Temporeras denunciantes de abusos laborales y sexuales: nadie quiere ver las pruebas. Para el Neoliberalismo la Esclavitud es cuestión de estado

Mayte Pisa Solans y Spanish Revolution han compartido un enlace.  kaosenlared.net

Temporeras denunciantes de abusos laborales y sexuales: nadie quiere ver las pruebas. Para el Neoliberalismo la…

Por AUSAJ - Punto Crítico -  15 agosto, 2018

Pero sobre todo estas diez mujeres se han conjurado para hacer Justicia, para que lo que a ellas les ha pasado, no vuelva a pasarle a nadie más. Quieren hacer Justicia por encima de todo. Por sus hijos, por su honestidad, por su futuro. Por todos.

Tras más de dos meses intentando su activación por parte de las distintas Administraciones españolas competentes para la ejecución de lo establecido en el articulo 59 bis LO 4/2000, así como en los distintos Tratados Internacionales vinculantes para España, que al margen de las Directivas comunitarias de aplicación, como la Directiva 2011/36/UE  del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 abril de 2011, relativa a la prevención y lucha contra la trata de seres humanos y a la protección de las víctimas y por la que se sustituye la Decisión marco 2002/629/JAI del Consejo (DO L 101 de 15.4.2011), han quedado expuestos en anteriores artículos de Punto Crítico , el Protocolo marco sigue sin activarse.

El viernes día 1 de junio de 2018 el Juzgado competente por estar de guardia, el Juzgado de Instrucción num. 3 de La Palma del Condado (Huelva), se negó a recoger la denuncia, referida a más de cien mujeres marroquíes, temporeras de la fresa, a las que la empresa había encerrado para evitar que pudiesen denunciar los graves abusos laborales y sexuales, incluyendo violaciones, de los que habían venido siendo objeto, como habían relatado las periodistas alemanas de Corrective. Org semanas antes.

Sobre todo, querían denunciar el hecho de haber sido forzadas -más que inducidas- a la prostitución mediante coacción, en la que jugaba un papel principal el hambre; todo ello con el chantaje en el fondo: “Este año nos han traído a los campos de Huelva a las putas de Marruecos. Las tocas y te denuncian“; “las casas de prostitución“; “los videos los vamos a mandar a vuestras familias a Marruecos“.

El Juzgado se negó a recoger la denuncia, emplazándonos a ir a denunciar tres día después, el lunes día 4 de junio. El mismo viernes, día 1 de junio, tras sernos impedida la denuncia en el Juzgado, se denuncia en la Guardia Civil de Almonte. En ese momento se le entregan a la Guardia Civil el listado con los datos personales de las más de cien temporeras secuestradas por la empresa, que habían encargado a los abogados de AUSAJ comunicar a la Guardia Civil su intención de denunciar.

El domingo día 3, con la colaboración activa y principal de la Guardia Civil de Almonte, todas las trabajadoras que se encontraban en dicho listado fueron, de una forma u otra, forzadas a subirse a autobuses, siendo trasladadas a Marruecos. Con la excepción de un pequeño grupo que escapó y  a las que no pudo capturar la Guardia Civil y los empleadores.

El lunes día 4 no quedaba ninguna de ellas en la finca, con la excepción, al parecer, de un grupo de ellas que habían sido engañadas por la empresa para que firmasen una contradenuncia falsa, como se evidencia con las pruebas que exponemos a continuación.

El lunes día 4, nueve de las temporeras que habían conseguido escapar comparecen y presentan denuncia ante la Inspección de Trabajo en Huelva; lo hacen en nombre propio y en el de las trabajadoras que no han podido comparecer. Desde ese primer momento las jornaleras pusieron de manifiesto no solo que no les había sido entregada nunca copia de su contrato de trabajo, ni habían recibido sus salarios, ni siquiera habían podido conocer sus propias nóminas, que no sólo no se les había pagado, sino que las terribles condiciones en las que se les obligaba a vivir y los abusos sufridos, vulneraban su dignidad (y la de todos).  El día 6 de junio, conforme información aparecida en prensa, tiene lugar la visita de inspección en la empresa denunciada cuyo resultado, igualmente se afirma, fue el de absoluta “normalidad” de la actividad de la empresa Denunciada.

Por su parte, el Juzgado nos impidió el acceso a las actuaciones judiciales hasta hace escasos días; sin embargo, como se acredita más abajo, las alcahuetas de los empresarios ya conocían el contenido de las actuaciones judiciales, y lo aprovecharon para intentar engañar y coaccionar, comprar, a las trabajadoras hoy denunciantes, ofreciéndoles arreglarles los papeles, contratarlas los años sucesivos y pagarles el dinero adeudado por sus nóminas, con la finalidad de que retirasen la denuncia  planteada contra la empresa y que acusasen en falso a todos aquellos que las habían ayudado a escapar de su cautiverio (“Habla con ellas a ver si las convences para que retiren aquello, fueron engañadas por parte de aquellos…“;”Tú no apareces en la denuncia. Las que aparecen son…“). Se aportan las transcripciones correspondientes más abajo.

Tampoco hemos conseguido el propósito buscado, ni acudiendo a la Brigada Central de la Unidad de Redes de Inmigración y Falsedades Documentales, UCRIF, ni acudiendo ante la propia autoridad gubernativa. Así, se ha intentado repetidamente poner todos los hechos en conocimiento de la  UCRIF, por considerarlo el cauce más adecuado a la situación, sobre todo teniendo en cuenta los mecanismos que prevén los Protocolos de actuación en prevención de la trata de personas.

Todos nuestros intentos han resultado vanos, rechazándose nuestra petición de formular denuncia por parte de la UCRIF HUELVA, a la que se nos derivó desde la propia Brigada Central, rechazo que se produce, se dice, para evitar duplicidad de investigaciones (claro subterfugio pues sería tan sencillo como cualquier novedad en la investigación que se alcanzase remitirla al órgano jurisdiccional que se entienda competente; ello al margen de que no existen actuaciones judiciales incoadas por Trata de Personas, ni por delitos de Lesa Humanidad).  De la misma forma, amén de los obstáculos burocráticos que ha conllevado varias semanas de gestiones,  la Subdelegación tampoco ha tenido iniciativa hasta ahora para la aplicación del Protocolo, para la protección de las víctimas, viéndose en este sentido condicionado por la propia inactividad de los investigadores policiales, que no han puesto en marcha el mecanismo ordinario  de activación -al margen de que la Subdelegación podría y puede, de hecho, estaba -y está- obligada a ejecutar efectivamente el Protocolo Marco.

Pues bien, al contrario de lo que falsamente se afirma tanto por CGPJ, como por la Fiscalía General del Estado y por el mismo Ministerio del Interior, la ausencia de condenas por los gravísimos delitos de trata de personas y de lesa humanidad (por esclavitud y trabajo forzoso), no se debe a que las víctimas no quieran ir a juicio y abandonen voluntariamente el país antes de ir a juicio. Se debe a que las expulsan ilegal, violenta y delictivamente para que no vayan a juicio vulnerando con ello la legislación española y los Tratados Internacionales a los que hacíamos antes referencia; precisamente para impedir las condenas de los tratantes de esclavos, y proxenetas, que se quieren hacer pasar por empresarios agrícolas.

Pareciera que el trabajo forzoso y esclavo constituya una verdadera cuestión de estado; todas las Administraciones Públicas competentes, el Poder Judicial, la Fiscalía, los Cuerpos policiales y los principales medios de comunicación, están participando activamente en destruir cualquier posibilidad de que estos hechos sean, ya no juzgados, sino ni siquiera investigados.

Esta solicitud de residencia y permiso de trabajo, que reproducimos hoy, se realiza de conformidad con la Directiva comunitaria de aplicación y con la legislación nacional especial en la materia, y recordemos que quienes la solicitan son madres de hijos de corta edad cuyo máximo deseo y aspiración es volver a su país y reencontrarse con sus hijos y familias. Pero, como dicen todas ellas, “con la cabeza bien alta”. Y la cabeza bien alta, en los países musulmanes, significa sin mancha, significa acreditar que todos sus sufrimientos son ciertos y que ellas nunca han sido, ni deseado ser, prostitutas. Se han defendido de las agresiones hasta límites inauditos, pero el hecho mismo de haber sido abusadas, en el mundo rural musulmán, constituye causa de exclusión social; transforma a la mujer en algo “sucio”. Hay una responsabilidad ajena a cualquier culpabilidad. Y, sobre todo, necesitan llevar a sus familias el dinero por el que tan duro han trabajado y tanto han sufrido; para mantener a sus hijos menores, que lo necesitan de una manera vital. (...)