De forma constante nos vemos obligados a
recordar el informe anual de la Comisión Europea sobre el estado de la
justicia en los países de la Unión Europea. España figura como el tercer
Estado donde un mayor porcentaje de personas percibe que la justicia no
es independiente. Hasta un 58% de los españoles la consideran como
“mala” (39%) o “muy mala” (19%), lo que supone que sólo dos de los 28
países están peor: Bulgaria y Eslovaquia. Según el citado estudio, son
las “interferencias y presiones del Gobierno y políticas” el primer
motivo de la percepción de la falta de independencia aducido por la
ciudadanía.
Nuevamente, las inopinadas declaraciones
del Ministro de Justicia en relación a la investigación que se sigue en
el Tribunal Supremo, el denominado “procés”, son poco respetuosas con la
separación de poderes y la independencia judicial. El Sr. Català
pronostica con total seguridad el futuro procesal de los investigados y
anticipa sin ningún rubor las fechas y el contenido de las resoluciones
judiciales, hasta el punto de afirmar que la sentencia se dictaría antes
del mes de diciembre del presente año.
Junto a estas manifestaciones
desafortunadas, informaciones publicadas en un periódico de ámbito
nacional y no desmentidas dan cuenta de los contactos de miembros del
Gobierno, empezando por su Presidente, a magistrados del Tribunal
Constitucional previos a la deliberación sobre la admisión a trámite del
recurso interpuesto por el propio Gobierno contra la resolución del
Presidente del Parlamento de Cataluña. Debemos de recordar que el
Tribunal Constitucional es el intérprete supremo de la Constitución y
que sus magistrados son independientes e inamovibles en el ejercicio de
su mandato, de forma idéntica a los miembros del Poder Judicial. Es por
ello, que tales contactos son inadmisibles en un Estado de Derecho y no
tienen otro objetivo que tratar de influir en el sentido de la
resolución a dictar por el Alto Tribunal.
Estas injerencias, no conviene olvidarlo,
socavan la confianza de los ciudadanía en los Tribunales de Justicia así
como en el Tribunal Constitucional y lastran la credibilidad de
actividad diaria de magistrados y magistradas en el ejercicio de su
función.
Ante las inaceptables interferencias del
poder político en la independencia de nuestros tribunales, ha de ser
criticada la inacción y el silencio del Consejo General del Poder
Judicial, máxime cuando es el órgano que precisamente tiene por misión
fundamental defender la independencia de los jueces.
Juezas y Jueces para la Democracia reafirma
una vez más su compromiso por la independencia Judicial. Es
imprescindible alejar a la justicia de toda sospecha de parcialidad o
manipulación, reclamando un poder judicial fuerte e independiente. Y
resulta obligado en un estado de derecho respetar la función
desarrollada por el Tribunal Constitucional, empezando por el propio
Gobierno.
Madrid, a 5 de febrero de 2018
EL SECRETARIADO DE JUEZAS Y JUECES PARA LA DEMICRACIA
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OTRA COSA: No recuerdo haber votado nunca a alguien que hable así de claro. Mucho menos que arriesgue tanto
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OTRA COSA: No recuerdo haber votado nunca a alguien que hable así de claro. Mucho menos que arriesgue tanto
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