25 octubre 2020
Toque de queda/Nuevo Estado de Alarma: "Se prohíbe todo salvo ir a trabajar"
Desde que la pandemia fue “declarada”, en marzo de este año, entre el gobierno central y los diferentes gobiernos autonómicos (es decir, entre el nivel general y el local del Estado) se han tomado las siguientes medidas:
-Un Estado de Alarma, que implicó la absoluta prohibición de abandonar el domicilio, excepto para cubrir las necesidades más perentorias.
-Un Estado de Alarma “suavizado”, en el que se restringió el movimiento de la población a unas pocas horas diarias.
-Un Estado de “nueva normalidad” (decimos estado porque fue legislado como tal), que potestaba a las autoridades para tomar las medidas restrictivas que considerasen oportunas, y cuando lo considerasen conveniente.
-Confinamientos selectivos de pueblos y barrios, casi permanentes como en Íscar y Pedrajas (el confinamiento más largo) o temporales, con Madrid como ejemplo más lacerante: se llegó al despropósito de “sellar” los barrios proletarios de la ciudad dejando libertad de circulación a los habitantes de los barrios burgueses.
-Un “toque de queda”, es decir, la prohibición de circular por la noche a partir de las 22 horas (en Castilla y León) o las 24:00 horas en diferentes ciudades y regiones del país (Madrid, Valencia...). [Finalmente hasta las 23:00 con el nuevo estado de alarma, dejando una hora de margen a las comunidades que quieran adelantarlo a las 22h].
- Y de acuerdo a la prensa, otro Estado de Alarma con nuevas medidas restrictivas que el consejo de ministros aprueba hoy, domingo 25 de octubre.
En todas estas situaciones, tomadas como decimos por uno u otro de los niveles estatales, hay dos constantes: prohibición de reuniones y limitación de la circulación. Y, para garantizarlo, el despliegue masivo de policía, Guardia Civil, ejército y reaccionarios de balcón varios. Es decir, estamos ante medidas que implican un incremento del poder del Estado para controlar la vida diaria de las personas, para prohibir discrecionalmente derechos fundamentales que hasta ahora parecían intocables.
Desde el Estado se afirma que son medidas inevitables para salvar la situación de crisis sanitaria que se vive en todo el país, que son las únicas posibles, que el propio ordenamiento jurídico del país fuerza a ellas, si se quiere evitar la extensión de los contagios.
Pero, seis meses después del inicio declarado de la circulación del virus por España, ¿qué tenemos?
Miles de contagios diarios, centenares de muertos en los hospitales y residencias de ancianos.
El colapso total de la atención primaria, con graves problemas de personal, cansancio y ultraexplotación.
Un sistema sanitario que se ha derrumbado como un castillo de naipes, miles de muertes asociadas a otras patologías diferentes del virus pero que se producen por la falta de medios médicos que venía de lejos y se ha agudizado con la pandemia.
Todo esto, después de haber pasado casi tres meses, en los que el Estado se ha empleado a fondo para impedir la movilidad: que ni siquiera los niños pudiesen salir a la calle. Esta semana que entra, más de mil personas morirán mientras el Estado afirma que está haciendo todo lo necesario.
¿Cuál es el problema? Básicamente que el Estado no está tomando ninguna medida sanitaria. Todos sus esfuerzos van dirigidos hacia la imposición de un sistema represivo reforzado por todas las prerrogativas legales que tiene en su mano (y las que no, se las inventa, visto que muchos juristas comienzan a hablar de extralimitación en la “libertad” con que los gobiernos autonómicos están tomando para imponer cierres perimetrales, toques de queda, etc.).
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