La explotación económica de los vencidos llevó a la dictadura franquista al extremo de emplear a más de 400.000 presos políticos como trabajadores forzados.
Compañías públicas y privadas –algunas cotizan en el IBEX 35– resultaron beneficiarias de mano de obra gratuita en la mayoría de sectores productivos.
El trabajo esclavo forma parte de la querella argentina contra los crímenes del franquismo y la Ley de Memoria Democrática prevé hacer "copartícipes" de la "reparación" de los reclusos a las "organizaciones" implicadas.
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