3 /5/23
Un informe del organismo de la OEA afirma que se produjeron "ejecuciones extrajudiciales" y sostiene que la violencia ejercida por los agentes del Estado peruano debe ser investigada "con un enfoque étnico-racial".
Manifestantes contra el Gobierno de Dina Boluarte se plantan delante de agentes de Policía en Lima durante una protesta en enero de 2023. — Hector Adolfo Quintanar Perez / EUROPA PRESS
El informe de la CIDH analiza los episodios de violencia y represión policial que se cometieron durante las protestas, especialmente en las ciudades de Ayacucho y Puno y llega a la conclusión de que se cometieron "graves violaciones" de los derechos humanos. "Al ser perpetradas por agentes del Estado, las muertes podrían constituir ejecuciones extrajudiciales", asegura el organismo, con sede en Washington.
En el caso de Ayacucho, la CIDH sostiene que la violencia en esa localidad debe ser investigada "con un enfoque étnico-racial", y considera que la situación podría ser considerada como "una masacre".
Ayacucho fue escenario el pasado diciembre de una mortal protesta en la que varios manifestantes trataron de tomar el aeropuerto, lo que provocó que los militares abrieran fuego contra ellos, según puede verse en numerosos vídeos difundidos en redes sociales. Ocho personas murieron y 26 fueron heridas. Las necropsias mostraron que todas las víctimas murieron por disparos de armas de fuego dirigidos al tórax, al abdomen y a la cabeza. "Dadas las circunstancias de modo, tiempo y lugar, podrían calificarse como una masacre", recalca la CIDH en su informe.
El organismo se refirió también a los sucesos de Juliaca, donde 17 manifestantes murieron el pasado enero en enfrentamientos con la Policía. "En esa ciudad se habrían presentado situaciones de uso excesivo e indiscriminado de la fuerza por parte de agentes del Estado, que habrían resultado en graves violaciones de derechos humanos en contra, tanto de participantes en las protestas, como de terceras personas", asegura la CIDH en su informe.
Con todo, el organismo detalló que durante su investigación, que cubre el período entre el 7 de diciembre y el 23 de enero, "la respuesta de las fuerzas estatales [a las protestas] no fue uniforme en todo el territorio nacional y que hubo graves episodios de uso excesivo de la fuerza en casos concretos".