La ley por la que un agricultor ha sido condenado a pena de prisión es valorada por los sindicatos agrícolas como "robo a mano armada" ,
Atención a la paradoja
que se cosecha en los campos españoles: si un campesino compró trigo
para sembrar el año pasado, lo plantó, cultivó y segó y se guardó algo
de grano para plantar de nuevo este año, ¿qué delito está cometiendo?
“A ver, que paro el tractor”, dice Isidro del Campo, portavoz de la Unión de Campesinos de Castilla y León
que me explica por qué el 2 de junio se sentenció a un agricultor a 6
meses de cárcel y a distintas sanciones económicas por haber reutilizado
una semilla obtenida en su explotación.
“Resulta que unas multinacionales han hecho unas insignificantes y
supuestamente mejoras genéticas a las semillas, por lo que el gobierno
español les ha dotado de unas leyes por las que ahora un labrador,
hortelano o frutero tendrán que pagar unos royalties por utilizarlas”.
Podría parecer
que en el campo uno puede saltarse a la torera este tipo de legislación y
aún así pasar desapercibido. Nada más lejos de la realidad. “
El SEPRONA [Servicio de Protección de la Naturaleza] puede entrar en
nuestras parcelas, tomar muestras, analizarlas en 48 horas y
automáticamente emitir una sanción por falsedad de documentos públicos
si lo que declaramos no coincide con los resultados”.
Desde que la ley se aprobó hace dos años por el actual gobierno del
Partido Popular y con el acuerdo de todos los grupos parlamentarios, a
excepción de Podemos, que se abstuvo, los controles y las sanciones han
aumentado, cuenta Isidro.
“Las multinacionales, que además son extranjeras, están amparadas por
la Asociación Nacional de Obtentores Vegetales de España (ANOVE) y su
filial GESLIVE. Estas han sacado una lista de todas las variedades (que excluye limoneros y naranjos). Pero cuando un hortelano va a comprar esas semillas, ya tienen un recargo. Cerealistas y agricultores de forrajes, cuando compramos una semilla de calidad
ya pagamos 650 euros por tonelada, y resulta que nosotros, por cultivar
y cosechar, nos pagan el producto a sólo 140 euros la tonelada. Y
además tenemos que pagar 12 euros por tonelada a ellos, porque el gobierno ha sacado una ley que los protege y no tenemos más remedio que cumplirla”.
Isidro habla de Monsanto, de KWS, de Agrar, Limagrain, Syngenta, Bayer
-Nunhems y más, todas productoras de transgénicos, pero también hay
otras empresas nacionales bajo el paraguas de ANOVE, como Semillas
Batlle, Guadalsem o Semillas Fitó (el resto pueden consultarse aquí).
La mayoría de sindicatos agrícolas españoles, salvo la Asociación
Agraria de Jóvenes Agricultores (ASAJA) y la Unión de Pequeños
Agricultores (UPA), han calificado la ley de “robo a mano armada”,
según cuenta Isidro, y se lamentan que esta inciativa de la Comunidad
Europea, que dictaba unos mínimos muy flexibles, se haya aplicado con
tanta contundencia en España y en el resto de Europa se haya ignorado.
Tal vez no sea disparatado recordar que WikiLeaks filtró las conversaciones sobre OGM del entonces secretario de Estado, Josep Puxeu,
con portavoces del gobierno de los Estados Unidos y Monsanto, de las
que se extraía el especial interés para convertir a España su caballo de
Troya: si el país, que es el que posee mayor superfície de cultivos de Europa, celebraba la entrada de transgénicos en sus tierras, Europa estaría vencida.
“La única explicación es que ANOVE quiere recaudar. Va a cobrar 12
euros por cada tonelada que se siembra en el estado español. Yo calculo
que se va a llevar entre 6-8 mil millones de euros este año, así, por la
cara, que es casi el presupuesto de la Seguridad Social. Son la SGAE
del campo. Y en los autores puede entenderse más o menos,
porque producen por entero una canción, pero es que las semillas no las
han producido estas empresas, solamente han hecho una pequeña mejora y
la han bautizado. No es una patente, si no una obstentación que les da
el estado para poder cobrar de ello durante 25 años”.
Por su lado, ANOVE utiliza el argumento del progreso y afirma que sus semillas son garantía de calidad, que son más sostenibles y que ahorran tiempo y dinero.
Pero esto queda en entredicho por la posible solución que contemplan
agricultores como Isidro: plantar variedades consideradas antiguas sobre
las que ANOVE no tiene ningún poder. “Es lo que yo hago:
planto semillas que tienen 26 años. Tal vez saco algo menos de
producción. Pero, por ejemplo, este año ha sido igual de desastroso
tanto para mí como para mi vecino, que usa esas semillas modificadas”.
Por el momento, no se plantea ninguna otra alternativa que seguir
cumpliendo con esta ley que los dos agricultores que han sido
sancionados recientemente y no se atreven a recurrir por los gastos que
conlleva.
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