CONTESTA CARLOS CRUZADO | GESTHA
Desde el estallido de la crisis económica, el número de ricos en España ha crecido un 60%. Sólo durante el pasado año el incremento fue del 5%. 8 de Octubre de 2017 http://www.nuevatribuna.es/articulo/economia/cuanto-asciende-patrimonio-oculto-grandes-fortunas/20171008115544144150.html
Desde el estallido de la crisis económica, el
número de ricos en España ha crecido un 60%. Sólo durante el pasado año
el incremento fue del 5%, hasta superar los 200.000, según un reciente
estudio que considera como millonarias a las personas que ostentan un
patrimonio superior al millón de dólares. De acuerdo a este informe, la
riqueza de estas personas roza los 500.000 millones de euros. Y tal como
refleja la Oficina de Estudios de Investigación Económica de Estados
Unidos, entre el 30% y el 40% del dinero de los mayores patrimonios
españoles está en paraísos fiscales. O lo que es lo mismo, en torno a
los 140.000 millones de euros (más del 12% del PIB) permanecen ocultos, a
espaldas del fisco.
Tan cierto es que las clases medias y bajas son las que mantienen el sistema fiscal como que la mayor parte del fraude en España es cometido por los grandes patrimonios y grandes empresas, que son culpables de más del 70% del fraude fiscal. Una práctica que ha llevado a que la economía sumergida en nuestro país ronde el 25% del PIB. En otras palabras, prácticamente uno de cada cuatro euros circula en negro. Y es que más de 250.000 millones de euros se mueven fuera del control de las arcas públicas.
El fraude fiscal en España aumenta casi al compás del ritmo de crecimiento económico. Y aunque la AEAT ingresara en el primer semestre del presente ejercicio un 5,2% más que en el mismo periodo del pasado año, de la mayoría de los informes se desprende que en 2015, por ejemplo, no se detectaba casi el 80% del total del fraude.
Son cifras grandilocuentes que, al mismo tiempo, agujerean los bolsillos de todos los contribuyentes. Y es que a cada español le cuestan este tipo de prácticas fraudulentas unos 2.000 euros. Así pues, el fraude y la elusión fiscal –entendida como la posibilidad que tienen, sobre todo, las grandes fortunas y empresas de no tributar por su efectiva capacidad económica deben ser combatidos con mayor ahínco y efectividad. Sin embargo, no parece haber demasiada voluntad política. De hecho, una de las primeras medidas que aprobó el actual Gobierno fue la ya declarada nula amnistía fiscal de 2012, que además de no mejorar la lucha contra el fraude empeora la conciencia fiscal de los españoles.
No sólo es que la AEAT cuente con la mitad de efectivos que la media de la OCDE, sino que en España tenemos un empleado por cada 2.000 contribuyentes, mientras que la media europea se encuentra por debajo de los 800. De igual modo, haría falta poner la lupa sobre las grandes fortunas y empresas. Y es que hoy en día más del 80% de la plantilla de la AEAT se dedica al control de asalariados, autónomos y pymes, lo que deja muy poco margen de actuación para investigar el fraude sofisticado, que es el que cometen precisamente los que más recursos tienen a su alcance.
Tan cierto es que las clases medias y bajas son las que mantienen el sistema fiscal como que la mayor parte del fraude en España es cometido por los grandes patrimonios y grandes empresas, que son culpables de más del 70% del fraude fiscal. Una práctica que ha llevado a que la economía sumergida en nuestro país ronde el 25% del PIB. En otras palabras, prácticamente uno de cada cuatro euros circula en negro. Y es que más de 250.000 millones de euros se mueven fuera del control de las arcas públicas.
El fraude fiscal en España aumenta casi al compás del ritmo de crecimiento económico. Y aunque la AEAT ingresara en el primer semestre del presente ejercicio un 5,2% más que en el mismo periodo del pasado año, de la mayoría de los informes se desprende que en 2015, por ejemplo, no se detectaba casi el 80% del total del fraude.
Son cifras grandilocuentes que, al mismo tiempo, agujerean los bolsillos de todos los contribuyentes. Y es que a cada español le cuestan este tipo de prácticas fraudulentas unos 2.000 euros. Así pues, el fraude y la elusión fiscal –entendida como la posibilidad que tienen, sobre todo, las grandes fortunas y empresas de no tributar por su efectiva capacidad económica deben ser combatidos con mayor ahínco y efectividad. Sin embargo, no parece haber demasiada voluntad política. De hecho, una de las primeras medidas que aprobó el actual Gobierno fue la ya declarada nula amnistía fiscal de 2012, que además de no mejorar la lucha contra el fraude empeora la conciencia fiscal de los españoles.
No sólo es que la AEAT cuente con la mitad de efectivos que la media de la OCDE, sino que en España tenemos un empleado por cada 2.000 contribuyentes, mientras que la media europea se encuentra por debajo de los 800. De igual modo, haría falta poner la lupa sobre las grandes fortunas y empresas. Y es que hoy en día más del 80% de la plantilla de la AEAT se dedica al control de asalariados, autónomos y pymes, lo que deja muy poco margen de actuación para investigar el fraude sofisticado, que es el que cometen precisamente los que más recursos tienen a su alcance.