Richi VG · 16/9/2017
La corrupción como forma de gobierno
Los sobres son la punta del iceberg de un sistema corrupto que abarca toda la administración
.............................................
Los sobres son la punta del iceberg de un sistema corrupto que abarca toda la administración
.............................................
Los incendios que arrasan cada año la Península Ibérica se alimentan no sólo de oxígeno y madera, sino sobre todo de corrupción. Daniel Toledo. Lisboa |
12 de
Septiembre de
2017 http://ctxt.es/es/20170906/Politica/14827/ctxt-incendios-corrupción-portugal-Avialsa-Faasa.htm
Parece complicado relacionar los 64 muertos, 200 heridos y
53.000 hectáreas que sucumbieron a causa del incendio de Pedrógão
Grande, en junio 2017, con una serie de reuniones informales convocadas
cada año, desde 2001, por un grupo de empresarios españoles en el hotel
de carretera El Cruce, en una salida de la Autovía de Andalucía, en
Manzanares (Ciudad Real). En realidad parece complicado relacionar las
muertes de Pedrógão, y la superficie calcinada por incendios en Portugal
y España en lo que va de año —118.000 hectáreas sólo en Portugal—, con
otra causa que no sea la ineptitud política, los intereses de empresas
locales o pequeños propietarios de tierras, la plantación descontrolada
de eucalipto o los pirómanos. Sin embargo, todo apunta a que los fuegos
que arrasan cada año la Península Ibérica se alimentan no sólo de
oxígeno y madera, sino sobre todo de corrupción.
Esta es la conclusión a que se llega si se estudian las
investigaciones por corrupción en la adjudicación de contratos públicos
de extinción de incendios realizadas en Valencia, Andalucía, Baleares,
Extremadura, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Galicia, Canarias,
Cataluña y Aragón. En Portugal comienza a haber denuncias de casos
similares, incluso con los mismos protagonistas que en España,
interpuestas por particulares, por trabajadores de empresas públicas y
privadas anti incendios. Incluso hay un proceso abierto desde 2015 que
mantiene como imputado al exministro de Administración Interna portugués
Miguel Macedo. Es un modus operandi que se ha extendido a
otros países como Italia, Francia e incluso Chile, pero en todas existe
un denominador común: todas llevan la marca España.
En 2001 comenzaron una serie de reuniones
periódicas entre los administradores de cuatro grandes empresas
españolas de extinción de incendios: Avialsa, Faasa, Trabajos Aéreos
Espejo y Trabajos Aéreos Martínez Ridao. Con el tiempo, a estas se les
unirían otras dos, Compañía de Extinción General de Incendios, S.A.
—CEGISA—, que incluía el conglomerado de Inaer y ambas, hoy, como
filiales del gigante Grupo Habock, y Transportes Aéreos Extremeños, S.L.
Estas seis empresas forman lo que la Policía Judicial denomina el
“Grupo 6”, de cuyas primeras reuniones saldría un sistema delictivo que
atraería a un total de 14 empresas, agrupadas en la Asociación Española
de Compañías Aéreas —AECA—, según el sumario que llegó, desde el juzgado
de Instrucción Nº2 de Sagunto, en Valencia, a la Audiencia Nacional en
enero de 2017.
Es un modus operandi que se ha extendido a otros países como Italia, Francia e incluso Chile, pero en todas existe un denominador común: todas llevan la marca España
En el auto de las diligencias previas elaborado por el
juzgado de Sagunto, al que CTXT ha tenido acceso gracias a Armando
Cáceres, de Ecologistas en Acción — organización personada como
acusación en la causa abierta en Andalucía—, queda “suficientemente
acreditada la existencia de una organización, englobada en el conjunto
de catorce empresas asociadas en AECA, que (…) alteraban el precio de
los concursos públicos tanto en relación a aviones de ala fija como de
helicópteros, tanto a nivel nacional como autonómico, para o bien dejar
desiertos los concursos, a los efectos de incrementar el precio de
licitación, o acudiendo en la mayor parte de los concursos tan solo una
empresa, por el precio máximo de licitación y por ende, adjudicándoselo
por dicho importe, o presentando varias ofertas, de las que previamente
eran conocedoras cuál iba a ser la adjudicataria, (…) y causando por
ello un importante perjuicio económico para el erario público”.
Las catorce aeronáuticas llevan, presuntamente, casi
veinte años vertebrando un sistema de manipulación fulminante de un
mercado del que no sólo dependen la supervivencia de bosques, parques
naturales o reservas, sino también de casas, fincas, propiedades y vidas
humanas. El auto del juez Héctor Ignacio Santamaría habla de un
desembolso de más de 250 millones de euros en concursos manipulados en
menos de 15 años, pagados por las administraciones públicas. Voces
dentro del sector hablan de sobrecostes que a veces han incrementados
los costes en un 30%, gracias a la colusión de varias empresas que han
logrado poner al Estado contra las cuerdas, obligándole a retirar fondos
de un lado para pagar los precios abultados de otro.
El Grupo 6 llegó a redactar y firmar un pacto de
asociación en el que se acordaba “respetar las zonas en las que cada
compañía tiene su área de influencia, así como los nuevos contratos que
cada empresa consiga que salgan a concurso público”. Así reza en el
documento redactado por la “Asociación”, firmado en una primera reunión
en Palma del Río, localidad cordobesa donde se encuentra la sede de la
mercantil Faasa, por Miguel A. Tamarit Campuzano —Faasa—, Vicente Huerta
Domínguez —Avialsa—, Fernando Espejo Delgado —Trabajos Aéreos Espejo—, y
Ángel Martínez Ridao —Trabajos Aéreos Martínez Ridao—, todos ellos
imputados.
Los firmantes especificaron las áreas de influencia de
cada empresa que el resto debía respetar: Avialsa en Valencia y
Cataluña; Martínez Ridao en Mallorca, Castilla la Mancha, Andalucía y
Galicia; Espejo en Canarias y Andalucía; Faasa en Castilla y León, y
Cegisa —por medio de Inaer— en Portugal. El acuerdo firmado entre los
gerentes de las empresas, cuyo acto fue filmado para asegurar su
cumplimiento en un futuro, estipulaban el pago de una cuota para
adquirir nuevas naves anti incendios, o para compensar a una empresa que
hubiera perdido un contrato en una de sus áreas de influencia, ya fuera
a manos de otra empresa fuera del cártel o de una perteneciente a éste.
Los representantes de las 14 empresas investigadas en la causa iniciada
en Valencia se enfrentan a acusaciones de pertenencia a organización
criminal, alteración de precios en concursos públicos y delito
continuado de falsedad en documento mercantil.
Diversos cargos públicos se enfrentan a su vez a penas por
cohecho, delito de malversación de caudales públicos, prevaricación,
falsedad en documento público y negociación prohibida a funcionario
público. Entre ellos se encuentran: el exalcalde de Quartell (Valencia),
Francisco Huguet, del Partido Popular —al que la Unidad de Delincuencia
Económica y Fiscal le achaca un enriquecimiento ilícito de alrededor de
800.000€ como alcalde de un municipio de 1500 habitantes—; su mujer,
María del Carmen Peiró; el exconcejal del Partido Popular Emilio Máñez;
el exsecretario del Partido Popular Valenciano, exconsejero y ex
delegado del Gobierno, Serafín Castellano; el ex director general de
Interior de Valencia, Pedro Hidalgo; un ex alto cargo de la consejería
de Interior de la Generalitat Catalana, Ramón Dinarés Bosque; el ex jefe
de contratación del Departamento de Interior de Cataluña, Xavier Palmés
Cosido, y el ex jefe de la Sala Central de Bomberos de la Generalitat,
Manel Bosch Serch.
Andalucía: el funcionario que tiró de la manta
Los casos investigados en casi todas las autonomías
españolas se están unificando en una macrocausa en la Audiencia
Nacional, pero para entender el fondo del problema hay que conocer las
diferentes fuentes de las que se alimentaba, y se alimenta, el cártel
del fuego. El primer caso que vio la luz en los medios de comunicación
fue el denunciado en Valencia, en 2014, por un exgerente de Avialsa,
Francisco Alandí. La trama se remontaba a 2012. Ese año, 9 meses antes
de que Alandí dejara la empresa, éste contrató los servicios de un
técnico informático para introducirse en el ordenador de otro gerente de
Avialsa, el hoy investigado Vicente Huerta Domínguez. Sabía lo que
buscaba, y dos años más tarde Alandí acudiría a la policía con los
documentos privados que demostraban que Vicente Huerta había conseguido
contratos por valor de 33 millones con el gobierno valenciano y la
consejería de Sanidad de forma fraudulenta.
Los casos investigados en casi todas las autonomías españolas se están unificando en una macrocausa en la Audiencia Nacional
Y si bien en Valencia la primera denuncia surgió del
ámbito privado —probablemente fruto de una venganza o de un intento de
extorsión a Huerta por parte de Francisco Alandí—, en Andalucía lo hizo
desde el ámbito público. El 9 de noviembre de 2015, Jaime González Díaz,
funcionario del servicio de contratación de la consejería de Medio
Ambiente de la Junta de Andalucía, denunció una serie de irregularidades
en los contratos firmados para el Plan Infoca 2015-2018 —plan de la
Junta andaluza para la lucha contra los incendios en parajes naturales—,
y ponía así la primera piedra para entender que el cártel del fuego no
se había atrincherado únicamente, ni mucho menos, en territorio
valenciano.
Después de 12 años trabajando para la Administración y de
escuchar decenas de historias sobre corruptelas, “lo más grosero y
descarado que la gente se pueda imaginar”, el funcionario público se
decidió a acusar a algunos compañeros y, sobre todo, jefes de su
departamento. Jaime González accedió a hablar con CTXT de su situación,
de lo que significa enfrentarse a un gigante como la Junta de Andalucía,
y sus palabras, su historia, suenan escalofriantes.
Monte quemando en la inmediaciones del parque nacional de Doñana. V.J
González afirma que en Andalucía la corrupción llega hasta
las entrañas mismas del funcionariado, y en relación al llamado cártel
del fuego asegura que “es la Administración de la Junta de Andalucía la
que hace los trucos para que no se detecte el cártel. No es que no hagan
nada en contra del cártel o le favorezcan incluso, sino que realiza una
serie de actuaciones y omisiones ilegales para ocultar que la colusión
se produce, como valorar criterios de solvencia como criterios de
adjudicación para que las empresas se lleven algún punto, o no publicar
en el perfil del contratante qué empresas se han presentado. En
Andalucía no hace falta que se haga un cártel porque ya la Junta les da
un cheque en blanco que va contra la más elemental normativa de
contratación”.
Cuando acudió al Juzgado de Instrucción Nº8 de Sevilla,
González denunció “irregularidades e indicios de posibles actuaciones
delictivas”, lo que llevó a la Policía Judicial a confirmar, en el
atestado de noviembre de 2015, que: “Se vislumbra cómo efectivamente las
empresas que licitan en los distintos concursos del Plan Infoca —a la
sazón Inaer, Sociedad Aeronáutica Peninsular, Trabajos Espejo, Saeta y
Faasa Aviación— parecen responder a un patrón fijo de adjudicación,
observándose por tanto indicios de colusión ilícita de empresas, o el
equivalente en Derecho Penal: acuerdos para la alteración de concursos
públicos”. La Policía Nacional pidió a la Junta la relación de
subvenciones e incentivos recibidos por Faasa entre 2003 y 2015, ya que
las sospechas apuntaban a que era esta empresa, con sede en Córdoba y al
parecer anfitriona de las reuniones celebradas por el Grupo 6, la que
encabezaba la trama en Andalucía.
“Yo he intentado buscar”, declara Jaime González a CTXT,
“en qué puede beneficiarse la Administración dando 300 millones de euros
a precios corrientes desde 2003 a Faasa y al resto de empresas solo por
los medios aéreos del Plan Infoca. Son redes institucionales y formas
de actuar, son modus operandi, ellos juegan con el grado de
tolerancia de la gente, ven hasta dónde pueden llegar sin que salte el
negocio, y luego tiran por ahí”. En efecto, el presupuesto de licitación
de los cinco lotes del Infoca era de casi 70 millones de euros, y Faasa
acabó por llevarse el premio gordo, el lote número 5, por valor de 43
millones.
González amplía el grado de corrupción a otros ramos de la
administración, a todo lo relacionado con los contratos públicos, las
subvenciones e incluso los famosos cursos de formación de la Junta.
“Desde los sindicatos de bomberos al parecer no ha habido una buena
acogida —para presentarse en la causa—, y eso que denuncian
habitualmente que la Junta les escatima y les recorta en equipos, en
material, en medios materiales y personales. Creo que todo viene
motivado porque Juan Espadas, el actual alcalde de Sevilla (PSOE),
cuando ejercía como alto cargo de la consejería de Medio Ambiente
facilitó a la cúpula de estos sindicatos unas prejubilaciones muy
generosas, financiadas por el fondo de reptiles que incumplían la
legalidad, y que están siendo investigadas por la Justicia”.
Muchas veces, el cártel llegaba a maniobrar para dejar los concursos desiertos, obligando así a las administraciones a elaborar nuevos concursos con mejores condiciones para las empresas
María de los Reyes Flores Canales, la juez de la Audiencia
Nacional que aceptó el caso por la “propia complejidad de la causa”,
asegura en el auto que “se ha producido un daño patrimonial contra una
multiplicidad de sujetos pasivos de las acciones imputadas, pues no sólo
se daña el interés económico de cualesquiera otros competidores del
sector, sino el funcionamiento de diversas administraciones e
instituciones”. Muchas veces, el cártel llegaba a maniobrar para dejar
los concursos desiertos, obligando así a las administraciones a elaborar
nuevos concursos con mejores condiciones para las empresas. Esto
implicaba dejar a los entes públicos sin medios para combatir los fuegos
hasta que se redactaban, aprobaban y sacaban a concursos los nuevos
contratos.
En diciembre de 2015, declaraba como imputado el jefe de
la Mesa de Contratación del Plan Infoca, Antonio Martínez López. En
enero de 2016 se enviaba copia de las diligencias al Juzgado de
Instrucción de Sagunto, informando de que se estaban realizando
investigaciones en Sevilla por un caso similar al investigado en
Valencia, y se iniciaba la cadena de imputaciones, detenciones,
registros y declaraciones judiciales en relación a la trama andaluza:
Miguel Ángel Martínez Ridao y Miguel Ángel Martínez Bonilla, por Saeta;
Antonio Miguel Román Guillén, por Sap Aviación; Manuel González
Gabaldón, Héctor Tamarit Almagro, Miguel Ángel Tamarit Campuzano y
Javier Ortiz Marín, por Faasa, y Fernando Espejo Delgado por Trabajos
Aéreos Espejo. Más adelante las investigaciones se extenderían a las 14
empresas incluidas en la trama por la Audiencia Nacional.
Jaime González se enfrenta cada día al acoso de jefes y
compañeros en una batalla judicial que se ha extendido a su vida laboral
y personal. “Con el sistema que tenemos, establecido, no por los
gobiernos autonómicos como te quieren hacer ver, sino por el Congreso de
los Diputados y a pesar de la Constitución de 1978, la situación actual
es que es mucho más fácil echarme a mí la calle con cualquier falsa
excusa, por vana que sea, que echar a un corrupto, haga lo que haga”.
Como afirma Jaime González, a veces su peor enemigo es el
pesimismo. “Cuando les acusan a ellos de llevarse, imaginemos, 90
millones de euros que es el importe del contrato de medios aéreos del
plan Infoca para 2015-2018, el que está vigente y yo denuncié…, primero,
en el juzgado no hay medios para impulsar una clase de acusación de ese
tipo en el que hay involucrados tales cantidades y tales volúmenes de
documentación; segundo, un abogado de la Junta experto en esos temas les
defenderá a tiempo completo y de forma gratuita; tercero, los que se
supone que están de tu parte son el juez y el fiscal, Y si el que va a
estar de mi parte es el fiscal Moix —Manuel Moix— o De Llera —Emilio De
Llera—, mejor que no te ayuden; cuarto, hay un límite temporal a las
causas de corrupción que lo puso hace poco el Partido Popular; quinto,
muchos están aforados y serán juzgados por jueces que ellos mismos han
nombrado; sexto, los delitos del título XIX del código penal, delitos
contra la Administración Pública, imponen unos tipos penales altamente
inoperantes y poco sistemáticos. La prevaricación es el único delito del
código penal que no tiene cárcel, solo inhabilitación, y séptimo, los
pueden incluso indultar si todo lo de atrás no ha surtido efecto; de
hecho es lo más corriente, me remito al BOE, de donde se extrae que la
mayor parte de los indultos se producen por condenas de corrupción”.
Incluso existe otra causa paralela por las presiones y
amenazas recibidas por González, admitida por la juez Flores Canales por
acoso laboral. “En cuanto a la gente que está de mi lado”, asegura, “en
mi causa se han personado tres entes: Ecologistas en Acción, CGT y
Podemos. Los que no me van a apoyar son los que hayan pillado algo de
los 300 millones de euros desde 2003 —yo tengo pruebas de que el
contrato del INFOCA se realizaba desde 1994 al menos— a precios
corrientes —sin actualizar— que estas empresas consiguieron solo por los
amaños de los medios aéreos del Plan Infoca —sin añadir otro tipo de
contratos ni otro tipo de ayudas como fondos de formación—. En Sevilla
los contratos siguientes —2018 en adelante— los están planificando para
que sigan igual”.
Investigados por la Audiencia Nacional
1.- AVIALSA, T-35, siendo el beneficiario el socio único,
VICENTE HUERTA DOMÍNGUEZ, si bien, siendo partícipe en el mismo,
FRANCISCO ANTONIO ALANDI ESCRG;
2.- FUMIGACIÓN AÉREA ANDALUZA, S.A., (FAASA), representando
a la misma, MANUEL GONZÁLEZ GABALDÓN, HECTOR TAMARIT ALMAGRO, MIGUEL
ÁNGEL TAMARIT CAMPUZANO y, JAVIER ORTIZ MARTÍN;
3.- COMPAÑÍA DE EXTINCIÓN GENERAL DE INCENDIOS, S.A.,
(CEGISA), que del mismo modo incluía a las siguientes; INAER AVIONES
ANFIBIOS, S.A., INAER HELICOPTEROS, S.A., HELICSA HELICOPTEROS, S.A. y
TRANSPORTES AÉREOS DEL SUR, S.A., representando a la misma, RUBEN
MARIANO GARCÍA PASCUAL y JAIME ARQUE GINERNAU;
4.- MIGUEL ÁNGEL MARTÍNEZ RIDAO, no solo como empresario
individual, sino del mismo modo respecto de MARTÍNEZ RIDAO AVIACIÓN,
S.L., y SERVICIOS AÉREOS EUROPEO Y TRATAMIENTOS AGRÍCOLAS, S.L., en
adelante (SAETA), representadas por aquél, y por MIGUEL ÁNGEL MARTÍNEZ
BONILLA;
5.- TRABAJOS AÉREOS ESPEJO, S.L., representada por FERNANDO ESPEJO DELGADO;
6.- TRABAJOS AÉREOS EXTREMEÑOS, S.L., compareciendo en
representación de la misma, SANTIAGO EDUARDO GARCIA CID, en lo que se
refiere a la llamada “Asociación” o “Grupo 6”, si bien, también gira en
torno de las siguientes empresas, en cuanto a servicios de que le son
accesorios;
7.- ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE COMPAÑÍAS AÉREAS, (AECA), representada por Dámaso Castejón Amenedo;
8.- HELICÓPTEROS SANITARIOS, S.A. representada por María José Cañete Sánchez;
9.- COYOTAIR, S.A. representada por Francisco Lucas Muelas;
10.- SKY HELICÓPTEROS, representada por Josep Teno Pujol;
11.- HELICÓPTEROS DEL MARE NOSTRUM, S.A., representada por José María Montalt Saurí;
12.- TAF HELICOPTERS, S.L., representada por Josep Carol Quintán;
13.- HISPÁNICA DE AVIACIÓN, S.A. representada por Francisco Julián Ríos Campuzano;
14.- SOCIEDAD AERONÁUTICA PENINSULAR, (SAP AVIACIÓN SA), representada por Antonio Miguel Román Guillén
10.- SKY HELICÓPTEROS, representada por Josep Teno Pujol;
11.- HELICÓPTEROS DEL MARE NOSTRUM, S.A., representada por José María Montalt Saurí;
12.- TAF HELICOPTERS, S.L., representada por Josep Carol Quintán;
13.- HISPÁNICA DE AVIACIÓN, S.A. representada por Francisco Julián Ríos Campuzano;
14.- SOCIEDAD AERONÁUTICA PENINSULAR, (SAP AVIACIÓN SA), representada por Antonio Miguel Román Guillén
No hay comentarios:
Publicar un comentario