Resumen Latinoamericano/ La Época/ 8 de septiembre de 2017. Por: Álvaro García Linera.
http://www.resumenlatinoamericano.org/2017/09/08/bolivia-garcia-linera-sobre-el-conflicto-en-achacachi/ 
Es ridículo ver cómo opositores de las más variopintas tendencias 
derechistas se revuelcan con poses orgásmicas en torno a las recientes 
movilización de los comerciantes y transportistas interprovinciales del 
pueblo de Achacachi. Juntos, desde la más rancia burguesía evasora de 
impuestos, Doria Medina, exdirigentes acusados de recibir sobornos – 
“duchazo” de por medio– de ministros de Banzer, trotskistas extraviados,
 indigenistas de última hora, hasta consultores de USAID y 
“exsocialistas” devenidos en tinterillos de Sánchez de Lozada, todos 
vociferan que lo de Achacachi es el inicio del divorcio entre el 
poderoso movimiento indígena aymara y el gobierno del presidente Evo; y 
que, incluso, ha llegado el momento de que se vaya.
Dejando de lado esta inocultable tendencia golpista de la derecha 
política residual, hay una evidente y abusiva ignorancia que los 
enceguece y que les impide cualquier acto de acierto o eficacia 
política. Veamos algunos ejemplos:
Cuando hablan del “levantamiento” de los pobladores de Achacachi, 
evocando la gran capacidad de movilización de sus pobladores, olvidan 
diferenciar entre el pueblo o ciudad de Achacachi, donde habita una 
tercera parte de la población, y las comunidades de Achacachi, donde 
están dos tercios de la población del municipio. Y es que quienes hoy 
están movilizados contra el alcalde, son precisamente los habitantes de 
la ciudad de Achacachi. En tanto que quienes lo respaldan, son las 
comunidades de Achacachi, especialmente el combativo e histórico cantón 
de Warisata, lugar de las primeras huelgas de brazos caídos de 
principios del siglo XX, de la Gran Escuela Ayllu, pero, además, donde 
el represor ministro Sánchez Berzain fue golpeado y apedreado en 
septiembre de 2003.
Las críticas y denuncias hacia el actual alcalde, que 
constitucionalmente deben dirimirse en la justicia o en un referéndum, 
han avivado una latente escisión entre el pueblo de Achacachi respecto a
 las comunidades campesinas de Achacachi. Hace 50 años atrás, esta 
escisión pueblo/comunidad era una escisión no solo clasista, sino, ante 
todo, étnica. En el pueblo habitaban los “mistis”, patrones, hijos de 
patrones y personal vinculado a las exhaciendas; en tanto que en las 
comunidades estaban los campesinos aymaras. Enfrentamientos entre campo y
 ciudad se dieron incluso hasta los años 60, movilizándose las 
comunidades contra los transportistas que querían imponer un impuesto al
 pasaje; o cuando el pueblo fue saqueado por las comunidades de los 
distintos cantones, en la disputa entre Pancho Vizcarra, vecino del 
pueblo, y Eliseo Gutiérrez, de Warisata, pertenecientes a distintas 
facciones del MNR.
Hoy, los habitantes de la ciudad de Achacachi y de las comunidades 
son enteramente aymaras; pero ya pertenecientes a distintas clases 
sociales. Mientras que en la ciudad de Achacachi están fundamentalmente 
comerciantes, transportistas, artesanos y una parte de profesores, 
muchos de ellos procedentes de las comunidades y en un claro proceso de 
enclasamiento social; en las comunidades viven principalmente 
campesinos, muchos de los cuales tienen oficios complementarios y 
temporales: obreros, albañiles, maestros, etc. Entonces, hoy hay una 
clara diferenciación de intereses y de necesidades colectivas que están 
dando lugar a confrontaciones clasistas, ya no étnicas, al interior del 
municipio de Achacachi.
En segundo lugar, los protagonistas de las grandes movilizaciones 
contra la dictadura y, recientemente contra el neoliberalismo, han sido 
fundamentalmente de las comunidades campesinas. El Achacachi “rebelde e 
insurrecto” es el Achacachi de esas comunidades. Los fundadores de las 
milicias armadas a mediados del siglo pasado, del Regimiento Gualberto 
Villarroel, del Regimiento Colorados, de Belén, fueron de las 
comunidades campesinas. El Ejército Guerrillero Túpac Katari (EGTK), en 
los años 1985 y 1997, tuvo, en las comunidades de Achacachi, su 
nacimiento y el lugar de los mayores apoyos. La niña Marlene Rojas, 
asesinada con una bala en septiembre de 2003 era de Warisata; el Cuartel
 Indígena de Qalachaca, al que por cierto ninguno de los 
pseudoindigenistas de derecha que hoy se llenan la boca de discurso 
radical conoció, se hizo con la movilización de más de cinco mil aymaras
 de las comunidades campesinas, que con viejos fusiles en mano y durante
 20 días mantuvieron en raya a las tropas mandadas por Sánchez de Lozada
 a reprimir. La victoria electoral de Evo Morales en la provincia se ha 
hecho consecutivamente con más del 90% del voto de las comunidades. Y el
 reciente desfile comunal-militar del 7 de agosto, día de las Fuerzas 
Armadas, ya en pleno conflicto municipal, contó con la presencia 
orgánica y disciplinada de más de 25 mil ponchos rojos de la totalidad 
de las comunidades campesinas de este municipio.
Y lo que la derecha política no quiere entender, y por eso no 
comprende nada de lo que está pasando, es que las juntas de vecinos de 
Achacachi, en el mes de marzo, no solo quemaron la alcaldía del 
municipio y la casa del alcalde, sino que además –y esto ha incrementado
 el distanciamiento entre comerciantes y campesinos– es que también han 
quemado la sede de la gloriosa Federación Sindical de Trabajadores 
Campesinos de Omasuyos “Túpac Katari”. La quema o demolición de sedes 
sindicales es algo que solo lo hacían las dictaduras y, recientemente la
 Unión Juvenil Cruceñista, que el año 2008, en pleno golpe de Estado 
cívico prefectural quemó las sedes sindicales de los pueblos indígenas 
de tierras bajas. Se trata de una clara acción de tinte fascista que 
remató con la quema de una radioemisora también del municipio. En 
represalia, las comunidades retomaron la antigua práctica del saqueo de 
tiendas, que fracturó aún más la relación campo-ciudad. Esto también 
explica por qué ninguna federación campesina provincial ni la valerosa 
ciudad de El Alto, de fuerte tradición sindical y vecinal, se ha sumado,
 orgánicamente, a la convocatoria de los dirigentes políticos. La 
agresión a la sede sindical ha sido asumida por todos como un ataque a 
la fuente de legitimidad democrática propia que tiene el pueblo 
boliviano.
Hoy, enceguecidos de odio contra Evo Morales, presidente aymara, no 
faltan algunos trotskistas, ambientalistas, indigenistas que se han 
lanzado a los brazos de la derecha más cavernaria de Jorge “Tuto” 
Quiroga y Samuel Doria Medina y callan frente a este hecho inaudito y 
fascista de la quema de la Federación Campesina, además, buscan encauzar
 la movilización hacia una confrontación con el gobierno. Pero, con esta
 manipulación política de un tema estrictamente municipal, han cerrado 
cualquier posibilidad de darle un tinte progresista, popular o 
revolucionario a sus imposturas y con el tiempo solo ha de quedar la 
obscenidad de haber respaldado y alentado actos fascistoides y 
antidemocráticos que hieren la experiencia y la memoria de lucha del 
pueblo boliviano y, en particular, del pueblo aymara.
Con todo, se trata de una nueva muestra del reciclamiento de una 
derecha política idiota que no conoce Bolivia y que tampoco la quiere.
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