La ley del Gobierno encaminada a proteger a las personas que informen sobre infracciones normativas y de corrupción se somete este miércoles a su último examen en el Senado. Después de su tramitación en ambas cámaras (en el Congreso recibió el respaldo del Gobierno y sus socios mientras que PP y Vox votaron en contra), el resultado de la norma, que busca transponer al ordenamiento español una directiva europea de 2019 sobre esta cuestión, corre peligro de "acabar siendo un mero trámite de mínimos para cumplir" con dicha adaptación exigida por la UE.

Así lo traslada Xnet, la plataforma de derechos digitales y actualización de la democracia al siglo XXI, que a su vez pertenece a la Whistleblowing International Network (WIN). Precisamente, de cara a la aprobación de la norma, que volverá previsiblemente al Congreso para ratificar algunas correcciones puntuales incluidas en el Senado, esta organización emitió el pasado 25 de enero una carta con carácter urgente a la Comisión Europea.

En la misiva, la Red Internacional de Denuncias WIN, que aglutina a cerca de 30 asociaciones, ya advirtió que el proyecto impulsado por el Ministerio de Justicia es "disfuncional" y "poco claro" en aspectos sensibles, además de "violar" y "socavar" aspectos clave de la directiva. Asimismo, señaló nueve puntos que "violan los estándares mínimos requeridos por la Directiva de la UE".

La futura ley que supuestamente protegerá a informantes viene plagada de amenazas a periodistas, 'hackers' y denunciantes

Por otro lado, tanto WIN como otros miembros asociados activos en España (Xnet, Government Accountability Project, The Signals Network y Blueprint for Free Speech) han expresado su "preocupación" por la "falta de compromiso político serio" del Gobierno en lo relativo a la adaptación de dicha directiva de la UE sobre la protección de informantes. "Podría ser desastroso para las personas informantes/alertadoras e incluso impugnable ante la UE", remachan.

En el marco de este comunicado publicado este martes, la directora ejecutiva de WIN, Anna Myers, y el director jurídico del Government Accountability Project, Tom Devine, han manifestado su "alarma" al observar que "los políticos no logran comprender el valor y la importancia de proteger a los  informantes como una de las formas más efectivas de prevenir la corrupción e identificar los abusos de poder con suficiente antelación para detener el daño". "Si lo hicieran, estarían luchando para que España tuviera la mejor ley de Europa. En cambio, el mensaje para la gente de España sigue siendo 'habla bajo tu propio riesgo'", apostillan en un comunicado.

Principales "fallas"

Así, tanto WIN como Xnet han señalado a los senadores las principales "fallas" de la ley, que resumen en buena medida los puntos que Anna Myers trasladó a la Comisión Europea. Entre ellos, destaca que la norma solo ampara la denuncia de hechos "graves y muy graves", dejando fuera un "sinfín de otras infracciones, como el acoso o el abuso de poder, cuando deben incluirse todas las amenazas o daños al interés público"(...)