Una mujer maltratada es detenida, vejada y apartada de sus hijas en un delirante proceso judicial en Extremadura

Ángeles Fernangómez

¡Madre mía! ¿Cómo se van a atrever a denunciar muchas mujeres maltratadas si, además de la anulación paulatina que sufren por miedo en casa, se unen estos tratos judiciales? Y luego... ¡otra mujer más asesinada, y otra, y otra más..!

Hay que formar en esto a los jueces y que escuchen los testimonios de otras víctimas y supervivientes, porque los parámetros del proceso del maltrato son siempre similares, por no decir exactos. Y la mujer acaba ya sin fuerza ni razón para defenderse del agresor.

Afortunadamente, la mayor parte de los hombres no son así, pero tienen que unirse a las mujeres para acabar con esta lacra. Muchos ya lo hacen.

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PUBLICO.ES    

MARISA KOHAN,    23/04/2021

Una mujer maltratada es detenida, vejada y apartada de sus hijas en un delirante proceso judicial en Extremadura

La denuncia de los malos tratos que Sara B. B. sufría por parte de su pareja inició un enrevesado proceso judicial en el que dos de las juezas han sido expedientadas por el CGPJ por decisiones que califica como "medievales". El Constitucional valora si el tratamiento dado a la mujer por parte de la Policía puede considerarse como "tortura"

El caso de Sara B.B. parece la trama de un thriller judicial en el que cada vuelta de tuerca es más sorprendente que la anterior. Fue detenida sin previo aviso cuando acudió al juzgado junto a su hija pequeña para recoger un documento. En pocas horas, fue detenida, obligada a desnudarse y someterse a un examen de sus partes más íntimas y separada de sus hijas de forma violenta porque su expareja la acusó de haber secuestrado a las niñas y de estar en paradero desconocido (incluso en el extranjero), a pesar de que no se había movido de su casa. Sara seguía trabajando en el mismo hospital y las niñas seguían haciendo su vida habitual. Un disparate judicial de tal alcance que dos de las juezas que participaron en el caso han sido expedientadas por la comisión disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por aplicar lo que han calificado como métodos "medievales", y el Tribunal Constitucional valora si admite recurso un de amparo por tortura hacia ella.

Desde hace dos años Sara no ve a sus hijas ni ha podido hablar con ellas, aunque no existe una orden de alejamiento ni prohibición de comunicación. Recientemente, los abuelos maternos han podido verlas por espacio de una hora los domingos en un punto de encuentro familiar, pero con la condición de que no pueden hablar sobre la madre con ellas, ni mostrarles fotos ni llevarles regalos. Así lo solicitó la abogada de su expareja y lo estableció un juzgado en uno de los autos. A lo largo de todo el proceso judicial que dura ya más de cinco años, los autos y sentencias revisados por este periódico muestran una extraña complacencia con los deseos y solicitudes de la expareja de Sara en las decisiones judiciales, incluso hasta el punto de constituir irregularidades jurídicas.

Cuatro años después de comenzado el litigio por la custodia de las niñas, las medidas impuestas siguen siendo provisionales y el próximo 27 de abril(*) tendrá lugar la vista ​definitiva en el juzgado de Zafra (Badajoz)

De los malos tratos al vapuleo institucional

Todo comenzó en febrero de 2016, cuando Sara acudió a la primera revisión de su segundo embarazo y el médico detectó que se encontraba "en estado de crisis de ansiedad" y con un "trastorno depresivo" y de oficio inicia el proceso. Es entonces cuando Sara empieza a narrar los malos tratos físicos y psicológicos de los que estaba siendo víctima desde hacía tiempo. "Ella no quería denunciar, pero la apertura del informe médico de maltrato abrió el proceso", explica Ana María González, de la organización Mujeres Libres, Mujeres en Paz, que le presta apoyo. Esta organización, junto a otras, ha impulsado la campaña #MamáEstáCastigada para recabar apoyo ciudadano para Sara (...)