Resulta casi imposible calcular un número exacto de cargos del Partido Popular que a día de hoy están siendo investigados o procesados, pero pasa de los 900. Cada semana salta un nombre, una nueva causa, algunas veces varios al día, todos implicados en enriquecimientos ilícitos, financiación ilegal, malversación de fondos… un saqueo del erario público continuo. El propio Presidente del Gobierno ha tenido que declarar en sede judicial y su nombre, aunque de momento sólo presuntamente, aparece en los documentos de la caja B del PP.
Las puertas giratorias son también claros mecanismos de corrupción
Los casos son continuos y a la vez, algunos de los más destacados representantes del partido popular, se dedican a disfrutar de sus desmesurados salarios a la sombra de las mismas empresas a las que han beneficiado cuando ocupaban cargos políticos utilizando las puertas giratorias, que son también mecanismos claros de corrupción: José María Aznar (consejero delegado de Endesa y consejero de KPMG, empresa que hace auditorías a la mayoría de la administración pública); Ángel Acebes (consejero externo de Iberdrola); Josep Piqué (vicepresidente segundo de la constructora OHL); Eduardo Zaplana (consejero delegado de Telefónica)…entre otros.
Gürtel, Púnica, Lezo, Acuamed, Nóos, Andratx, Auditorio, Baltar, Bárcenas, Biblioteca, Bitel, Bon Sec, Bomsai, Brugal, Caballo de Troya, Camps, Campeón, Carioca, Carmelitas, Castellano, Catis, Ciudad del Golf, de la Construcción, Lino, El Robledillo, Emarsa, Eólico Canarias, Faycan, Fitur, Funeraria, Guateque, Ibatur, Imelsa, Inestur, Lasarte, Líber, Madeja, Marchela, Mercamadrid, Naseiro, Nuevo Cartagho, Ópera, Orquesta, Over Márketing, Palma Arena, Patos, Piscina, Porto, Rasputin, Scala, Taura, Terra Natura, Torres de Calatrava, Torrevieja, Totem, Troya, Túnel de Sóller, Turismo Joven, Umbra, Uniformes, Parques eólicos, Zeta… son nombres de causas judiciales abiertas por corrupción en las que el PP se ha visto implicado. Algunas de ellas ya sentenciadas, otras pendientes todavía pero que a cualquier español, mínimamente informado, le suenan.
La corrupción cuesta a los españoles una media de 90.000 millones de euros al año y posiblemente la cifra sea superior ya que cada día afloran nuevos casos.
A todo esto y por descontado, sumamos cómo el PP desoye reiteradamente las advertencias y reproches que desde instituciones, como Naciones Unidas, le dedican sobre la vulneración de derechos civiles y políticos: Ley de Amnistía del 77, la inaccesibilidad de los archivos militares, La Ley Mordaza, las devoluciones en caliente, La Reforma de la Ley del Aborto, los indultos a policías condenados por torturas o las diferencias salariales entre hombres y mujeres, entre otros.
Además, no podemos dejar de hablar de la manipulación descarada que se hace en RTVE, que además del nombramiento digital del Presidente del ente público aprovechando la mayoría absoluta que ostentaban, resulta grotesco seguir un telediario de la televisión pública en el que los tiempos y noticias destacadas, se ofrecen en función del beneficio o perjuicio que puedan ocasionar al partido en el Gobierno.
Después de este brevísimo repaso en el que podríamos abundar contando multitud de ocasiones en los que Mariano Rajoy y su partido han vulnerado, rayado o interpretado la Ley a su antojo, la principal prioridad que España debería tener en mente debería ser un cambio de Gobierno con el fin de recuperar normalidad, dignidad y derechos perdidos lo antes posible.
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OTRA COSA: Zaragoza. I edición de “la imagen de la memoria”. 9 al 14 enero