La Mujer en los Campamentos Saharauis

23 de agosto · La Libertad es su Derecho

¿POR QUÉ PASAN ESTAS COSAS?

Todas las personas que, de un modo u otro, han tenido o tienen una vinculación del tipo que sea con el pueblo saharaui saben que hay demasiadas cosas que “se deben callar para no hacer daño a la causa política”. Da exactamente igual que hablemos de cómo las asociaciones y las delegaciones del Frente Polisario solicitan, ejecutan y justifican los proyectos con subvenciones oficiales de cara a las administraciones públicas, que no vamos a entrar en ello; o de cómo se organiza y desarrolla el programa Vacaciones en Paz; o de los actos de sensibilización política o las grandes campañas con mensajes dirigidos, que se dan de bruces con la realidad que al mismo tiempo se oculta; o de lo que cada Comunidad autónoma conoce en relación a las delegaciones del Frente Polisario y/o de sus representantes. Ni siquiera cuestionan (fuera del ámbito estrictamente privado) las tremendas desigualdades existentes en los campamentos. El caso es callar, aguantar y seguir enarbolando banderas con un discurso que aparta descaradamente muchas situaciones reales, que silencian, niegan, enmascaran y encubren las prácticas de corrupción, clientelismo y nepotismo de la clase dirigente, así como las violaciones flagrantes de los Derechos Humanos, entre ellas, los secuestros y las retenciones ilegales contra la voluntad de mujeres jóvenes de origen saharaui por sus familias biológicas, con la connivencia y la complicidad del Frente Polisario.
A menudo en esta Plataforma vemos comentarios que atribuyen a cuestiones religiosas estas formas de violencia contra la mujer por razón de género. No es cierto. El Islam está siendo, una vez más, utilizado para enmarcar justificaciones de violaciones de DDHH, bajo un abanico de argumentos que apuntan a que retener contra su voluntad a mujeres adultas son “asuntos familiares”, “tradición y cultura” o a que “los padres son los únicos que tienen derecho sobre las hijas, que para eso son suyas”. Al final, vean, sólo estamos ante un hecho: En los campamentos saharauis de Tinduf (Argelia) se admite y permite tener Mujeres en propiedad. Mujeres concebidas como recurso, como algo que se puede poseer y con lo que los hombres se han dedicado a comerciar. Mujeres infravaloradas y cosificadas, tratadas como meros objetos de libre disposición para sus padres, hermanos y maridos impuestos.
Y no es un asunto de familias más o menos “tradicionales”. Es un delito, con todas las letras. La permanencia durante más de 43 años de esta población en unos campamentos aislados, en un remoto apartado del desierto argelino, ha logrado que terminen sucumbiendo al patriarcado contra el que el pueblo saharaui luchaba en sus orígenes. Significa “gobierno de los padres”. Es un término utilizado a lo largo de la Historia para diseñar un tipo de organización social en el que la autoridad del hombre, su voluntad, su opinión y sus deseos se consideran por encima de los de las mujeres. Es por ello que resulta patético comprobar el nivel alcanzado de desigualdad y discriminación hacia la mujer en los campamentos saharauis de Tinduf, especialmente teniendo en consideración que el Pacto de Unidad Social por el que se creó el pueblo saharaui como tal en 1973, aglutinado en el Frente Polisario como ente, esgrimía por encima de todo la igualdad entre personas, tanto desde el punto de vista de género como desde su origen tribal, concepto que se apuntaba como pilar fundamental para abordar una lucha por la independencia. Como decimos, eso forma parte de la Historia, porque los propios saharauis lo olvidaron.
Si al principio el papel de la mujer saharaui fue relevante y modélico, durante los años que duró la guerra contra Marruecos y Mauritania, lo cierto es que, desde 1988 -con la firma del Acuerdo de Alto el Fuego, que entraría en vigor en 1991-, el regreso de los hombres del campo de batalla a los campamentos las relegó de nuevo a un papel secundario, subordinado a la autoridad del hombre, en un momento en que el Frente Polisario abandonó los pilares de su propia revolución, se plegó e implantó de nuevo el tribalismo, que trajo consigo las normas ancestrales tribales y el patriarcado que hoy en día rigen la vida en los campamentos saharauis y contra lo que nunca han luchado.
Actualmente, en pleno siglo XXI, el Frente Polisario ya no puede continuar con su propaganda política, vendiendo -sin que se les caiga a trozos la cara de la vergüenza- el encomiable papel de la mujer saharaui como ejemplo único dentro de las sociedades árabes y musulmanas. Y no puede porque hay muchas jóvenes de origen saharaui mayores de edad retenidas contra su voluntad, en una sociedad en la que la superioridad del hombre se ha generalizado de tal manera que ya está definido y asumido que ellas DEBEN ocupar un rol subordinado y supeditado a la decisión de los hombres de sus familias, con un papel que las relega a tareas domésticas, cuidado de mayores y niños y a casarse para tener descendencia, conculcando para ello sus derechos civiles, sociales, políticos, culturales y económicos, y anulando sus aspiraciones de presente y futuro. La pertenencia a determinadas tribus marca la diferencia y abre el espectro de libertades y derechos a unas pocas privilegiadas.
Cada día son más las voces críticas contra el sistema político autoritario del Frente Polisario y contra el tribalismo imperante. El “pueblo saharaui” no lo compone sólo la población de los campamentos de Tinduf, aunque sólo ahí existan mujeres secuestradas con violencia y/o retenidas contra su voluntad porque nadie les reconoce ser más que meros objetos, puras mercancías, en definitiva, porque siempre hay un postor mejor que otro. Y los dirigentes del Frente Polisario lo saben y, a pesar de las presiones, continúan justificando estas violaciones de DDHH bajo esas premisas indefendibles e incompatibles con su propia causa política. Intervinieron con Mahyuba, con Luha, después con Azman. Hace bien poco, con Ljadra. Cuatro ciudadanos españoles retenidos contra su voluntad en los campamentos saharauis que se supone que controla el Frente Polisario, aunque no tengan allí la más mínima autoridad. Pero quedan 50, que sepamos. Varias de ellas (y una bebé) son también españolas. ¿Por qué no intervienen igual en los casos de Maloma (y su hija), Koria, Nadjiba y las demás?
Que ¿por qué pasan estas cosas? Porque se lo permitimos. Porque al Gobierno de España -a éste a y a todos los anteriores- no le interesa sacar a la luz de nuevo un conflicto político, aunque se lleve por delante las vidas de mujeres jóvenes que no tienen ni libertad ni derecho a elegir sus propias vidas, víctimas de una forma de violencia machista extrema. ¿Hasta cuándo?



+ La Libertad es su Derecho   · DE LAS SOMBRAS A LA LUZ

El jueves pasado, en una reunión oficial en la Subdelegación del Gobierno en Alicante, la titular, Araceli Poblador, se preguntaba por qué, habiendo como hay tanta documentación e información y tantas personas e instituciones informadas de la situación de Koria y de otras mujeres retenidas en contra de su voluntad en los campamentos saharauis de Tinduf (Argelia), nadie había hecho nada en 7 años y medio. Se preguntaba qué es lo que hay detrás de todo esto que impide que se trabaje en favor del respeto a los Derechos Humanos de la joven de origen saharaui, a quien, como nosotros, insiste en que debe considerarse española y brindarle su derecho a la Protección Internacional por las circunstancias particulares de su caso, estando como estaba bajo la Tutela Legal de la Consellería de Bienestar Social de la Generalitat Valenciana y habiendo viajado con un título de viaje español.

Hablábamos de otros casos, bien conocidos en la Comunidad Valenciana, aunque algunos no hayan salido en prensa para proteger intereses de altos cargos del Frente Polisario que nunca se ha querido poner en entredicho. Casos como el de la hija de un ministro del Frente Polisario, harto conocido, dicho sea de paso, que estuvo tres años y medio retenida contra su voluntad y logró regresar adquiriendo el compromiso de no volver a entablar relación con su familia de acogida valenciana y vivir con su madre biológica y el resto de sus hermanos en el País Vasco. Y, por supuesto, guardando eterno silencio sobre lo acontecido. Casos como el de Mahyuba y otros de la misma Comunidad, donde este colectivo tiene actualmente, además de Koria, otros 8 documentados.
Araceli Poblador es una mujer convencida de la lucha necesaria para la eliminación de la violencia contra la mujer en todas sus formas y, en base a ello, suscribía que los secuestros y las retenciones contra la voluntad de jóvenes mayores de edad en los campamentos por sus familias biológicas es una de ellas y hay que abordarla desde la perspectiva del absoluto respeto a los Derechos Humanos, elevándose de cuestiones políticas que no pueden justificar tales comportamientos de las familias biológicas ni de las autoridades implicadas (Frente Polisario y Gobierno de Argelia).
Desde 2017, que ha sido sin duda el año de mayor sensibilización sobre las amenazas de violencia sexual y por razón de género en todo el mundo, cada vez es mayor el convencimiento sobre la necesidad de adoptar más medidas generales para sacar el problema de las sombras a la luz. Y, de hecho, se están haciendo esfuerzos a distintos niveles por poner de manifiesto la prevalencia de la violencia contra la mujer (y la niña), que adopta muchas formas y afecta a personas de todas las procedencias en todo el mundo. De esa perseverancia en la denuncia, constantemente salen informes de organizaciones internacionales (elevados al Consejo de DDHH de la ONU), en los que queda claro que LOS ABUSOS QUE SE HAN HECHO PÚBLICOS YA SE CONOCÍAN O INTUÍAN DESDE HACE AÑOS y, en algunos casos, desde hace decenios, como ocurre con las retenciones de mujeres mayores de edad que nos ocupa en esta Plataforma.
Informes que hacen referencia a que, para muchas personas de todo el mundo, el fenómeno # MeToo ha sido decisivo. Sin duda, para los millones de víctimas que optaron por hacer público su caso en el mundo entero -también para quienes prefirieron no hacerlo, o consideraron que no podían hablar de ello- ha sido un momento importante de solidaridad entre los países, los continentes y las culturas. También ha dado nuevos bríos a quienes consideran inaceptable la violencia contra la mujer y creen que se puede detener y aportan ejemplos fehacientes de logros concretos en este sentido.
Las distintas administraciones de España, la Unión Europea y las agencias de las Naciones Unidas otorgan fondos de importante cuantía para el desarrollo de proyectos dirigidos a promover la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer en los campamentos saharauis de Tinduf y también en el resto del territorio de Argelia. Bien es cierto que se van reduciendo (al igual que el número de agentes no gubernamentales que operan en los campamentos), porque no incorporan iniciativas orientadas a prevenir y erradicar la violencia contra la mujer y la niña, siguiendo las directrices de la estrategia mundial diseñada para avanzar hacia un mundo sin violencia, en la que es esencial transformar las actitudes, las creencias y los comportamientos que suponen restricciones al disfrute de los Derechos Humanos y de las Libertades Individuales de las mujeres, como son las privaciones arbitrarias de libertad y los matrimonios forzados.
En todas las sesiones del Consejo de DDHH de la ONU las organizaciones internacionales exponen ejemplos de resultados que demuestran que sus intervenciones pueden alterar las costumbres, las instituciones y las prácticas que normalizan la violencia contra la mujer. Con todo este conjunto de informaciones en la cabeza, las preguntas surgen solas. ¿Por qué sabiendo como se sabe que existen mujeres secuestradas y retenidas contra su voluntad en los campamentos, nadie hace nada? ¿Por qué se sigue validando y financiando el discurso de la UNMS respecto al modélico nivel de empoderamiento de la mujer saharaui, si en realidad ellas mismas saben y reconocen que recuperar los Derechos de la Mujer será el principal escollo en el hipotético caso de alcanzar la ansiada independencia? ¿A quién benefician estas violaciones de DDHH, si, como dicen, “atacan los pilares de la causa y cuestionan al pueblo saharaui”? ¿No sería más lógico liberarlas, adoptar medidas sancionadoras para los autores conforme a la ley y abordar proyectos dirigidos realmente a transformar aquellas “tradiciones” que conculcan derechos?
Se puede y se debe establecer de una vez por todas la línea divisoria entre la causa política y el estricto respeto a los Derechos Humanos de las mujeres en los campamentos saharauis de Tinduf, empezando por su libertad.