Los
gobiernos de las comunidades autónomas españolas gastan cada año cerca
de 5.700 millones de euros en sufragar convenios y conciertos
asistenciales con los hospitales privados a los que derivan pacientes
por no poder atenderlos. Para hacerse una idea de la magnitud de esa
cifra, sirva como muestra el hecho de que esa cantidad supera con creces
el presupuesto total que destinan conjuntamente a la sanidad las
comunidades de Navarra y el País Vasco, las autonomías con mejores
índices de calidad en atención sanitaria y las que presentan el mayor
gasto per cápita en salud.
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