lunes, 3 de enero de 2022

La fiscal de la causa archivada contra una residencia donde murieron 75 mayores no acudió a la declaración del único imputado porque “estaba de vacaciones”

 Pelayo Martín  18/12/21

La buena suerte de que te asesine ETA... la mala suerte de que te asesine
una presidenta de Comunidad Autónoma... hasta en eso hay clases.

La residencia Elder, en la localidad de Tomelloso (Ciudad Real), 
figura en un ranking catastrófico: es una de las diez de toda 
España donde más personas fallecieron durante la primera ola del 
covid. 
En la primavera de 2020 murieron 75 residentes, casi la mitad de 
los 160 que vivían allí. Ocho familiares presentaron una denuncia 
y el Juzgado de Instrucción número 1 de Tomelloso inició una de 
las pocas causas abiertas en los tribunales por lo ocurrido en cientos 
de residencias de España, donde murieron más de 20.000 personas
 en los tres primeros meses de la pandemia. Pero el juez Daniel 
Vicente Pérez ha decidido enterrar pronto la esperanza de los 
familiares en que se hiciera justicia. Este jueves, 9 de diciembre, 
archivó la causa contra el único imputado: José Manuel Sampedro
director de la residencia Elder en marzo de 2020. Las muertes se 
debieron a “circunstancias desafortunadas”, sostiene el juez.

José Manuel Sampedro, periodista de formación y que carecía de 

cualquier experiencia en el sector antes de ser nombrado director 

de la residencia Elder, era también concejal del PP en el 

Ayuntamiento de Tomelloso cuando ocurrieron los hechos. 

Elegido en las municipales de 2019, se vio forzado a presentar 

su dimisión en diciembre del año pasado, dos semanas 

después de ser imputado por el juez que investigaba la 

denuncia de los familiares de los fallecidos en Elder. 

La residencia es propiedad de una fundación del mismo nombre, 

que preside el padre de Sampedro.

La instrucción judicial ha durado poco más de un año, tiempo que 

solo ha servido para tomar declaración al único investigado y a seis 

testigos, para analizar algunos mensajes del móvil de Sampedro y 

para recibir alguna documentación de la Fundación Elder y de la

Junta de Castilla-La Mancha, que intervino el centro el 19 de marzo 

de 2020, cuando ya habían fallecido 15 personas y decenas 

estaban contagiadas y morirían en las siguientes semanas. 

En esa instrucción al ralentí –Sampedro no declaró hasta ocho 

meses después de ser imputado–, hay un hecho que llamaba 

especialmente la atención: la pasividad casi absoluta de la Fiscalía (...)

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OTRA COSA:   “De la Guerra del Crucifijo al Pin Parental: la derecha española contra la Escuela Laica”, de Lucio Martinez Pereda  

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