- 6 de junio de 2021
Lucía Ruíz despreció la ventaja y la comodidad de ocuparse sólo de la administración de una ascendencia. “Nunca sufrí problemas de tierra –cuenta– porque mis abuelos vivieron sobre un fiscal (en referencia al terreno o lote que forma parte del Estado) que pasó a mis padres y después a mí. Tuve la suerte de que mis antepasados estuvieran bien ubicados. El conflicto se da con los titulares registrales privados. Ellos llegan y hacen lo que quieren; engañan a los poseedores, los echan y se apoderan de los montes”.
La resistencia al despojo tuvo consecuencias: Lucía junto a otros tres compañeros de la Coordinadora Zonal de Tierras de la Ruta 81 fueron acusados por el empresario Javier Vidizzoni de “robo en despoblado y en banda, coacción con arma, abuso de armas y daños en concurso real”, a raíz de una disputa de campos en Colonia La Juanita y La Santafesina, en el Chaco Salteño. Esta semana, finalmente, la Sala II del Tribunal de Juicio de Tartagal los declaró inocentes, provocando la celebración de las organizaciones campesinas y de los defensores de los derechos ambientales y territoriales.
“Ellos, al tener el poder, se creen con el derecho de venir y hacer a un lado a los poseedores. En el año 2010 sacamos una ley provincial (la 7658, que impide el desalojo o desocupación de tierras poseídas por familias rurales y pequeños productores agropecuarios), que aunque esté reglamentada nadie cumple, porque no le pusieron los fondos ni la voluntad política. Acá tienen campos los Peña Brown, los Macri, hasta Tinelli; todos ellos vinieron, corrieron a las familias y desmontaron. No hay un solo gobierno, ni provincial ni nacional, que apueste por los pequeños productores. Estamos desprotegidos”, se lamenta Lucía (...)
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