Mikel Tar Orrantia Diez ¿Porqué?
Este domingo 27 de septiembre se han cumplido 45 años de las últimas cinco condenas a muertes ejecutadas en España cuando al dictador Francisco Franco apenas le quedaban dos meses de vida. La hermana de Xosé Humberto Baena Alonso, uno de los cinco últimos ejecutados, ha remitido este viernes una conmovedora carta abierta a la vicepresidenta primera del Gobierno de España y ministra de Memoria Democrática, Carmen Calvo, en la que reclama una enmienda al Proyecto de Ley de Memoria Democrática que el Gobierno ha aprobado para su tramitación parlamentaria, ya que de no ser así la nueva normativa legal no anulará los juicios sumarísimos que sufrieron las últimas víctimas mortales del franquismo, apenas dos meses antes de que cayera la dictadura con la muerte en la cama de Franco.
“Me ha decepcionado enormemente que, en su redacción actual, el artículo 5.3 del proyecto excluya la anulación del caso de mi hermano, entre otros”. María Flor Baena Alonso reclama en una emotiva carta al equipo de Carmen Calvo que ha llevado a cabo la redacción de este proyecto de ley que “corrija esta situación” y que hará “lo que haga falta” de nuevo en esta ocasión como ya hizo en 2004 durante la tramitación de la denominada Ley de Memoria Histórica del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.
“Por eso necesito su ayuda: no nos defraude como pasó en 2007”, insta a la vicepresidenta del ejecutivo de Pedro Sánchez. “Soluciones jurídicas hay y usted que es una mujer vinculada al mundo del Derecho lo sabe mejor que nadie. Si hay voluntad política se puede encontrar la solución técnica”, reclama la hermana de uno de los últimos cincos ajusticiados durante el franquismo, que este domingo 27 de septiembre ha vuelto a homenajear, como cada año en el cementerio de Pereiró en Vigo, donde está enterrado, a su familiar y al resto de los ejecutados.
El citado artículo 5.3 del Proyecto de Ley apunta que “se declararán ilegítimas y nulas, por vicios de forma y fondo, las condenas y sanciones dictadas por motivos políticos, ideológicos o de creencia por cualesquiera tribunales y órganos penales o administrativos durante la dictadura contra quienes defendieron la legalidad institucional anterior, pretendieron el restablecimiento de un régimen democrático en España o intentaron vivir conforme a opciones amparadas por derechos y libertades hoy reconocidas por la Constitución”.
Sentencias franquistas a muerte que seguirán siendo firmes
El magistrado emérito del Tribunal Supremo José Antonio Martín Pallín ha recordado recientemente en El País que “tal y como está redactado el anteproyecto, no podrían anularse sentencias como la que condenó a muerte a Salvador Puig Antich o la que provocó los últimos fusilamientos del franquismo, en septiembre de 1975”, por lo que cree que debería modificarse este texto porque considera que “todos aquellos juicios eran farsas en las que se acusaba de delitos de sangre sin capacidad de defensa”.
La hermana de una de las cinco víctimas ejecutadas por Franco en septiembre de 1975 asegura que su situación “es única” porque, según la LOPJ, sólo puede presentar un nuevo recurso en el Tribunal Supremo si aporta nuevas pruebas, que precisamente no se ajusta a su caso. “He agotado todas las vías e instancias en España y Europa y ante la ONU. ¿Qué solución me da para el caso de mi hermano?”, pregunta María Flor Baena Alonso a la vicepresidenta Carmen Calvo.
Sólo tendría dos opciones: o que el proceso parlamentario del proyecto de ley declare la nulidad de los juicios “injustos celebrados durante la Guerra Civil y el franquismo” o, como segunda opción, que la Fiscalía de Sala para la investigación de los hechos producidos durante la Guerra Civil y la Dictadura “revise y anule, en su caso, y de oficio, los juicios injustos”.
La hermana de este ajusticiado por Franco asegura que no desea una indemnización económica. “Lo único que busco es que se anule el juicio de mi hermano y se limpie su nombre”, añade.
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