Entidades como la PAH denuncian sus prácticas, tildándolas de
"matonismo" y "extorsión", y alertan del peligro que suponen para los
"derechos de las personas"
La empresa destaca que su actividad es legal y que "ofrece un servicio", por lo que no ve motivos para la investigación judicial por un desahucio
Desokupa practica 20 desalojos semanales, se les vincula con la extrema derecha y abrirá este año hasta ocho nuevas franquicias en toda España
Yeray S. Iborra 15/03/2017 - http://www.eldiario.es/catalunya/barcelona/Desokupa-investigada-amenazas-coacciones-desalojos_0_622238093.htmlLa empresa destaca que su actividad es legal y que "ofrece un servicio", por lo que no ve motivos para la investigación judicial por un desahucio
Desokupa practica 20 desalojos semanales, se les vincula con la extrema derecha y abrirá este año hasta ocho nuevas franquicias en toda España
Dicen que, en tiempo de promoción,
los escritores olvidan su trabajo; las firmas de libros y la atención a
los medios hacen que descuiden su prosa. Se podría pensar que la
incesante actividad en televisiones, radios y periódicos de toda España
de la empresa de desahucios Desokupa está frenando sus polémicas acciones. No es así. Al contrario, están creciendo.
Según datos de la compañía, cada semana practican una media de 20
desalojos, el 85% de ellos contratados por particulares. Hace unos
meses, no sumaban más de una treintena de intervenciones, en total.
Tanto es el volumen de trabajo, que este 2017 abrirán ocho franquicias
–manteniendo la sede central en Barcelona– apoyadas en unos ingresos de
cerca de un millón de euros.
Los controvertidos desahucios de Desokupa, dedicada
desde el pasado 2016 a "sacar a okupas de viviendas particulares", le
han costado a la empresa una investigación judicial
y también la crítica de movimientos sociales como la PAH o el centro de
derechos humanos DESC (responsable de la querella que les ha llevado
ante la Justicia). Pero también les ha brindado un poderoso escaparate.
Este medio ha perseguido a la empresa durante dos días para concertar
una conversación telefónica.
"Nuestra proyección no
es por el trabajo que realizamos, sino por los sectores a los que
cuestionamos: si la alcaldía de Barcelona es pro okupa, pues cuando
aparece una empresa como la nuestra, se genera la noticia. Nosotros
siempre hemos preferido un perfil bajo a nivel mediático", atiende J.,
gerente de Desokupa, que pide que ocultemos su nombre completo. "Yo
también quiero mantener un perfil bajo".
J. se
reconoce como la mano derecha de Daniel Esteban Martínez, director de la
empresa, y uno de los tres investigados –los otros dos son los
trabajadores Ernesto Navas y Zhivko Palacín– por el juzgado 31 de
Barcelona tras un desalojo en Can Dimoni en el barrio de Gràcia
(Barcelona) el año pasado.
La jueza les tomará
declaración en los próximos días. J. asegura que la empresa todavía no
tiene constancia de ello y, más allá de eso, tampoco ve los motivos para
investigarla. "Can Dimoni... No te negaré que estuvimos allí, pero no
nos ha llegado citación alguna. No tengo constancia de la investigación.
No nos ha llamado policía ni juzgado. A mí no me ha llegado citación
alguna y yo no veo por qué nos tienen que investigar si sencillamente
prestamos un servicio".
Dicho servicio, que según la versión del propio J.
consiste en mediar con los ocupantes de una propiedad y si no hay
acuerdo establecer un control de entrada, ha levantado la alarma entre
los movimientos sociales relacionados con el derecho a la vivienda los
últimos meses.
El Observatori DESC señaló antes de
presentar la querella que la empresa se encargaba de "violar derechos de
interés público", como es el de la vivienda, por medio de prácticas de
"matonismo". "Antes de establecer un control de acceso intentamos mediar
con la otra parte, pero si el ocupa no quiere entrar en razón,
iniciamos el proceso con vigilante de seguridad y los refuerzos
convenientes", dice Desokupa.
El servicio no es lo único que alerta a entidades y movimientos sociales. Diversas informaciones, como las publicadas en La Directa,
han vinculado a los trabajadores con la extrema derecha e incluso con
grupos paramilitares. Desokupa no se pronuncia sobre estas cuestiones.
Lo probado es la relación de su director general , Daniel Esteban, con el boxeo. Apodado sobre el ring como El Segurata –según publica
El Mundo– por sus negocios en empresas de seguridad, Esteban también
fue director de Morosos BCN, una red de porteros de discoteca que
extorsionaba a morosos y que acabó, según informó El Periódico, con cuatro detenidos. También su directora de prensa ha colaborado con la difusión
de combates. "Hablar de nuestro pasado es una forma de
desprestigiarnos. Pero nosotros hacemos nuestro trabajo ayudando en un
problema terrible como la ocupación", zanja el trabajador de Desokupa.
Los vecinos del Raval de Barcelona lamentan que, más allá de los desahucios por orden judicial –Ciutat Vella concentra un alto número
de los acontecidos en la capital catalana–, ahora el barrio tenga que
lidiar también con las prácticas de la empresa. Debido al aumento de
acciones de Desokupa, los vecinos han creado un teléfono antidesahucios para anticipar desalojos.
La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) no ha dudado en tildar en varias ocasiones
a la empresa de "mafia". La entidad ha destacado que la empresa se
dedica a la "extorsión" de las personas y que sus métodos en muchos
casos son directamente ilegales. Algo que el Observatori DESC sostuvo al
presentar una querella por "amenazas, coacciones y destrozos" en un
piso de la calle Josep Torres. Un grupo de ocho hombres corpulentos
agujerearon y serraron la puerta del inmueble el pasado 14 de abril
cuando ninguno de los ocupantes se encontraba en el interior.
"Entendemos la ley de la siguiente manera: es legal o no lo es. El
concepto alegal no existe. Y la ocupación es 100% ilegal, así lo dice la
Constitución. Pero en el ejercicio de la justicia, una casa ocupada
puede tardar años en desocuparse. La justicia no va a poder resolver
este problema", afirma, sin titubeos, el gerente como forma de
promocionar sus servicios.
La ocupación, un delito
recogido y castigado por el Código Penal, no está incluida expresamente
en la Constitución, que sí reconoce en su artículo 33 el derecho a la
propiedad privada e incluye que "nadie podrá ser privado de sus bienes y
derechos sino por causa justificada de utilidad pública o interés
social". Al mismo tiempo, el artículo 47 recoge el "derecho a disfrutar
de una vivienda digna y adecuada" y la obligación de los poderes
públicos de "promover las condiciones necesarias" y "establecer las
normas pertinentes para hacer efectivo este derecho".
Para apoyar su tesis sobre la legalidad de sus servicios, Desokupa se
ha dedicado a difundir vídeos en los que realiza algunas de sus
prácticas ante la policía.
Fue precisamente la connivencia con los cuerpos de seguridad, en este
caso los catalanes (Mossos d'Esquadra), lo que llevó –tras el episodio
en Can Dimoni por el que Desokupa está siendo investigada– a que
diversos vecinos de Gràcia impulsaran la campaña #StopDesokupa.
"Los intereses económicos pasan por encima de los derechos de las
personas. Queremos combatir la contratación de matones por parte de
propietarios especuladores", cita su manifiesto.
Actualmente Desokupa emplea a 14 personas –entre trabajadores directos e
indirectos; estos últimos pertenecientes sobretodo a su departamento
jurídico– con vistas a que crezca la plantilla este 2017. "El volumen de
trabajo es alto y estresante". "Estamos creciendo y somos ambiciosos,
abriremos hasta ocho franquicias, donde haya más densidad de población, y
por tanto más ocupaciones. Este año las principales ciudades españolas
tendrán una oficina de Desokupa".
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