George Gonzalo y Graciela C comparten enlace. elconfidencial.com Ángel Villarino 8/07/2018
Tienes delante a alguien que explica hechos muy graves que
salpican a altos cargos de la administración pública. Habla de
carrerilla, dando muchas cosas por supuestas. Te abruma con datos, con
documentos y carpetas que contienen más información de la que puedes
procesar en un mes. Te cuenta que lo están acosando desde que se negó a
colaborar en las prácticas corruptas de su departamento, donde ejercía un cargo intermedio. Ha dormido mal y lleva tiempo con ansiedad o deprimido. Te dice que va al psicólogo o que está pensando en hacerlo. Se siente acosado y desamparado.
Muchos
denunciantes encajan con este perfil y se suelen enfrentar a un primer
problema: que alguien se crea su historia y les ayude a filtrarla sin
sufrir represalias. España, reclaman, no está preparada para canalizar
sus chivatazos, ni para protegerlos cuando se deciden a hablar. "Lo que
más falta nos hace es algún tipo de protección automática,
de manera que en cuanto denuncies los jueces tengan que aplicarte esa
protección, un estatus jurídico especial. Es decir, necesitamos que se
haga la trasposición cuanto antes de las normativas de la Unión Europea al respecto, que empiezan a ser garantistas", reclama Jaime González,
portavoz de una agrupación que empezó a reunir en mayo a decenas de
denunciantes. Están en fase de constitución y aún no han elegido ni el
nombre de la asociación. Algunos son caras relativamente conocidas,
testigos de Acuamed, de la Gürtel... de casos que han saltado a los
telediarios (...)
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