Diario Público · Las 78 empresas de armas españolas facturaron 10.700 millones de euros en 2016. Ponemos caras a la industria militar
Carlos del Castillo @CdelCastilloM
La principal característica de la industria militar española es que no existe.
Desde los grandes grupos multinacionales a las empresas familiares, los
fabricantes de armas operan en un sistema diseñado para ocultarlos. No
producen misiles, ametralladoras, ni explosivos, sino material de defensa.
No existen para el Parlamento, que solo puede supervisar su actividad
cuando sus productos ya han sido fabricados y vendidos. Productos que
ni siquiera existen cuando llegan al país de destino, puesto el Gobierno
no supervisa nunca en qué se emplean.
"La ley española de comercio de armas solo obliga al
Gobierno a informar de los países a los que se exporta armamento y del
volumen total de la exportación, en euros. No requiere que se haga
mención a la empresa ni al tipo de arma que vende, sino que permite que
se hagan epígrafes tan amplios como material aeronáutico para definir sistemas de reabastecimiento de combustible en vuelo, que se utilizan en bombardeos. La ley está diseñada para avalar el secretismo", resume Pere Ortega, del Centre Delás d'Estudis per la Pau.
Las 78 empresas de armas españolas facturaron 10.700 millones de euros en 2016
Dicha ley establece que un órgano gubernamental, la JIMDDU,
evalúe cada exportación de armas por si hay riesgo de que se utilicen
para violar derechos humanos o cometer crímenes de guerra. No obstante
de cara al ciudadano este órgano tampoco existe, puesto que las
actas de sus deliberaciones son documentos clasificados y, por tanto,
secretos. En cualquier caso, el porcentaje de autorizaciones denegadas
ronda cada año el 1%, por lo que no está muy claro que exista tampoco
para los vendedores de armas.
"Cuando nos hemos reunido con ellos, el Gobierno
aduce a que como son tan rigurosos, las empresas presentan solo aquellos
contratos que saben que se van a autorizar", relata, incrédulo, Alberto
Estévez, portavoz de Armas bajo control.
Esta iniciativa, integrada por Amnistía Internacional, FundiPau,
Greenpeace y Oxfam Intermón para regular el comercio de armamento,
señala en su último informe que España tiene vastas áreas de mejora en
cuanto a la transparencia del proceso, el control parlamentario y la
supervisión de las armas sobre el terreno.
Sin embargo, en la industria inexistente hay un
factor que todos publicitan: el dinero. Según Tedae (la patronal de
empresarios de armamento), las 78 empresas de armas españolas facturaron
10.700 millones de euros en 2016. Exportaron el 83% de sus
productos, convirtiendo a España en el séptimo exportador mundial de
armas, y dieron trabajo a 55.861 personas. Estas son algunas de las
caras tras boyante y opaca industria:
José Fernando Sánchez-Junco Mans
José Fernando Sánchez-Junco Mans, presidente de Maxam.
“Nuestro objetivo es que nuestra aportación a la
cadena de valor de nuestros clientes, en cualquier punto del mundo, se
transforme en progreso y desarrollo sostenible para el conjunto de la sociedad”. Aunque parezca increíble, con estas palabras presenta José Fernando Sánchez-Junco Mans a la empresa que preside, Maxam, el primer fabricante de explosivos de Europa y el segundo del mundo.
MaxamCorp ejemplifica cada una de las generalidades
que se atribuyen a la industria militar española. Pese a su envergadura
(el grupo presume de más de 140 compañías en los cinco continentes,
6.500 empleados en todo el mundo, fábricas en más de 45 países y ventas
en más de 100 que le suponen más de 1.000 millones de euros al año de
facturación) es una gran desconocida para los ciudadanos. Prueba de ello es que, pese a su envergadura, ni siquiera cuenta con una entrada en la Wikipedia. Esconde su división armamentística, que incluso recibe otro nombre, Expal,
y cuando debe hacer referencia a su volumen de negocio militar defiende
que solo es "un 20%". Cierto, teniendo en cuenta que el armamento es
una de sus cinco divisiones de negocio. Además, asegura que la mayor
parte de ese porcentaje viene de "la destrucción y reciclaje de todo
tipo de municiones y explosivos, de la descontaminación y de la limpieza
y mantenimiento de vehículos aéreos".
El armamento de Maxam ha aparecido en zonas de
conflicto, ese al que se supone que nunca debería llegar. En 2015 las
autoridades turcas interceptaron un cargamento de 21 toneladas de
sustancias a punto de cruzar a Siria. “Lo que hizo saltar las alarmas a
los agentes fronterizos era la vía elegida: el cargamento iba dirigido a
Amán, la capital de Jordania, a través de Siria, un país sumido en una
cruenta guerra civil, por una ruta controlada por grupos rebeldes,
algunos de ellos de corte yihadista”, reveló entonces Vice News.
Según los expertos, había muy pocas probabilidades de que el cargamento
llegara a su destino. Es cuestionable incluso que alguien lo estuviera
esperando en Jordania.
En 2015 Turquía interceptó un cargamento de sustancias explosivas de Maxam a punto de cruzar la frontera con Siria
Maxam también hace gala de otro de los baluartes de esta industria: un fuerte apoyo del Estado, que ha financiado su internacionalización con créditos del ICO, así como de "la banca armada". Así denomina el Centre Delàs a los bancos que financian la industria armamentística y que, recoge su último informe, tienen a Maxam como uno de los objetivos favoritos de sus inversiones.
Enrique Sendagorta
Sener es una de las principales productoras de
misiles españolas, especializada en todo lo que les permite matar:
cubiertas, sistemas de propulsión, de guiado, etc. Esta empresa vasca,
de hecho, fabricó a principios de los 80 la SBGL (Sener Bomba Guiada por
Laser) para el Ministerio de Defensa, la primera bomba inteligente con
capacidad de autoguiado producida en España. En su página web,
Sener encuadra esta división de negocio bajo la confusa denominación de
"sistemas de actuación y control para la industria aeroespacial".
Los Sendagorta son uno de los clanes más poderosos del Opus Dei y están íntimamente relacionados con el franquismo
Enrique
Sendagorta fundó la empresa en 1956 apoyado por empresarios de la
industria militar alemana y ha pertenecido en manos de su familia desde
entonces, detalla el colectivo pacifista Gasteizkoak en Estas guerras son muy nuestras,
donde analiza las empresas vascas de armamento. Los Sendagorta,
reconocidos empresarios de la región, son uno de los clanes fuertes del
Opus Dei y tienen intensos vínculos con el ultraconservadurismo y el
franquismo. El padre de Enrique Sendagorta fue el primer alcalde de la
localidad vasca de Plentzia tras la Guerra Civil; su primo, Agustín
Cotorruelo Sendagorta, fue ministro de Comercio del dictador. Al propio
fundador de Sener (autor de El Opus Dei como empresa humana y sobrenatural) se
le atribuyen las siguientes palabras: “La guerra de España se había
hecho en necesaria defensa de la religión perseguida y martirizada y
contra la revolución comunista, porque si no la combatíamos, nos
destruiría a todos”.
A pesar de que, como el resto de la industria, Sener
intenta camuflar su actividad militar en su imagen institucional, las
operaciones armamentísticas son vitales para la empresa. Prueba de ello
es su mayor movimiento de 2016, cuando vendió su participación
mayoritaria en el Grupo ITP (parte del consorcio europeo de fabricantes
del caza Eurofighter Typhon, uno de los más jugosos negocios de la
industria militar del Viejo Continente) por 720 millones de euros, una
de las operaciones empresariales más destacadas del año.
En 2014 Enrique Sendagorta, hoy presidente de honor
de la compañía capitaneada por su hijo Jorge, recibió de manos del rey
Juan Carlos I el Premio a la Trayectoria Empresarial. Sin embargo fue su sobrino Andrés Sendagorta, vicepresidente, el que ofreció una de las claves para entender por qué las empresas no abandonan el negocio militar a pesar de diversificar sus operaciones:
"La Defensa no es el área más amplia dentro de SENER pero,
cualitativamente, es muy importante porque es la cuna de mucha
tecnología que luego utilizamos y nos permite ser líderes en otros
sectores. Es decir, concebimos los programas de Defensa más como una
oportunidad, porque tienen un factor multiplicador muy importante y
posibilitan entrar en mercados que nada tienen que ver con la Defensa".
Carlos Gómez Arruche
Carlos Gómez Arruche, teniente general del Ejército del Aire retirado. MD
Algunos quizá le recuerden por ser el último militar
en ser nombrado director general de la Guardia Civil, justo después de
que José Luis Rodríguez Zapatero prometiera en la campaña electoral de
2006 que desmilitarizaría el cuerpo. El caso es que Carlos Gómez
Arruche, teniente general del Ejército del Aire, ex responsable del
Mando Aéreo General, pasó del cuartel al rascacielos e ingresó en Airbus
tras su pase a la reserva. Como él, unos doce altos cargos de Defensa y
trabajan para las empresas de armas, la versión militar de la puerta
giratoria.
Gómez Arruche no es ni mucho menos uno de los hombres fuertes de Airbus. Al contrario, su figura responde al intenso lobby
que despliegan las empresas de armamento para conseguir que los estados
aumenten más y más su gasto militar. Para ello les resultan
extremadamente útiles los altos mandos militares, capaces de hablar
sobre las necesidades de los Ejércitos y con contactos entre los
responsables de la compra de material. Airbus, consorcio
británico-germano-español, es una de las empresas que ejerce más presión
en este sentido. Este lobby dejó frutos recientemente, al conseguir que
la UE dedicó una partida a la inversión para el desarrollo de armamento en los presupuestos comunitarios para 2017-2020, la primera vez en la historia que la UE pondrá dinero en el negocio militar.
Airbus
ha fabricado gran parte de las aeronaves militares de los ejércitos
europeos. A saber: el caza Eurofighter, el helicóptero de combate Tigre,
el de transporte EC-135 o el NH-90 (multifunción). Sin embargo, el
plato principal es sin duda el tristemente célebre A400M, un
proyecto de avión de transporte de largo alcance que la empresa aún no
ha conseguido poner en servicio a pleno funcionamiento tras más de
20.000 millones de euros de inversión. Su accidente en Sevilla en 2015,
en el que fallecieron 10 personas, lo puso en el ojo del huracán. Y es
que a día de hoy nadie asegura que el aparato cumplirá todas las
condiciones que Airbus prometió a los estados que compraron unidades por
adelantado, ya ha empezado a entregar unidades con funciones limitadas
con la promesa de mejorarlas en breve.
La fuerza aérea española tiene encargados 27 A400M,
número que el propio mando general tuvo que asumir como
desproporcionado. Defensa anunció que renunciará a 13 de ellos, no
obstante, esto supondrá que las Fuerzas Armadas tendrán que abonar una
multa de 243 millones de euros a Airbus, según reveló el secretario
de Estado de Defensa, Agustín Conde. La única opción para salir de este
pozo sin fondo es que España consiga reexportar esos 13 aparatos, algo
improbable en estos momentos por la mala imagen del avión.
Esteban García Vilasánchez
Esteban García Vilasánchez, presidente de Navantia.
Nombrado presidente de Navantia en abril por la
Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Esteban García
Vilasánchez tiene la misión de consensuar el Plan Estratégico de la
empresa pública, con diferencia la más deficitaria del Estado. No es
casualidad que el rey haya realizado varios viajes a Arabia Saudí para
rogar a esta dictadura teocrática la firma definitiva del contrato de
las famosas corbetas por algo más de 2.000 millones de euros: Navantia y
los 37.000 empleos directos e indirectos que genera en zonas deprimidas
de A Coruña, Cádiz y Murcia están verdaderamente en la cuerda floja. La
empresa acumula 303 millones de deuda.
Desde que se constituyera en 2005, Navantia solo ha
producido beneficios en 2007 (menos de 200.000 euros). El resto de
ejercicios ha tenido pérdidas que en los últimos años están batiendo
récords, llegando a los 230 millones en 2016. De ahí que hasta uno de
los alcaldes más populares de Podemos, José María González “Kichi”, pida
ponerse una pinza en la nariz y negociar con la monarquía absolutista
saudí. Así lo aprobó la diputación de Cádiz en 2016, con los votos a
favor de PP, Por Cádiz Sí Se Puede, PSOE, IU, Partido Andalucista y la
abstención de Ganemos Jerez. Pese a todo, la tabla de salvación de Navantia no está en Oriente Medio sino en Australia, donde es finalista de un concurso para construir nueve fragatas por 30.000 millones de dólares.
Una de las primeras medidas de García Vilasánchez al
frente de la empresa pública ha sido dar el paso de rejuvenecer la
plantilla: el 68% de los más de 5.200 empleados tiene más de 50 años.
Mientras, el Estado sigue inyectando dinero para mantener la empresa a
flote y subvencionar proyectos de I+D que la permitan comercializar
nuevos productos (como los criticados submarinos que no flotan
S-80, en cuyo desarrollo se han invertido ya más 1.800 millones de
euros) cabe preguntarse qué habría pasado si dicha inversión se hubiera
destinado al desarrollo social de las zonas de Ferrol o la Bahía de
Cádiz que viven de los astilleros, en vez de profundizar su dependencia
de la construcción de buques militares.
Jokin Aperribay
Los Aperribay son otra de las familias profundamente
ligadas a la industria de las armas. Son los accionistas mayoritarios
de Sapa (Sociedad Anónima de Placencia de las Armas), la decana de las
fábricas de armas españolas.
Euskadi tiene una larga tradición de producción de
armas, de la que quedan muestras en la cultura popular como la
denominación de Éibar como "ciudad armera". Sapa es otra de ellas: su
origen se remonta al siglo XVI, cuando se fundaron las Reales Fábricas
de Armas Portátiles de Fuego de la Villa de Placencia, produciendo desde
entonces de artillería pesada, antiaérea y armas ligeras.
Sapa ha sido la puerta giratoria para gran número de políticos, incluido el ex ministro de Defensa Morenés
En
la actualidad, el Aperribay al frente de la compañía es Jokin, conocido
por presidir el equipo de fútbol Real Sociedad. Dicho conjunto, miembro
de la primera división, apareció en los papeles de Panamá por pagar a
sus jugadores a través de paraísos fiscales, práctica por la que ahora
Hacienda le reclama 15 millones de euros. Sapa destaca, precisamente,
por reunir en su consejo a un gran número de políticos, miembros de la
nobleza y personalidades reconocidas por la sociedad por su perfil
público, quedando a la sobra su faceta empresarial como vendedores de
armas. Entre ellos se eleva sobremanera el ex ministro de Defensa Pedro
Morenés, el mesías de las empresas de armas españolas, artífice de los
Programas Especiales de Armamento (PEAs) y "conflicto de intereses andante".
Carlos Villar Turrau
Carlos Villar Turrau, ex Jefe del Estado Mayor del Ejército. ET
Uno de los militares con más peso en la industria
armamentística española es sin duda Carlos Villar Turrau, general
retirado y ex Jefe del Estado Mayor del Ejército (JEME), el más alto
mando del Ejército de Tierra.
Turrau es consejero delegado del principal
suministrador de carros de combate y blindados del Ejército, Santa
Bárbara Sistemas, propiedad de la estadounidense General Dynamics. Entre
sus mayores contratos se encuentra el tanque Leopardo, de diseño alemán
y que, por su tamaño, no puede ser aerotransportado con las capacidades
actuales de las Fuerzas Armadas. Por tanto, su utilidad ha quedado
reducida a la defensa de invasiones terrestres producidas desde Francia o
Portugal. Numerosas fuentes militares explican que gran parte de los
219 Leopardo que recibió España se encuentran inoperativos por el gran
coste en mantenimiento y combustible que llevan aparejado.
Santa Bárbara también ha vendido al Ejército 261
blindados de combate Pizarro, 682 blindados ligeros BMR; produjo los
míticos fusiles Cetme y otras armas ligeras con sus respectivas
municiones.
Rajoy gastará más de 6.000 millones en F35 – El mayor fiasco de la aviación militar moderna
Rajoy gastará más de 6.000 millones en F35 – El mayor fiasco de la aviación militar moderna
No hay comentarios:
Publicar un comentario