Mertxe Roel BarcenaLO QUE LA TV NO NOS DA 2/8/21
La Fiscalía Anticorrupción ha recurrido en las últimas semanas varios autos del juez Manuel García-Castellón en los que archivaba causas abiertas por corrupción contra empresas importantes y en los que denegaba determinadas diligencias para investigar la supuesta financiación ilegal del PP de Madrid a través del Gobierno de Esperanza Aguirre.
Las decisiones del juez están relacionadas con el caso Púnica, una de las grandes causas de corrupción que instruye García-Castellón desde el Juzgado número 6 de la Audiencia Nacional. El caso Púnica investiga una trama ―con una decena de ramificaciones― vinculada a administraciones públicas y que afecta a numerosos altos cargos madrileños del PP. La expresidenta Esperanza Aguirre y su sucesor, Ignacio González, están imputados en este proceso.
(...) Por su parte, la Fiscalía Anticorrupción ha recurrido en los últimos meses hasta tres piezas separadas del caso Púnica. Los fiscales censuran en términos muy duros las decisiones adoptadas por el juez García-Castellón.
Recalificaciones en Valdemoro
Anticorrupción recurrió en marzo pasado el archivo provisional de la causa contra dos empresarios de la construcción de Valdemoro y los representantes de El Corte Inglés por una recalificación de terrenos supuestamente fraudulenta que perjudicó al Ayuntamiento de la localidad, gobernado por el PP.
La Fiscalía acusó al instructor de haber vulnerado su derecho “a la tutela judicial efectiva”, de archivar la causa contra los constructores “sin esperar a conocer el resultado de un informe pericial”, y de contestar a los recursos de la Fiscalía y de Adade “negando valor a los datos objetivos extraídos de las fuentes de prueba utilizados en la causa”. El juez incurre, según Anticorrupción, en “contradicciones y razonamientos ilógicos” y acuerda un “sobreseimiento prematuro”. La Fiscalía llegó a sugerir que el instructor “parece ejercer de defensa de los investigados”.
La sección cuarta de la sala de lo penal de la Audiencia Nacional revocó el pasado 1 de julio el archivo decretado por el juez y ordenó continuar con la investigación, manteniendo a los constructores como imputados.
Desvío de fondos de la Comunidad de Madrid
El juez rechazó por “innecesarias e inútiles” más diligencias solicitadas por la Fiscalía Anticorrupción para investigar el supuesto desvío de fondos públicos de la Comunidad de Madrid a distintas empresas privadas, entre ellas Indra, dentro de la causa por financiación ilegal del PP. “Es un goteo en la solicitud de diligencias sin justificación alguna en base a datos que constan en el sumario desde 2017”, argumentó el juez.
La Fiscalía reprochó al instructor que llevaba tres años sin incorporar al sumario las pruebas encontradas en el registro a varios dirigentes del PP en relación con la financiación ilegal de este partido. También criticó al juez por rechazar nuevas diligencias de investigación sobre Indra, pese a que esta empresa admitió haber pagado por servicios nunca prestados a sociedades que supuestamente financiaron ilegalmente al PP de Madrid. “No se explica el cambio de criterio del instructor”, escribieron los fiscales en su recurso (...)
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