Vivían apartados de la
civilización. Entre peñascos y breñas, alejados de todo núcleo urbano.
Eran rojos o, al menos, habían sido condenados a muerte por el régimen
por 'adhesión a la rebelión' aunque posteriormente esta pena sería
conmutada por 30 años de cárcel por 'auxilio a la rebelión' y cuando no
cabía ni un preso más en las cárceles franquistas, se les ofrecía la
posibilidad de redimir sus penas por trabajos forzados. Son los presos
políticos del fascismo que con su mano de obra casi esclava levantaron
las grandes obras públicas de las que el franquismo sacaba pecho. A
mediados de los años cuarenta, había en España 121 destacamentos donde
trabajaban alrededor de 16.000 presos.
El destacamento penal de Bustarviejo, una pequeña
localidad del norte de Madrid, es un vestigio vivo de aquel trabajo de
los presos republicanos, de un pasado de un país con problemas de
memoria. Al final de un sendero de apenas un kilómetro y medio que sale
de la localidad y conduce al viandante a una dehesa, se sitúa en la más
absoluta soledad una estancia de piedra conocida en el lugar como Los Barracones,
una estructura de planta rectangular con un patio central donde se
alojaban los presos cuando no estaban trabajando. En las colinas que
rodean la dehesa se situaban las cabañas y las chozas donde se alojaban
las familias de los presos.
Por estas dependencias pasaron entre 1944 y 1952 una
media anual de 100 presos que participaron en la obra de la línea férrea
entre Madrid y Burgos construyendo dos túneles (de 395 y 248 metros),
un viaducto (de 26 metros de altura, con 11 arcos de 12 metros de luz) y
una estación de tren ubicada en las afueras del pueblo, a cargo de la
empresa contratista Hermanos Nicolás Gómez. En total, para la
construcción de esta línea férrea el régimen instaló nueve destacamentos
penales en el tramo comprendido entre las localidades madrileñas de
Chamartín y Garganta de los Montes.
Antonio Sin, que hoy tiene 74 años, fue uno de los
niños que habitó durante 'siete u ocho años' una de las cabañas para las
familias de los presos. Su padre había sido enviado a Barcelona durante
la Guerra Civil para cumplir con el servicio militar de la República.
Una vez acabada la guerra fue condenado a muerte porque 'el cacique del
pueblo decía que era comunista'. Poco después, su pena fue revisada y
conmutada a 30 años de cárcel, que cumplió con ocho años de trabajos
forzosos y seis años de reclusión en la cárcel de Barbastro.
'Mi padre no era político ni era nada, pero le tocó
hacer el Servicio Militar y el cacique local lo acusó de ser comunista.
Después sería condenado a muerte y después nos vinimos a vivir a
Bustarviejo porque por cada día trabajado le quitaban tres de condena',
recuerda para Público Antonio Sin, que no pudo conocer a su
padre hasta que cumplió los cinco años. Después comenzaría a viajar
hasta Bustarviejo en verano y en navidades para, finalmente,
establecerse allí hasta que su padre redimió la totalidad de los 30
años.
'Mis padres nunca me hablaron de Bustarviejo ni del por
qué estábamos aquí. Todo lo que sé lo he sacado yo de mi cosecha y de
mis recuerdos, que están vivos. Creo que lo tenía como una especie de
carga que había caído sobre él y que pretendía apartar de nosotros por
todos los medios. Ni le preguntábamos, ni nos daba explicaciones',
recuerda Sin.
Viaducto construido por los presos republicanos.
Tampoco Fernando Martínez y Juanita Ballesteros, un
matrimonio que vivió en Bustarviejo para cumplir la condena de Martínez
por escribir cartas al extranjero desmontando 'las mentiras del régimen
tras la II Guerra Mundial', contaban a su familia nada sobre su pasado.
Santiago Martín, su sobrino, recibió la noticia de boca de su tía
Juanita una vez Fernando Martínez ya había fallecido. 'Siempre los
invitaba a acudir a Bustarviejo, donde resido, pero nunca querían venir.
Me parecía raro pero desconocía la causa', asegura Martín, cuyo tío fue
condenado a trabajar en el campo como médico de presos y guardianes.
'Mi tía me contaba que los dos tenían muy mal recuerdo
del pueblo. Es una zona con un clima muy duro donde hacía mucho frío en
invierno. Mi tía visitaba a mi tío los fines de semana e intentaba traer
algunas medicinas. Los dos pasaban el fin de semana recorriendo las
casas del pueblo para atender a los enfermos', recuerda hoy Santiago.
Con la victoria del ejército franquista en 1939 la
Dirección General asumió las responsabilidades en la gestión del sistema
penitenciario y acuñó nuevas formas de explotación de la mano de obra
reclusa en las que las empresas privadas pasaron a ser las
beneficiarias. La fundamentación teórica del nuevo régimen penitenciaro
se basó en los conceptos católicos de pecado, expiación de la culpa y
perdón sustituyendo a los conceptos de derecho de delito, pena y
amnistía. La fundamentación material fue el trabajo forzoso a cambio de
reducción de condena como una especie de gracia condedida al preso para
su rescate físico y moral a través de la reconstrucción de un país
arrasado por una contienda bélica.
'El preso, en este caso, no era otro que el enemigo
político en la contienda y el sistema de Redención de Penas por el
Trabajo una fórmula creada para responder al problema de la cuantiosa
población reclusa de posguerra, cuya manutención a cargo de la Hacienda
Pública preocupada al nuevo Jefe del Estado', escriben en su
investigación sobre la represión franquista después de la Guerra Civil a
través de los campos forzados de trabajo desde un punto de vista
arqueológico un grupo de jóvenes investigadores de la Universidad
Complutense de Madrid.
Este sistema de represión, explica a Público
Álvaro Falquina, miembro del equipo de investigadores, pretendía incidir
sobre la ideología y la conducta de los vencidos y debe entenderse como
un proyecto de 'ingeniería social'. 'A través de la redención el
prisionero salía del status de rojo antiespañol y se acercaba a la
salida del espacio físico de la cárcel recobrando el espíritu nacional
perdido', señala Falquina, que considera la propia arquitectura del
espacio del penal de Bustarviejo y 'la ubicación de los familiares'
tiene la función de eliminar la 'identidad política republicana' y
'crear una nueva conciencia de sujetos validos para el régimen
franquista'.
'Un ejemplo son las casas de los familiares. Las
instalan en las colinas para que siempre sea visible desde el penal. Las
familias constituían las alambradas de espinos para que no se escaparan
los presos. Si los familiares están presentes y los presos tienen
conciencia de su presencia no se escaparán y aceptarán las condiciones
que les impongan', explica Falquina, que considera este fenómeno como
una instrusión del Estado en la vida privada de las familias. 'Esta es
una muestra del carácter fascista del régimen', sentencia.
El destacamento penal ha sido reconvertido actualmente
en un museo de la memoria. En 2009, a través de una enmienda que
presentó Gaspar Llamazares a los Presupuestos Generales del Estado se
destinaron 150.000 euros para la restauración del destacamento y de los
edificios principales. 'Utilizamos las fotografías antiguas para su
rehabilitación y hermanamos la ciudad con otro ayuntamiento francés
donde se sitúa el campo de concentración de republicanos de Septfonds,
donde estuvieron cerca de 17.000 presos republicanos', narra a Público José Manuel Fernández (IU), ex alcalde de la ciudad.
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