El número de docentes asociados, que pueden llegar menos de 500 euros al mes, se ha incrementado con la crisis. Cristina Vázquez Madrid / Valencia https://politica.elpais.com/politica/2018/02/02/actualidad/1517601267_811315.html
Son profesores universitarios e imparten lecciones por las que pueden ganar menos de 500 euros al mes. Los asociados son los más precarios
de la Universidad y se cuentan por miles. El presidente de los
rectores, Roberto Fernández, denunció ya en noviembre la situación de
los "profesores pobres” y lo denunció ante el ministerio. Este viernes,
en el primer encuentro de la conferencia de rectores
pidió soluciones a los problemas de financiación y a la precariedad
creciente de las plantillas. La reunión se ha celebrado en Valencia,
donde los asociados se han puesto en huelga.
La figura del profesor asociado nació con un objetivo que no siempre
cumple. En la Ley de Reforma Universitaria (1983) se estableció para
contratar “temporalmente” a especialistas del mundo profesional que
pudieran aportar su experiencia a las aulas. Más de 30 años después,
distintas fuentes universitarias coinciden en que aquella idea inicial
se ha pervertido con los años y se ha agudizado durante la crisis por la
prohibición de reponer plantilla que aprobó el Ministerio de Educación.
No son siempre especialistas que dan un servicio temporal, sino profesores en precario que encadenan contratos semestrales o anuales durante largos periodos de tiempo y que hacen funciones similares a funcionarios o contratados más estables. Pero cobrando sueldos de 200 a 600 euros y teniendo que pagar además la cuota de autónomos.
“Llevo más de 20 años encadenando contratos”, explica la profesora
asociada Isabel de la Cruz, docente en el departamento de Sociología de
la Universidad de Valencia (UV). “Si consideramos que no nos pagan el
tiempo que dedicamos a preparar las clases o las tutorías, cada hora de
nuestro trabajo sale a cinco euros”, denuncia. “Somos manos de obra
barata y precarizada, por eso pedimos que a igual trabajo haya igual
salario”. De la Cruz forma parte de la plataforma de profesores
asociados de la UV, la universidad donde se han iniciado las protestas
con una huelga que empezó el pasado lunes.
La situación es extensible a otros campus. El nuevo presidente de la conferencia de rectores, Roberto Fernández, aseguró el pasado noviembre que en la Universidad española “hay profesores pobres”. Lo dijo a los pocos días de asumir el cargo y ha convertido esta precariedad en uno de los ejes prioritarios de su mandato.
El también rector de la Universidad de Lleida se reunió el jueves con los representantes de la plataforma de profesores asociados de la UV en huelga y se comprometió a “poner muy encima de la mesa” la problemática en la conferencia de rectores. Fernández subrayó además la “fuerte repercusión” de esta precariedad en la vida universitaria española y llamó a revisarlo con “una visión de conjunto de la carrera docente y de su estructura”. “La Universidad sabe que no puede funcionar si no tiene una cantidad adecuada de profesores permanentes”, argumentó tras acusar a “los recortes que hizo en su momento el Gobierno en las universidades” de la precarización de las plantillas. Situaciones como la de los profesores asociados “no son sostenibles”.
“Es un problema de carácter económico y la solución será también de carácter económico. Una democracia de calidad no puede tener una universidad precarizada”, insistió ayer el presidente de los rectores. Fernández avanza que, tras los recortes de la crisis, los campus están en una situación “realmente de urgencia”.
Según los últimos datos oficiales publicados por el Ministerio de Educación, correspondientes al curso 2014-2015, 20.000 de los 99.000 profesores de las universidades públicas son asociados, es decir, un 20% del total. Lo que no ofrece la estadística oficial es cuántos de ellos se corresponden con la mala utilización de esa figura. “Sin duda se cuentan por miles”, estima Martí Parellada, el coordinador general de la Fundación Conocimiento y Desarrollo (CyD), que elabora monográficos periódicos sobre la Universidad española.
Este experto en estadística universitaria subraya que la política del profesorado durante la crisis —el Gobierno prohibió reponer un solo profesor jubilado durante más de un lustro— ha sido “claramente negativa para las plantillas”. “Es evidente que hay un gran problema porque no han aparecido nuevas plazas en cinco o seis años y las necesidades se han cubierto con profesores temporales”, subraya Parellada.
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OTRA COSA: Crónica local, extensiva a todo el litoral mediterráneo, de Rafa León.
No son siempre especialistas que dan un servicio temporal, sino profesores en precario que encadenan contratos semestrales o anuales durante largos periodos de tiempo y que hacen funciones similares a funcionarios o contratados más estables. Pero cobrando sueldos de 200 a 600 euros y teniendo que pagar además la cuota de autónomos.
Un pacto para la educación superior
Los grupos parlamentarios negocian estas semanas los detalles de un
pacto de Estado por la educación que, de alcanzarse, sería inédito en
España pero que se acotó y dejó fuera la etapa universitaria.
El presidente de los rectores españoles, Roberto Fernández, reclamó ayer que se active también la negociación para un acuerdo “que pudiera sustanciarse en una nueva ley de universidades o en la reforma profunda de la actual”. La conferencia de rectores, la CRUE, aprobó ayer un documento que han llamado Agenda Política Universitaria, con 10 puntos a abordar que se ocupa “de los grandes problemas estructurales, principales y más urgentes de la universidad española”, añadió su presidente.
Los rectores quieren trasladar esa agenda al Gobierno central, a las comunidades autónomas y a los grupos parlamentarios del Congreso. Quieren hablar con los diferentes agentes sociales “para solicitar al Parlamento y al Gobierno que se ponga a las universidades españolas en primera línea”. También prevén reuniones con los consejos sociales y los sindicatos.
El presidente de los rectores españoles, Roberto Fernández, reclamó ayer que se active también la negociación para un acuerdo “que pudiera sustanciarse en una nueva ley de universidades o en la reforma profunda de la actual”. La conferencia de rectores, la CRUE, aprobó ayer un documento que han llamado Agenda Política Universitaria, con 10 puntos a abordar que se ocupa “de los grandes problemas estructurales, principales y más urgentes de la universidad española”, añadió su presidente.
Los rectores quieren trasladar esa agenda al Gobierno central, a las comunidades autónomas y a los grupos parlamentarios del Congreso. Quieren hablar con los diferentes agentes sociales “para solicitar al Parlamento y al Gobierno que se ponga a las universidades españolas en primera línea”. También prevén reuniones con los consejos sociales y los sindicatos.
La situación es extensible a otros campus. El nuevo presidente de la conferencia de rectores, Roberto Fernández, aseguró el pasado noviembre que en la Universidad española “hay profesores pobres”. Lo dijo a los pocos días de asumir el cargo y ha convertido esta precariedad en uno de los ejes prioritarios de su mandato.
El también rector de la Universidad de Lleida se reunió el jueves con los representantes de la plataforma de profesores asociados de la UV en huelga y se comprometió a “poner muy encima de la mesa” la problemática en la conferencia de rectores. Fernández subrayó además la “fuerte repercusión” de esta precariedad en la vida universitaria española y llamó a revisarlo con “una visión de conjunto de la carrera docente y de su estructura”. “La Universidad sabe que no puede funcionar si no tiene una cantidad adecuada de profesores permanentes”, argumentó tras acusar a “los recortes que hizo en su momento el Gobierno en las universidades” de la precarización de las plantillas. Situaciones como la de los profesores asociados “no son sostenibles”.
“Es un problema de carácter económico y la solución será también de carácter económico. Una democracia de calidad no puede tener una universidad precarizada”, insistió ayer el presidente de los rectores. Fernández avanza que, tras los recortes de la crisis, los campus están en una situación “realmente de urgencia”.
Por miles
Las universidades españolas desconocen cuántos docentes están en esta situación. La plataforma de la UV calcula que en su campus son el 30%, unas 1.300 personas. Y que están recibiendo llamadas de otras universidades para organizar nuevas movilizaciones.Según los últimos datos oficiales publicados por el Ministerio de Educación, correspondientes al curso 2014-2015, 20.000 de los 99.000 profesores de las universidades públicas son asociados, es decir, un 20% del total. Lo que no ofrece la estadística oficial es cuántos de ellos se corresponden con la mala utilización de esa figura. “Sin duda se cuentan por miles”, estima Martí Parellada, el coordinador general de la Fundación Conocimiento y Desarrollo (CyD), que elabora monográficos periódicos sobre la Universidad española.
Este experto en estadística universitaria subraya que la política del profesorado durante la crisis —el Gobierno prohibió reponer un solo profesor jubilado durante más de un lustro— ha sido “claramente negativa para las plantillas”. “Es evidente que hay un gran problema porque no han aparecido nuevas plazas en cinco o seis años y las necesidades se han cubierto con profesores temporales”, subraya Parellada.
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OTRA COSA: Crónica local, extensiva a todo el litoral mediterráneo, de Rafa León.
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