocheras de Sants, reunió a casi un millar de
asistentes. Su consigna es «Si luchamos aseguraremos las pensiones de
hoy y de mañana» La lucha por las pensiones públicas también es la lucha
por la creación de empleo, por la reducción de la jornada laboral, y
por las condiciones dignas de trabajo.
- Juan Montero (miembro de la Marea Pensionista de Catalunya) y Adriana Beidenagl (militante de Lucha Internacionalista y miembro de la Marea Pensionista de Catalunya)
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