El amianto o asbesto fue uno de los
materiales de construcción estrella en el siglo XX, pero encerraba un
peligro mortal para los trabajadores que lo manipulaban. Las fibras
microscópicas que lo componen pueden quedar suspendidas en el aire y ser
respiradas. Si la exposición es prolongada, puede originar cáncer de
pulmón y otras enfermedades.
La mayor parte de este mineral se
destinó a la industria del fibrocemento, una mezcla de cemento y fibras
de amianto que además de ser barata tenía unas excelentes propiedades.
En España se conoce más por el nombre de la empresa que lo
comercializaba, Uralita, y al igual que en otros países, fue ampliamente
utilizado, sobre todo en placas onduladas de cubierta y tuberías, hasta
su prohibición en 2001. Sin embargo, hoy en día buena parte del agua de
riego y del agua potable siguen pasando por redes de abastecimiento
realizadas con este material. ¿Existe algún riesgo para la salud?
En los últimos tiempos, el debate se ha avivado en el ámbito local, con numerosos ayuntamientos que aprueban planes de sustitución de las canalizaciones y autoridades que se mojan a favor de estas acciones. Hace pocos días la Comisión de Medio Ambiente del Congreso aprobó
solicitar al Gobierno que realice una auditoría de las tuberías que
quedan y elabore un plan para su renovación. La propuesta contó con el
apoyo de todos los grupos, excepto del PP, que alegó el alto coste que
supondría.
Los datos de la Asociación Española de Abastecimientos de Agua y Saneamiento (AEAS),
actualizados en 2016, indican que las redes de agua potable en España
–sin contar las destinadas al riego- superan los 200.000 kilómetros y
que de ellas alrededor de un 20% aún están fabricadas con fibrocemento,
unos 40.000 kilómetros. Estas cifras proceden de una encuesta que se
realiza cada dos años a entidades locales, pero no existe un inventario
exhaustivo.
Al margen de su localización, hay dos
preguntas clave: si las fibras de amianto pasan al agua potable y si
pueden suponer algún riesgo para salud en el caso de que lleguen a
nuestros grifos. La OMS abordó la cuestión en su informe Asbestos in Drinking-water
tras recopilar estudios realizados en varios países. La cifra más
repetida en Estados Unidos, Canadá, Países Bajos y Reino Unido estaba en
torno a un millón de fibras por litro.
Aunque pueda parecer mucho, la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA)
considera un nivel seguro hasta 7 millones de fibras por litro. A
partir de esa cantidad, no descarta que exista riesgo de desarrollar
pólipos intestinales benignos, pero tampoco hay suficientes
investigaciones que lo demuestren.
Tanto la degradación de las cañerías
artificiales como la erosión de los depósitos naturales de las rocas que
contienen asbesto podrían ser responsables de esa presencia de las
fibras, así que, efectivamente, el agua que consumimos puede contener
amianto, pero no existen datos concluyentes de que una vez ingerido sea
cancerígeno.
Un cartel advirtiendo de amianto en Wondong, Australia.Robert CianfloneGetty
“La inhalación de fibras de amianto a
través de la vía respiratoria es la principal responsable de las
patologías causadas por este material y la vía digestiva tiene un peso
secundario”, afirma en declaraciones a EL ESPAÑOL Alfredo Menéndez,
catedrático de la Universidad de Granada y responsable del proyecto de
investigación Los riesgos del amianto en España (1960-2002). En
su opinión, “hay menor evidencia científica sobre los efectos de
deglutir fibras de amianto”, pero aún así “eliminar las tuberías de
fibrocemento es una medida de salud pública recomendable”.
Fernando Morcillo, presidente de AEAS,
destaca que mientras que la red de tuberías de fibrocemento está uso “no
genera ningún problema para la salud”. Sin embargo, “se considera que
la vida útil de las tuberías está en torno a 50 años y gran parte de
nuestra red de fibrocemento se construyó en los años 60 y 70, fruto del
desarrollismo urbano”. Por lo tanto, las canalizaciones están
envejecidas, son menos seguras, sufren más roturas y pérdidas de agua y
es necesario acometer un esfuerzo de renovación.
Operarios y residuos
En este punto entran en escena dos
posibles problemas: la inhalación de amianto por parte de los operarios y
la contaminación ambiental que podrían generar las viejas tuberías.
Según Morcillo, ambas cuestiones están perfectamente solventadas. Por
una parte, existe un estricto protocolo de salud laboral que siguen
todos los trabajadores y, por otra, los residuos se convierten en
inertes al ser confinados en depósitos específicos o mezclados con
hormigón.
No opina lo mismo Francisco Báez Baquet,
exempleado de Uralita en Sevilla que desde los años 70 ha investigado
al detalle los problemas derivados del amianto, convirtiéndose en una de
las voces más reivindicativas. Según explica, las empresas que
manipulan el fibrocemento “no precisan de ninguna suerte de acreditación
previa de capacitación”. Aunque cada comunidad autónoma cuenta con un
Registro de Empresas con Riesgo por Amianto (RERA) y solo las que están
inscritas en él pueden realizar estas tareas, se trata de “un mero
trámite administrativo” que no requiere demostrar competencia alguna.
La mejor prueba es que existen
“sentencias judiciales en las que se condena a servicios municipales de
abastecimiento de agua, comunidades de regantes y ayuntamientos por
daños causados por el amianto liberado en la reparación de tuberías de
fibrocemento debido a que no han respetado la legislación vigente”. El
riesgo no sería solo para quienes cambian una tubería, sino también
“para vecinos, viandantes y espectadores”, comenta.
Obsolescencia
“La degradación del cemento por simple
obsolescencia es un proceso progresivo, a ritmo más acelerado cuanto
mayor sea su antigüedad”, asegura. La normativa española contempla la
eliminación y retirada en condiciones controladas “al final de su vida
útil”, pero en la práctica esta expresión es tan “difusa”, afirma, que
solo se lleva a cabo “cuando hay averías, cada vez más frecuentes”.
Ante los posibles riesgos y las dudas,
Báez apuesta por el “principio de precaución”, que consiste en tomar
medidas ante todo producto o tecnología sospechoso de conllevar riesgos
para la salud o el medio ambiente aunque no haya pruebas científicas
concluyentes. “Todo producto que contenga amianto es una bomba de
relojería mientras no permanezca soterrado en condiciones controladas y,
aunque sea más cara, la solución definitiva, y garantista al máximo,
sería la inertización del amianto, sometiéndolo a muy altas
temperaturas, con o sin ayuda química”, agrega.
Incluso duda de que los intereses
económicos no hayan corrompido los estudios “pretendidamente
científicos” que no encuentran una conexión directa entre problemas de
salud y la presencia de fibras de amianto en el agua potable: “Ya
ocurrió en el sector automovilístico, porque el amianto se usaba en
piezas como embragues y zapatas de freno”.
Las secuelas del amianto
El cáncer de pulmón, el mesotelioma
(tumor que también afecta a los pulmones y está causado específicamente
por la inhalación del polvo de amianto) y la asbestosis (enfermedad que
causa fibrosis pulmonar y también es consecuencia directa del contacto
con este material) son los problemas más característicos, reconocidos en
España como enfermedades profesionales mucho más tarde que en otros
países europeos.
A pesar de que ya no se utiliza como
material de construcción, el amianto seguirá causando muertes en España
hasta la década de 2040, según un estudio de Alfredo Menéndez,
ya que “el periodo que transcurre desde la exposición al desarrollo de
la enfermedad puede alcanzar los 30, 40 y hasta 50 años”.
Los cálculos se centran en los
trabajadores que manipularon el material, pero “las exposiciones
ambientales también tienen su importancia”, asegura el experto, que
destaca que España registró “un mayor consumo de productos de
fibrocemento” y que se queja de la “invisibilidad social del problema y
la falta de reconocimiento de las víctimas”.
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