El próximo mes de marzo de 2018 se
cumplirán dos años del asesinato de la activista medioambiental
hondureña Berta Cáceres. Mientras aún se espera que se haga justicia, el
número de asesinatos contra defensores medioambientales y de derechos
humanos no ha dejado de crecer. Según el informe anual de la
organización internacional Global Witness, durante el año 2017, 197
personas defensoras de la tierra y el medioambiente fueron asesinadas en
el mundo, con América Latina a la cabeza.
América Latina: desigualdad, débil estado de derecho e impunidad
Otro reporte elaborado por la
organización internacional Front Line Defenders eleva la cifra a 312
defensores de derechos humanos asesinados, 212 de los cuales se
localizan en América. De estos, 156 en Brasil y Colombia. A pesar de que
el informe registró crímenes en 27 países, el 80 por ciento de estos se
concentraron en Brasil, Colombia, México y Filipinas.
El análisis subraya que el 67 por
ciento del número total de activistas asesinados, defendían derechos
sobre la tierra, al medioambiente y de los pueblos indígenas, casi
siempre en el marco de actividades de industrias extractivas,
megaproyectos y grandes empresas. Para Astrid Puentes Riaño, Codirectora
Ejecutiva de AIDA (Asociación Interamericana para la Defensa del
Ambiente), se trata de una situación “multifactor y de alta
complejidad”. “América Latina es la región más desigual del planeta,
esto implica que hay poblaciones en situaciones de vulnerabilidad
económica, política y social extrema”, apunta, recordando que se trata
de una “de las regiones con mayores índices de impunidad y débil estado
de derecho donde la aplicación de las normas también es discriminada”.
Billy Kyte, jefe de campañas de Global
Witness, agregó que la corrupción y la gran riqueza de recursos
naturales que alberga la región facilita que proyectos vinculados a
hidroeléctricas, minería y agroindustrias puedan conseguir licencias.
“Hay altos índices de poblaciones indígenas que históricamente han sido
marginalizadas, las empresas pueden llegar a sus tierras y saquear sus
recursos”, asegura. No obstante, las manifestaciones que llevan a cabo
para denunciar los abusos que sufren, aumenta su visibilidad y, por
eso “están expuestos a ser asesinados”.
A la caza de la riqueza natural de la Amazonía
Precisamente, en Brasil, la mayoría de
los asesinatos están relacionados con la defensa de la tierra y los
derechos de los pueblos indígenas, según el informe de Front Line
Defenders. “Hay una crisis económica y política y el Gobierno necesita
desesperadamente soluciones rápidas de acceso a la Amazonía, el
desarrollo de grandes extensiones de tierra para la agricultura de
monocultivo y la explotación despiadada de los recursos naturales”,
analiza Jim Loughran, Jefe del Proyecto Memorial de los defensores de
derechos humanos de esta organización. “Dos iniciativas clave del
Gobierno han tenido como objetivo restringir la demarcación de tierras
indígenas y abolir las agencias que trabajan para protegerlas”, agrega.
“Las reformas de las leyes están
disminuyendo la protección de los bosques y las reservas de los pueblos
indígenas, facilitando la entrada de las industrias”, explica Kyte,
señalando a los estados de Ondonia, Pará, Maranhao, “una frontera
agrícola donde hay poca presencia del Estado”.
Colombia: violencia después de la paz
La tierra también es letal en Colombia. A
pesar de los acuerdos de paz, la violencia no ha cesado en el país.
“Miles de colombianos con títulos legales sobre sus tierras han sido
desplazados. Mientras trabajan para reclamar sus tierras, se convierten
en objetivos para los acaparadores que pueden haberse apoderado
ilegalmente de sus terrenos, así como para la nueva generación de
paramilitares después de las FARC que quieren tomar el control. Los
defensores de los derechos a la tierra se encuentran en peligro crítico
", dice Loughran.
El jefe de campañas de Global Witness,
culpa a la agroindustria, y en particular a la dedicada al cultivo del
aceite de palma, de la situación colombiana, recordando que dicha
actividad “ha sobrepasado a la minería como el negocio más vinculado al
asesinato de activistas”.
México, escalada de violencia
El año negro contra los activistas
empezó con el asesinato del mexicano Isidro Balenegro López, contrario a
la tala ilegal que amenazaba los antiguos bosques de la Sierra Madre.
La escalada de la violencia en el país ha llevado a Global Witness a
situarlo en el cuarto lugar de mortalidad. “Los Gobiernos federales y
estatales no apoyan como deberían la labor de las personas defensoras y
en ocasiones incluso se unen a los señalamientos contra su labor”,
criticó Puentes Riaño recordando la “impunidad existente” en el país.
El mexicano fue ganador del Premio
Goldman del medio ambiente en 2005, un arma de doble filo, ya que “los
premios también pueden aumentar la visibilidad de las personas y, por
ende, incrementar el nivel de riesgo”, considera la Codirectora
Ejecutiva de AIDA.
Dicho galardón es el mismo que recibió
Cáceres una década más tarde. Aunque según Global Witness el número de
defensores medioambientales asesinados se ha reducido en Honduras, la
sociedad civil está sufriendo otro tipo de abusos.
Recetas contra la impunidad
El caso de la activista hondureña no es
el único pendiente de resolución, pues solo el 12 por ciento de todos
los casos de asesinatos terminaron con el arresto de sospechosos, según
Front Line Defenders. Por este motivo, además de abogar por el fin de la
impunidad, “hay algunas medidas que deben implementarse con urgencia.
Eso incluye investigaciones adecuadas e identificación de los
responsables de los asesinatos y ataques a personas defensoras, así como
autores materiales e intelectuales y justicia en dichos casos”,
propone Puentes Riaño.
Por su parte, el jefe de campañas de
Global Witness, insta a la actuación de los propios Estados en la
defensa de los defensores, el fin de la entrega de fondos a este tipo de
proyectos por parte de inversores extranjeros y la eliminación de “las
causas de raíz”, entre las que se encuentra la falta de consulta previa
con las comunidades indígenas.
Además de la muerte, los activistas
deben enfrentarse a” amenazas, intimidación y campañas de difamación que
pretenden erosionar sus redes locales de apoyo”, relata el Jefe del
Proyecto Memorial de los defensores de derechos humanos de Front Line
Defenders. Esta organización, destaca que “el 84 por ciento de los
defensores habían recibido al menos una amenaza de muerte personal antes
de ser asesinados”.
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