http://kaosenlared.net/comunicado-publico-que-la-tragedia-de-mocoa-no-quede-impune/
En medio del dolor que sigue recorriendo los barrios de Mocoa, se van develando las causas de esta calamidad anunciada -como ha sido señalada- , lo que exige una valoración rigurosa de los diferentes factores que concurren en este evento, tanto para identificar responsabilidades como para evitar que otro hecho fatal de estas características se repita.
Es de sentido común saber que
perturbaciones en cualquier punto de una cuenca hidrográfica afecta su
dinámica de conjunto, mucho más cuando esas intervenciones son de gran
escala y/o sostenidas en el tiempo como ha ocurrido en las cuencas de
los ríos Putumayo y Caquetá. Recordemos que cuando se habla de cuenca no
sólo se refiere a los cursos de agua, superficiales y subterráneos,
sino al ecosistema que involucra otros actores naturales.
El Putumayo es una región cuya historia
está cruzada por el extractivismo, especialmente petrolero y en los
últimos años con prospecciones mineras de gran envergadura en su parte
alta, en el Valle de Sibundoy y en los cerros que circundan a Mocoa.
Bloques petroleros y títulos mineros dibujan hoy el mapa del
departamento por encima de ecosistemas estratégicos y culturas
ancestrales, junto con los corredores viales “4G” que sirven a tales
megaproyectos. Una economía transnacional que instalan allí empresas
como Vetra, Gran Tierra, Amerisur, Anglo Gold, entre otras.
Esta economía del saqueo, la del
desarrollo del capital, es el principal factor de desestabilización de
los territorios y los pueblos establecidos en ellos. La desarmonización
de las relaciones socioambientales, de sobrevivencia y de convivencia
comunitarias generado por ese modelo impuesto hace más de medio siglo,
tiene sumido al Putumayo en la pobreza y la violencia. La pérdida del
acceso a los bienes naturales como el agua, la distorsión de la economía
tradicional, las falsas alternativas que ofrece el Estado, la
corrupción y la militarización de los conflictos, desplazan social y
territorialmente las comunidades del Putumayo a zonas sensibles que
ponen sus vidas en riesgo. Y Mocoa es el municipio con mayor nivel de
recepción de población desplazada por el extractivismo y la violencia en
el departamento.
Cuando los gobiernos y las empresas
niegan los impactos negativos de sus intervenciones, como otra muestra
de que ignoran a la gente y la naturaleza, es evidente que no van a
disponer planes de prevención de los mismos. Para el caso, los riesgos
de deslizamientos en el área afectada de Mocoa ya habían sido advertidos
por estudios presentados por Corpoamazonía a las administraciones
anteriores del departamento y el municipio; también en esas oficinas
reposan desde entonces unos oficios de las juntas comunales sobre los
peligros que ya identificaban las comunidades, y hasta una tesis de
grado sobre un símil de una posible desestabilización de esos terrenos
recalcó sobre el asunto.
Pero los desaciertos del modelo de
desarrollo impuesto no solamente se evidencian con la magnitud de sus
impactos, sino también en la capacidad de reacción a los mismos. Por
ejemplo, la ineficacia del sistema de salud regional para responder a la
tragedia no es ocasional, y podría decirse que vive en un permanente
colapso por cuanto no es capaz de atender las necesidades de la gente ni
siquiera en tiempos “normales”. Después de 50 años de explotación
petrolera el Putumayo no tiene ni un hospital de segundo nivel, y los
pacientes deben ser trasladados a Neiva y Pasto para su atención.
La tragedia de Mocoa evidencia por lo
tanto la confluencia de varios factores que se resumen en uno sólo: un
modelo económico y político totalmente errático, que se expresa en una
crisis social y ambiental cuyos puntos álgidos adquieren dimensiones
como las que soporta el Putumayo en estos momentos. Si revisamos, no
solamente en el escenario aparece la avalancha en sí misma, también un
ordenamiento territorial que no tiene la visión comunitaria; una
institucionalidad débil, centrada en las empresas y el gobierno
nacional, que no permite la participación, y un tejido social totalmente
desarticulado. Si estos tres aspectos se encontraran fortalecidos en
torno a un proyecto propio de región, seguramente existirían planes
integrales de prevención y mayores capacidades de reacción.
Las víctimas de Mocoa, que somos todo el
Putumayo, reclamamos entonces la responsabilidad de quienes han estado
detrás de tales políticas y de quienes tenían la función de prevenir sus
riesgos. Exigimos que haya una revisión participativa del Plan de
Desarrollo para esta zona andino amazónica, de los planes de
ordenamiento territorial y de los proyectos mineros y energéticos en
curso, junto con la moratoria para nuevas licencias. Y que haya una
pronta reparación integral de las víctimas, en cuyos programas se admita
la veeduría comunitaria.
Que la tragedia de Mocoa no quede impune
y se replanteen las políticas económicas y sociales para que no haya
repetición en ninguna otra parte del Putumayo, ni del país.
Para que el desarrollo económico y la
inversión nunca más vuelvan a estar por encima de la vida, la naturaleza
y los pueblos… ¡Recuperemos nuestros territorios para la vida digna!
Escuela Social y Ambiental del Putumayo- Escuela de Mujeres para el Liderazgo Social- Asocpuertoasis – Asojuntas Puerto Asís – Asojuntas San Miguel – ACIPAP- Resguardo Nasa Kuex Kiwe-Resguardo Nasa Kiwnas Cxhab- Resguardo Nasa Sa’t Kiwe- Cabildo Pastos Renacer- Cabildo Quillacingas, San Francisco- Asociación Juvenil Pensando Verde- Teatro Efímero- Asociación Nuevo Porvenir- Semillas de Paz- Asociación Fronteras de Paz- Asodespuas – Asodevip – Asociación Tejiendo Sueños – Congreso de los Pueblos Suroccidente – Asociación MINGA-
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http://www.farc-ep.co/comunicado/http-www-farc-ep-co-comunicado-asesinado-nuestro-camarada-luis-alberto-ortiz-cabezas-beneficiario-de-la-ley-de-amnistia-e-indulto-html.html Jueves, 20 Abril 2017
Asesinado nuestro camarada Luis Alberto Ortiz Cabezas, beneficiario de la Ley de Amnistía e Indulto. Escrito por Estado Mayor de las FARC EP
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Colombia: matan a autoridad indígena y ya son 25 los líderes sociales asesinados este año. 20 abril, 2017 http://annurtv.com/colombia-matan-a-autoridad-indigena-y-ya-son-25-los-lideres-sociales-asesinados-este-ano/
Gerson Acosta, autoridad indígena Newexs, ha sido asesinado este miércoles cuando salía de una reunión con su comunidad en territorio indígena de Kite Kiwe en Timbio....................................................
AÑADIDO a las 13h. 30´: “El paramilitarismo en Colombia sí existe”: Cinep 3 - May 2017 http://www.elespectador.com/noticias/judicial/el-paramilitarismo-en-colombia-si-existe-cinep-articulo-692133 El más reciente informe del centro de investigación discrepa del discurso oficial sobre el paramilitarismo y los ataques contra líderes políticos y defensores de derechos humanos.
Según el Cinep el fenómeno del paramilitarismo no ha desaparecido en Colombia.
El más reciente informe del Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep)
y del Programa por la Paz se tituló: “El paramilitarismo SÍ existe”.
Una clara respuesta al discurso del Gobierno y la Fuerza Pública, que
ante las denuncias por asesinatos, amenazas y ataques a líderes
políticos y defensores de derechos humanos han sostenido que no se trata
de casos sistemáticos sino de hechos aislados, y que el paramilitarismo
está extinto. Según los datos consignados en la investigación, durante
2016 grupos paramilitares amenazaron a 395 personas, ejecutaron
extrajudicialmente a 83, hirieron a 44, desaparecieron a nueve y
torturaron a 12.
El banco de datos de derechos humanos y violencia política del Cinep, si bien se presenta un descenso en el registro de casos de violaciones de derechos humanos entre 2015 y 2016, es “difícil afirmar que hay una mejora en la situación respecto a los derechos de los colombianos y llama la atención el aumento de violencia por razones políticas”. En total, analizando las denuncias contra la Fuerza Pública, autoridades, actores no identificados y grupos paramilitares, en 2016 se presentaron más de 2.600 casos de violaciones a los derechos humanos.
Según las bases de datos del Cinep, en 2016 se les atribuyen a los paramilitares 550 hechos victimizantes y a actores no identificados otros 833. “Es posible afirmar que continúa la guerra sucia contra líderes sociales, defensores de derechos humanos y líderes políticos de izquierda”, se lee en su informe. Para el centro de investigación, el paramilitarismo sí existe, contrario a lo que varias voces del gobierno, como el ministro de Defensa Luis Carlos Villegas, han dicho. Villegas ha sido uno de los que ha negado el resurgimiento de grupos paramilitares y que los asesinatos de líderes políticos sea un hecho sistemático.
Según la versión oficial lo que se están presentado ahora son reductos de grupos posdesmovilización dedicados a la delincuencia común o grupos armados organizados (GAO). Sin embargo, la prueba para los investigadores del Cinep, es “la sistemática violación de derechos humanos, particularmente a través de amenazas individuales y colectivas contra líderes sociales, políticos y defensores de derechos humanos (…) Entre las tantas evidencias de la existencia del paramilitarismo, se encuentra la distribución de panfletos amenazantes que tienen una similitud en todo el país, lo cual constituye un indicio de patrón y estructura organizada de carácter nacional”.
Por ejemplo, uno de los grupos que más se ha escuchado a lo largo del país es el de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), que han distribuidos panfletos en varias regiones y convocado a paros armados, poniendo en jaque la seguridad de zonas como el Urabá y Córdoba. Asimismo, el Cinep sostuvo que es alarmante la cifra de 833 hechos victimizantes de los que no se tiene identificado al presunto responsable y que la Policía ha sido señalada de ser cometer 548 abusos.
Los investigadores del Cinep señalaron que los departamentos más afectados por esta oleada de violencia han sido Boyacá, Cauca, Valle, Norte de Santander, Atlántico, Antioquia, Santander y Chocó. Los casos a los que hace referencia la base de datos del Cinep son por amenazas, atentados, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, ejecuciones extrajudiciales, heridos, torturados y violencia sexual.
“Colombia tiene un profundo problema de credibilidad en las estadísticas oficiales, ya que en la incidencia de la violencia y del conflicto social y armado polariza intensamente los intereses de las diversas fuerzas, los cuales se proyectan n los parámetros de información (…) Una de las características de la estadística oficial ha sido el manejo de cifras no respaldadas por nombres, lugares, fechas y circunstancias verificables. El Banco de Datos funda su credibilidad en la visibilización de todos estos datos, exponiéndolos a la verificación pública, reservando las fuentes para no exponer la seguridad de los denunciantes”, es el argumento del Cinep para darle veracidad a sus datos.
El banco de datos de derechos humanos y violencia política del Cinep, si bien se presenta un descenso en el registro de casos de violaciones de derechos humanos entre 2015 y 2016, es “difícil afirmar que hay una mejora en la situación respecto a los derechos de los colombianos y llama la atención el aumento de violencia por razones políticas”. En total, analizando las denuncias contra la Fuerza Pública, autoridades, actores no identificados y grupos paramilitares, en 2016 se presentaron más de 2.600 casos de violaciones a los derechos humanos.
Según las bases de datos del Cinep, en 2016 se les atribuyen a los paramilitares 550 hechos victimizantes y a actores no identificados otros 833. “Es posible afirmar que continúa la guerra sucia contra líderes sociales, defensores de derechos humanos y líderes políticos de izquierda”, se lee en su informe. Para el centro de investigación, el paramilitarismo sí existe, contrario a lo que varias voces del gobierno, como el ministro de Defensa Luis Carlos Villegas, han dicho. Villegas ha sido uno de los que ha negado el resurgimiento de grupos paramilitares y que los asesinatos de líderes políticos sea un hecho sistemático.
Según la versión oficial lo que se están presentado ahora son reductos de grupos posdesmovilización dedicados a la delincuencia común o grupos armados organizados (GAO). Sin embargo, la prueba para los investigadores del Cinep, es “la sistemática violación de derechos humanos, particularmente a través de amenazas individuales y colectivas contra líderes sociales, políticos y defensores de derechos humanos (…) Entre las tantas evidencias de la existencia del paramilitarismo, se encuentra la distribución de panfletos amenazantes que tienen una similitud en todo el país, lo cual constituye un indicio de patrón y estructura organizada de carácter nacional”.
Por ejemplo, uno de los grupos que más se ha escuchado a lo largo del país es el de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), que han distribuidos panfletos en varias regiones y convocado a paros armados, poniendo en jaque la seguridad de zonas como el Urabá y Córdoba. Asimismo, el Cinep sostuvo que es alarmante la cifra de 833 hechos victimizantes de los que no se tiene identificado al presunto responsable y que la Policía ha sido señalada de ser cometer 548 abusos.
Los investigadores del Cinep señalaron que los departamentos más afectados por esta oleada de violencia han sido Boyacá, Cauca, Valle, Norte de Santander, Atlántico, Antioquia, Santander y Chocó. Los casos a los que hace referencia la base de datos del Cinep son por amenazas, atentados, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, ejecuciones extrajudiciales, heridos, torturados y violencia sexual.
“Colombia tiene un profundo problema de credibilidad en las estadísticas oficiales, ya que en la incidencia de la violencia y del conflicto social y armado polariza intensamente los intereses de las diversas fuerzas, los cuales se proyectan n los parámetros de información (…) Una de las características de la estadística oficial ha sido el manejo de cifras no respaldadas por nombres, lugares, fechas y circunstancias verificables. El Banco de Datos funda su credibilidad en la visibilización de todos estos datos, exponiéndolos a la verificación pública, reservando las fuentes para no exponer la seguridad de los denunciantes”, es el argumento del Cinep para darle veracidad a sus datos.
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