Ter García - Gráficos: Ana Álvarez
20 ENE 2021
Uno de los capítulos de este informe, elaborado para la fundación por los periodistas Miquel Ramos y Nora Rodríguez, detalla las operaciones que los cuerpos de seguridad del Estado han emprendido contra organizaciones de extrema derecha, muy pocas y con leves consecuencias penales, a pesar de los avisos que a nivel internacional se han dado sobre la peligrosidad de estos grupos.
“A pesar de que todos los organismos internacionales expertos en seguridad y terrorismo advierten de que el terrorismo de extrema derecha es una amenaza potencial al nivel del yihadismo, en España no se ha considerado juzgar por terrorismo la actividad de los grupos neonazis armados”, explica Ramos, uno de las personas responsables del estudio, especializado en monitorear a grupos de extrema derecha y en investigar crímenes de odio. “Ni siquiera consideraron terrorismo el caso del francotirador, del que la Audiencia Nacional rechazó el caso al no considerar que el terrorismo de extrema derecha sea una amenaza en España”, añade en referencia a Manuel Murillo, simpatizante de la extrema derecha que en 2018 fue detenido después de intentar un atentado contra el presidente Pedro Sánchez por la exhumación del cuerpo de Franco del Valle de los Caídos y cuyo proceso judicial, aún en curso, se sigue en los juzgados de Terrassa. “A lo largo del informe se puede ver como en el Estado existen partidos legales abiertamente neonazis, que exhiben simbología nazi en sus actos, organizaciones que hacen continua apología del franquismo y regímenes genocidas sin consecuencias legales”, añade Nora Rodríguez.
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