viernes, 9 de agosto de 2019

El precio de denunciar la corrupción en España: acoso, depresión, despido y ruina

George Gonzalo y Graciela C comparten enlaceelconfidencial.com     8/07/2018


Tienes delante a alguien que explica hechos muy graves que salpican a altos cargos de la administración pública. Habla de carrerilla, dando muchas cosas por supuestas. Te abruma con datos, con documentos y carpetas que contienen más información de la que puedes procesar en un mes. Te cuenta que lo están acosando desde que se negó a colaborar en las prácticas corruptas de su departamento, donde ejercía un cargo intermedio. Ha dormido mal y lleva tiempo con ansiedad o deprimido. Te dice que va al psicólogo o que está pensando en hacerlo. Se siente acosado y desamparado.
Muchos denunciantes encajan con este perfil y se suelen enfrentar a un primer problema: que alguien se crea su historia y les ayude a filtrarla sin sufrir represalias. España, reclaman, no está preparada para canalizar sus chivatazos, ni para protegerlos cuando se deciden a hablar. "Lo que más falta nos hace es algún tipo de protección automática, de manera que en cuanto denuncies los jueces tengan que aplicarte esa protección, un estatus jurídico especial. Es decir, necesitamos que se haga la trasposición cuanto antes de las normativas de la Unión Europea al respecto, que empiezan a ser garantistas", reclama Jaime González, portavoz de una agrupación que empezó a reunir en mayo a decenas de denunciantes. Están en fase de constitución y aún no han elegido ni el nombre de la asociación. Algunos son caras relativamente conocidas, testigos de Acuamed, de la Gürtel... de casos que han saltado a los telediarios (...)


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