En 1995, entraba Alberto Ruiz-Gallardón a la presidencia de la Comunidad de Madrid. Desde entonces, ha habido cuatro presidentes y todos ellos del Partido Popular: Esperanza Aguirre, Ignacio González y Cristina Cifuentes. 23 años después ha quedado en entredicho la gestión de cada uno de ellos, salpicados por tramas de corrupción que han saqueado las arcas públicas madrileñas.
”Pacto de silencio”
Esta operación es considerada por los investigadores como el inicio de las actividades “fraudulentas” relacionadas con el Canal. Según las tesis del juez y fiscal, el Gobierno de Gallardón facultó el 29 de noviembre de 2001 a la empresa madrileña a realizar una inversión internacional “cuando de conformidad con sus estatutos este ente público no podía realizar esa actividad”. No fue hasta 2002 cuando el Canal estuvo habilitado para participar en otras sociedades.
Robo de 25 millones
Ruiz-Gallardón tuvo la mala suerte de que durante la
instrucción del caso, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia
Civil tenía el teléfono intervenido tanto de Ignacio González como de
otros investigados. En una de estas conversaciones, se dice que
Gallardón “o su gente” había robado 25 millones.
Tras ocho años en la presidencia de Madrid, Ruiz-Gallardón decidió irse a la Alcaldía de Madrid y de ahí como ministro de Justicia hasta que tuvo que dimitir por sus discrepancias con el Gobierno de Mariano Rajoy sobre la modificación de la ley que regula el aborto. Le sustituyó otra exministra, Esperanza Aguirre. Su nombramiento ya llegó rodeado de polémica después de que en las elecciones regionales de 2003 ganó el PSOE y justo en el momento de la votación dos diputados socialistas no acudieron al plenario y no votaron, en detrimento de Rafael Simancas que perdió entonces esas elecciones.
Para Aguirre, los problemas comenzaron en 2009 cuando estalla
el ‘caso Gürtel’ que acabaría con varios de sus alcaldes en el
banquillo de los acusados. La entonces presidenta aguantó la presión,
hasta que la UCO, en el año 2014, procedió a la detención de su ex
número 3, Francisco Granados.
La sombra de la corrupción se estrechaba sobre Aguirre aunque lo soportó hasta que en abril de 2017 detienen a su sucesor, Ignacio González, y le meten en prisión por varios y muy graves delitos, lo que llevó a la entonces presidenta del PP madrileña a dimitir de todos sus cargos.
Aguirre siempre ha afirmado que nunca supo las ‘golfadas’ de sus más estrechos colaboradores. Sin embargo, ella misma podría acabar siendo investigada también en la ‘Opeación Lezo’ por firmar la modificación del contrato para construir un campo de golf en las instalaciones del Canal de Isabel II, para contratar a través de otra sociedad al hermano de González.
Según fuentes de la investigación, antes de decidir sobre su imputación se están esperando varios informes, entre ellos el de la Intervención General, para determinar si Aguirre firmó esa modificación de contrato -por una obra que posteriormente fue anulada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que ha ordenado derribar el campo de golf.
Tanto Aguirre como la última presidenta, Cristina Cifuentes,
también están acorraladas en el ‘caso Púnica’. La primera de ellas
porque podría acabar investigada por la financiación irregular del PP de
Madrid por financiar sus campañas electorales con dinero no declarado
al Tribunal de Cuentas.
Por su parte, Cifuentes está pendiente de que el magistrado decida si finalmente le imputa por un delito de cohecho y otro de prevaricación, por adjudicar irregularmente el contrato de cafeterías de la Asamblea de Madrid al empresario -y a su vez donante del PP de Madrid- Arturo Fernández. La UCO tiene claro que la ya expresidenta se saltó el reglamento para conceder esa adjudicación la explotación de la cafetería de la Asamblea al grupo Cantoblanco, cuyo presidente, Arturo Fernández, precisamente se encuentra imputado en este asunto por un delito de financiación irregular en el PP de Madrid.
Las imputaciones, confirmadas o a punto de hacerlo, de los
últimos cuatro presidentes regionales denotan un modelo de gestión de
dudosa legalidad y poco, o nada, transparente. Las dos primeras
legislaturas de Gallardón -de 1995 a 2003- discurrieron a lomos de la
expansión de infraestructuras como la del Canal de Isabel II
inicialmente alejadas de la polémica y el foco judicial. Pero justo
después llegó el primer aviso de las prácticas censurables del PP en la
Comunidad de Madrid, el ‘tamayazo’.
Con Gallardón haciendo las maletas hacia el Ayuntamiento, y dando la alternativa de la Comunidad a Esperanza Aguirre, las urnas repartieron juego de forma que se vislumbraba un pacto entre el PSOE de Rafael Simancas y la Izquierda Unida de Fausto Fernández. Dos dirigentes que acordaron arrebatar al PP de Madrid la presidencia regional, pero que no lograron llevarlo a cabo por la aparición de dos diputados tránsfugas. Saltándose la disciplina socialista, Eduardo Tamayo y María Teresa Sáez bloquearon la investidura y propiciaron una repetición de elecciones que, esta vez sí, venció Esperanza Aguirre con mayor holgura.
De esta manera el PP pudo continuar con la externalización de
servicios, el cambio del sistema público de la Sanidad, los conciertos
educativos y el impulso de la empresa privada en el desarrollo social de
la región. Aspectos que le han permitido coleccionar mayorías absolutas
en elecciones dopadas financieramente. Así se sucedían las campañas en
las que se derrochaban mordidas y donaciones ilegales del ladrillo en
forma de financiación ilegal.
Obviamente todos fueron negando sistemáticamente su culpa sin despeinarse, hasta que la perdida de la mayoría absoluta en 2015 propició la creación de las correspondientes comisiones de investigación en la Asamblea de Madrid por los casos Lezo, Púnica, Isabel II...
Con el paso del tiempo, y conocidas las primeras ilegalidades, la máquina del fango del PP fue cubriendo a todos y cada uno de los sucesores. Y ahí empezó la fase de las tramas de espionaje y dosieres internos sobre cada uno de ellos. Incluida Cifuentes, promocionada por el propio Rajoy para sacudirse el problema de Aguirre, y presentada como el ‘mirlo blanco’ del PP y gran esperanza de la formación para emprender un tiempo de un PP cada vez más asfixiado y sin relevo en el banquillo. Pero ella también ha ‘salido rana’.
La factoría de mayorías absolutas y granero de votos del PP se ha caído como un castillo de naipes. Primero en la Alcaldía de la capital, vaso comunicante del poder del PP en la región como demuestran las idas y venidas de candidatos. Y ahora en la Comunidad de Madrid, con el liderazgo más débil que se recuerda en varias décadas. La vía de agua aún no se ha cerrado y en Génova no saben aún si podrá taponarse sin que las corruptelas y los comportamientos irregulares a los que no se les ha puesto coto afecten a otros ayuntamientos madrileños. Y, lo que es peor, a otros territorios nacionales.
Este
mismo jueves, el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón
citaba a Ruiz-Gallardón como investigado para el próximo 7 de junio en
el ‘caso Lezo’ por firmar desde el Consejo de Gobierno de la empresa
pública Canal de Isabel II la compra de la empresa colombiana Inassa por
83 millones de euros, una cantidad muy superior a su precio real.
La compra de Inassa es una de las ramas de la ‘Operación Lezo’ que
llevó a la detención e ingreso en prisión de Ignacio González en abril
del pasado año. El grueso de la investigación es el desfalco de millones
de euros de la empresa pública del agua, Canal de Isabel II, a través
de compras infladas de otras empresas. A través de estas operaciones se
desviaría dinero para diversos dirigentes madrileños, según se desprende
de la investigación.”Pacto de silencio”
Aunque
Ruiz-Gallardón lleva investigado más de un año en este asunto, el juez
no había decidido hasta este jueves su citación como investigado.
Precisamente, fue la parte de la investigación que afecta al también
exministro de Justicia y exalcalde de Madrid la que se intentó paralizar
por parte del exjefe de la Fiscalía Anticorrupción, Manuel Moix.
Los fiscales encargados del asunto sostienen que “precisamente,
Ruiz-Gallardón tuvo el control de la adquisición fraudulenta de Inassa
y, de algún modo, estableció un pacto de silencio y cooperación con
Ignacio González”, respecto a la operación con la que el Canal de Isabel
II comenzó su expansión en Latinoamérica, realizada en 2001.Esta operación es considerada por los investigadores como el inicio de las actividades “fraudulentas” relacionadas con el Canal. Según las tesis del juez y fiscal, el Gobierno de Gallardón facultó el 29 de noviembre de 2001 a la empresa madrileña a realizar una inversión internacional “cuando de conformidad con sus estatutos este ente público no podía realizar esa actividad”. No fue hasta 2002 cuando el Canal estuvo habilitado para participar en otras sociedades.
Robo de 25 millones
Tras ocho años en la presidencia de Madrid, Ruiz-Gallardón decidió irse a la Alcaldía de Madrid y de ahí como ministro de Justicia hasta que tuvo que dimitir por sus discrepancias con el Gobierno de Mariano Rajoy sobre la modificación de la ley que regula el aborto. Le sustituyó otra exministra, Esperanza Aguirre. Su nombramiento ya llegó rodeado de polémica después de que en las elecciones regionales de 2003 ganó el PSOE y justo en el momento de la votación dos diputados socialistas no acudieron al plenario y no votaron, en detrimento de Rafael Simancas que perdió entonces esas elecciones.
Aguirre, ¿la siguiente?
La sombra de la corrupción se estrechaba sobre Aguirre aunque lo soportó hasta que en abril de 2017 detienen a su sucesor, Ignacio González, y le meten en prisión por varios y muy graves delitos, lo que llevó a la entonces presidenta del PP madrileña a dimitir de todos sus cargos.
Aguirre siempre ha afirmado que nunca supo las ‘golfadas’ de sus más estrechos colaboradores. Sin embargo, ella misma podría acabar siendo investigada también en la ‘Opeación Lezo’ por firmar la modificación del contrato para construir un campo de golf en las instalaciones del Canal de Isabel II, para contratar a través de otra sociedad al hermano de González.
Según fuentes de la investigación, antes de decidir sobre su imputación se están esperando varios informes, entre ellos el de la Intervención General, para determinar si Aguirre firmó esa modificación de contrato -por una obra que posteriormente fue anulada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que ha ordenado derribar el campo de golf.
Financiación irregular del PP
Por su parte, Cifuentes está pendiente de que el magistrado decida si finalmente le imputa por un delito de cohecho y otro de prevaricación, por adjudicar irregularmente el contrato de cafeterías de la Asamblea de Madrid al empresario -y a su vez donante del PP de Madrid- Arturo Fernández. La UCO tiene claro que la ya expresidenta se saltó el reglamento para conceder esa adjudicación la explotación de la cafetería de la Asamblea al grupo Cantoblanco, cuyo presidente, Arturo Fernández, precisamente se encuentra imputado en este asunto por un delito de financiación irregular en el PP de Madrid.
Gestión de dudosa legalidad
Con Gallardón haciendo las maletas hacia el Ayuntamiento, y dando la alternativa de la Comunidad a Esperanza Aguirre, las urnas repartieron juego de forma que se vislumbraba un pacto entre el PSOE de Rafael Simancas y la Izquierda Unida de Fausto Fernández. Dos dirigentes que acordaron arrebatar al PP de Madrid la presidencia regional, pero que no lograron llevarlo a cabo por la aparición de dos diputados tránsfugas. Saltándose la disciplina socialista, Eduardo Tamayo y María Teresa Sáez bloquearon la investidura y propiciaron una repetición de elecciones que, esta vez sí, venció Esperanza Aguirre con mayor holgura.
Cifuentes, otra ‘rana’
Obviamente todos fueron negando sistemáticamente su culpa sin despeinarse, hasta que la perdida de la mayoría absoluta en 2015 propició la creación de las correspondientes comisiones de investigación en la Asamblea de Madrid por los casos Lezo, Púnica, Isabel II...
Con el paso del tiempo, y conocidas las primeras ilegalidades, la máquina del fango del PP fue cubriendo a todos y cada uno de los sucesores. Y ahí empezó la fase de las tramas de espionaje y dosieres internos sobre cada uno de ellos. Incluida Cifuentes, promocionada por el propio Rajoy para sacudirse el problema de Aguirre, y presentada como el ‘mirlo blanco’ del PP y gran esperanza de la formación para emprender un tiempo de un PP cada vez más asfixiado y sin relevo en el banquillo. Pero ella también ha ‘salido rana’.
La factoría de mayorías absolutas y granero de votos del PP se ha caído como un castillo de naipes. Primero en la Alcaldía de la capital, vaso comunicante del poder del PP en la región como demuestran las idas y venidas de candidatos. Y ahora en la Comunidad de Madrid, con el liderazgo más débil que se recuerda en varias décadas. La vía de agua aún no se ha cerrado y en Génova no saben aún si podrá taponarse sin que las corruptelas y los comportamientos irregulares a los que no se les ha puesto coto afecten a otros ayuntamientos madrileños. Y, lo que es peor, a otros territorios nacionales.
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