Hemos
conseguido una sociedad en la que todo el mundo pretende que la policía
o los jueces castiguen cualquier expresión. Eso no nos protege, sino
que nos fragiliza y pone en manos del poder un arma represiva, además de
conculcar un derecho básico
Beatriz Gimeno
2 de
Enero de
2018 http://ctxt.es/es/20171227/Firmas/16993/expresion-libertad-derechos-odio-persecucion.htm
Libertades en España. J.R. Mora
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Como han denunciado diversos organismos, entre ellos
la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información, vivimos en una
situación excepcional, por lo antidemocrática, en lo que se refiere a la
situación de la libertad de expresión en España. Raperos en la cárcel,
activistas pacíficos juzgados por enaltecimiento del terrorismo, gente
en la Audiencia Nacional por un tuit o por hacer la parodia de una
procesión y gente juzgada por determinadas opiniones políticas que el
Ministerio del Interior califica de “odio”. La aprobación de la Ley
Mordaza supuso consagrar una espiral represiva y sancionadora de la
libertad de expresión que llevaba tiempo gestándose con sucesivas
reformas del Código Penal que han ido, poco a poco, acotando y
restringiendo este derecho. España se ha convertido en un país en el que
la libertad de expresión está seriamente amenazada. Es una anomalía que
nos sitúa al lado de países con democracias frágiles y muy lejos de
democracias consolidadas en las que la libertad de expresión sigue
siendo considerada un pilar fundamental de la libertad y en las que se
pueden decir/escribir cosas que aquí, hoy, serían inimaginables. El
retroceso es muy evidente si nos comparamos con nosotros mismos hace
unos años. Y lo peor es que no se percibe resistencia social y política
al vaciamiento de este derecho.
Soy de la opinión de que no hay resistencia porque se
ha conseguido hegemonizar una idea del delito del odio como la
prohibición absoluta de ofender, especialmente al poder, pero en
realidad a cualquiera, con lo que en lugar de defender la libertad de
expresión, cada persona o grupo social piensa que puede usar la ley en
su beneficio, para restringir la libertad de expresión de los otros/as.
De cualquiera que nos ofenda, en realidad. Es un engaño, naturalmente.
Lo cierto es que en lugar de entender y defender una libertad de
expresión amplia que nos ampare a todas las personas, especialmente a
quienes queremos expresar opiniones radicales desde los márgenes del
sentido común general (que es donde la libertad de expresión tiene
valor), lo que hemos conseguido es una sociedad en la que todo el mundo
pretende que la policía o los jueces castiguen o acallen cualquier
expresión que nos ofenda a cada una de nosotras o a los grupos sociales o
de identidad a los que pertenecemos. Al final, naturalmente, eso no nos
protege sino que nos fragiliza y pone en manos del poder un arma
represiva muy poderosa, además de conculcar un derecho básico.
El Ministerio del Interior afirma que la celebración de las diadas catalanas buscaban fomentar el odio al estado español. Cualquier día, pretender que los ricos paguen más impuestos nos va a costar una demanda por odio de clase
Unos denuncian al autobús de la transfobia y poco
después Hazte Oír denuncia a los que le denuncian por ofensa de los
sentimientos religiosos. Las feministas piden que la fiscalía intervenga
ante los tuits que nos llaman feminazis, y unas feministas acaban en
los tribunales por sacar un coño en procesión. Un grupo feminista quiere
demandar a El País porque incluye los reportajes de feminismo
en la sección de Moda, lo cual indicaría odio al feminismo y los
machistas acusan a las feministas de odio a los hombres. Una canción
sobre el capitalismo y sus miserias puede costarte una multa, lo mismo
que un insulto a un político. He leído una noticia de que un nazi ha
demandado a una persona por delito de odio; por odiar a los nazis. Hace
unos días un cantante dijo en un escenario que “había poca diversión y
mucha policía” y eso le costó una multa. Lo último que he visto es que
El Ministerio del Interior afirma que la celebración de las diadas
catalanas buscaban fomentar el odio al estado español. Cualquier día,
pretender que los ricos paguen más impuestos nos va a costar una demanda
por odio de clase.
Se ha producido una expansión incontrolada de lo que
se llaman delitos de odio que ni siquiera deberían llamarse así. El odio
es un sentimiento y, como tal es subjetivo, y depende desde donde se
mire y desde dónde se odie para que reciba una u otra calificación
moral, que nunca debería ser penal. En todo caso, más que delitos de
odio deberían llamarse delitos de discriminación y utilizarse cuando
ésta se produzca o, como mucho, utilizarse como agravantes de otros
delitos motivados por prejuicios contra colectivos vulnerables, nunca
contra la policía o personas concretas pero, sobre todo, nunca contra
opiniones en contra de algo o alguien, aunque sean opiniones injustas,
discriminatorias u ofensivas, que para eso ya estaban los delitos de
injurias, calumnias o amenazas. Pretender, como se está haciendo,
equiparar ideas discriminatorias con odio, es una deriva profundamente
lesiva de la libertad de expresión. Casi todas las iglesias están
basadas en ideologías discriminatorias contra las mujeres, muchos
partidos o grupos sociales defienden lo que otros consideramos
discriminaciones basadas en la clase, el nacimiento, el origen etc.; la
mayoría de la población es machista, las instituciones son racistas y
clasistas... La intervención policial o judicial contra la opinión o la
expresión no puede ser el garante de una convivencia armónica y justa.
Para eso está la lucha social, no la policía. Estamos, entre todas y
todos, acostumbrándonos a una sociedad basada en un fascismo de baja
intensidad que consiste en la permanente delación y denuncia policial de
quienes pensamos que molestan o que sostienen ideas equivocadas, así
como en el convencimiento de que las penas de cárcel solucionan
problemas sociales.
Las sucesivas reformas del Código Penal han ido
incorporando cada vez más delitos de esos que se pueden usar para
castigar cualquier opinión que no nos guste. Desde el delito de
humillación a las víctimas (¿qué víctimas?, ¿qué es humillación y qué
no?), al de ofensa a los sentimientos religiosos (¿Por qué religiosos y
no ateos? ¿qué es la ofensa a un sentimiento? ¿Todos los sentimientos
valen lo mismo?) ¿Pensar y decir que sólo las niñas tienen vulva es un
delito de odio? ¿Escribir que las mujeres tendemos a la histeria más que
los hombres? ¿Que la homosexualidad es una enfermedad…? A mi juicio
esas opiniones no son delito, sino opiniones que deben ser derrotadas
como se ha hecho siempre, con lucha social y política. ¿Expresar que la
intervención policial en Cataluña fue brutal es delito de odio? ¿Hacer
un chiste sobre la virginidad de María es un delito? ¿Y sacar un autobús
con el lema “Dios no existe”? Tampoco. La lucha de las mujeres, de las
personas racializadas o de las personas LGBIT no han necesitado del
Código Penal para conseguir cambiar el sentido común a su favor y, al
contrario, se han beneficiado de la libertad de expresión cuando el
sentido común no estaba de su lado. Pretender penalizar cualquier
opinión que nos parezca ofensiva colisiona de manera evidente con un
derecho que a todas nos conviene que sea lo más ancho posible. La
petición de que se penalicen expresiones susceptibles de ser
consideradas homófobas, machistas, racistas, etc, son, en realidad,
perfectamente funcionales al poder, que aprovecha dicho estado de
opinión como coartada para reprimir cualquier cosa que ese mismo poder
considere ofensiva, que considere subversiva, en realidad. No es posible
suponer que al poder le interese verdaderamente castigar el machismo o
el racismo, cuando las propias estructuras sociales son racistas y
machistas; simplemente utiliza la categorización de los delitos de odio
para castigar opiniones políticas y para, al mismo tiempo, ir
conformando una opinión pública partidaria de castigar cualquier opinión
malsonante o radical, o radicalmente malsonante, con lo que la
represión pasa más inadvertida.
Las opiniones discriminatorias o los insultos con intención de herir,
de discriminar o de expresar una opinión machista, homófoba o racista,
deben ser denunciados y combatidos socialmente, no estoy apoyando la
inacción o la indiferencia. Si hoy día es casi imposible manifestar
públicamente que es justo discriminar a gente de otra raza o las mujeres
porque son menos inteligentes, por ejemplo, no es porque en todos estos
años haya habido ninguna persecución a las personas que expresaban
estas opiniones, sino porque ha habido una lucha social que se ha
ganado. La libertad de expresión es un derecho básico que protege la
opinión discordante y no la hegemónica; ésta se llama sentido común y no
necesita protección. Aunque nos pueda parecer lo contrario, esa espiral
de llamados al estado para que reprima al otro que nos ofende es un
espejismo en el que, en todo caso, los más débiles siempre llevaremos
las de perder. El poder tenía la fuerza y nosotros y nosotras la
palabra; pero ahora estamos entregando la libertad de palabra casi sin
darnos cuenta, y lo vamos a pagar muy caro.------------------
Beatriz Gimeno es diputada de Podemos en la Asamblea de Madrid.
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OTRA COSA: No entiendo cómo desear una violacion colectiva a una candidata a la Generalitat es condenable con cuatro meses de carcel y desearle la muerte a la alcaldesa de Madrid se va quedar sin pena imputable, de Antonio Larrey
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