Carlos Navarro Castelló 3 de febrero de 2023
Hasta ahora no se había hecho público el contrato por el que, en los últimos años de Gobierno del PP en la Generalitat Valenciana, se traspasó a la gestión privada la Universidad Internacional de Valencia (VIU), creada en 2008 y dedicada a la enseñanza online.
La puesta en marcha de la VIU había costado 34 millones de euros de dinero público, según dijo entonces la Generalitat Valenciana. El proceso de privatización se llevó a cabo en 2013 y tan solo se informó de que se ampliaba el capital social para dar entrada a un socio privado, el grupo Planeta, que adquirió el 70% de la institución por cuatro millones y que se comprometía a invertir otros 17,8 millones en cuatro años. La realidad, sin embargo, es diferente a lo que entonces se explicó.
El documento confidencial, al que ha tenido acceso elDiario.es, revela que la operación implicó la inyección desde la Fundación VIU de 5,7 millones en una sociedad limitada a la que se atribuyeron los activos de la VIU, y la posterior venta de un 70% de las acciones por cuatro millones de euros al grupo Planeta. Estos 5,7 millones se corresponden con la valoración que se realizó de los bienes, derechos y obligaciones de la VIU. De ellos, la Fundación VIU desembolsó 570.000 euros en concepto de capital social con dinero público y otros 5,13 millones se pusieron en concepto de prima de asunción, es decir, valor patrimonial, mediante la aportación del pleno dominio y titularidad del conjunto de bienes de la institución.
La entonces consellera de Educación y presidenta de la Fundación VIU en 2013 era María José Català, actual portavoz del PP en el Ayuntamiento de València y a la vez portavoz en las Corts Valencianes. La también candidata 'popular' a la alcaldía en las próximas elecciones municipales trabaja además como profesora en la Universidad que privatizó sin que hasta ahora haya hecho público de forma detallada su sueldo como docente.
El proceso de venta de la institución, creada en 2008 por el Gobierno valenciano de Francisco Camps y con un coste de 34 millones de euros durante sus primeros años de funcionamiento para las arcas autonómicas, se fraguó en 2013, con Alberto Fabra en la presidencia de la Generalitat Valenciana, y estuvo pilotado por Catalá como presidenta de la Fundación y consellera de Educación.
Catalá, tal como revela la documentación en poder de esta redacción, dio el visto bueno a la apertura de un proceso de ampliación de capital para la entrada de un socio privado. Así, se convocó un proceso de diálogo competitivo, que en su momento ya generó serias dudas al no tratarse de un concurso público abierto, tal y como expresó el entonces rector, Juan Manuel Badenas, que denunció ante notario supuestas irregularidades (...)
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