Doñana por un puñado de votos: los 79 concejales en juego por la ampliación de regadíos que impulsan PP y Vox

14 de abril de 2023 

 Antonio Morente

• El impacto electoral de la ley de regadíos en la comarca podría ser mayor en las generales que en las municipales, sobre todo si el PP, en caso de llegar al Gobierno, alimenta expectativas con la gestión del agua

• — Javier Castroviejo: “Doñana está al borde de la desaparición por la impunidad de los responsables y el incumplimiento de las leyes”

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• A principios de siglo, cuando la mina de Boliden empezó su hundimiento tras el vertido tóxico al Guadiamar que se quedó en las puertas de Doñana y del que se van a cumplir ahora 25 años, los mineros de Aznalcóllar se lanzaron a protestar reclamando una solución para su inestable situación y en aquellas manifestaciones hizo especial fortuna la frase que podía leerse en una de sus pancartas: Queremos que nos traten como a los linces. Esa sensación de que en el entorno del parque nacional se antepone la protección ambiental a las personas es la misma que tienen los agricultores que se beneficiarán de la ley que legalizará regadíos en la zona (que esta semana ha empezado su tramitación parlamentaria), un malestar que llevan años intentando capitalizar tanto PP como Vox.

  
  

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Este pulso por el campo, por el voto rural, es lo que se esconde tras una iniciativa que ha provocado un terremoto con impacto europeo y en el mundo científico y que explica el porqué de esta decisión del Gobierno andaluz con un elevado coste de imagen –nacional e internacional– en un territorio históricamente gobernado por el PSOE pero en el que, al fin y al cabo, sólo están en disputa 79 concejales en las próximas elecciones municipales. La cuestión es altamente inflamable y muy sensible en la zona, de ahí la tentación de capitalizarla como sea, hasta animando a hacer escraches a políticos socialistas como en 2019 llegó a decirle a los agricultores el entonces vicepresidente del PP de Huelva.

Y si la cuestión es inflamable y sensible es porque hablamos de mucho dinero, porque los frutos rojos –cultivo principal en estos invernaderos– dejan mucho dinero. La provincia de Huelva ejerce el monopolio nacional al acaparar el 97% de la producción, lo que se traduce en ventas por encima de los mil millones de euros, 380.000 toneladas de productos (el 70% son fresas) muy orientados al mercado internacional y la generación de 100.000 empleos. De todas estas cifras, el 90% se concentra en el entorno del parque nacional.

Con todos estos mimbres, la acusación de electoralista ha acompañado a esta proposición de ley desde que se presentó por primera vez en enero de 2022, un año en el que había elecciones autonómicas que finalmente se adelantaron. Y lo mismo se le reprocha ahora, cuando ha llegado al Parlamento andaluz a mes y medio de las municipales del 28M. “Es que en España estamos en elecciones permanentes, siempre va a coincidir con alguna”, se defiende el presidente del PP de Huelva y el diputado que más ha luchado por cristalizar esta ley, Manuel Andrés González, que insiste en el mensaje de que no se buscan votos, sino “solventar el problema a unos agricultores que llevan sufriendo diez años”.

Un precedente que se sienta

Eso se hace con una norma que no sólo les genera la expectativa de que conseguirán su objetivo, sino que también sienta un precedente exportable a situaciones similares en el resto de Andalucía. Y de paso abre otra puerta con vistas a que tenga su reflejo más en las generales que en las municipales: el PP va a aprobar una ley para que ahora estos cultivos sean regables pero no va a llegar agua porque otorgar ese derecho depende de un organismo estatal como es la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG). Sin embargo, ¿qué pasaría si en el Gobierno central estuviese un Alberto Núñez Feijóo que ya se ha alineado con Juan Manuel Moreno en esta cuestión? Tirando de ese hilo de futuribles, hay agricultores que fantasean con la posibilidad de que el día de mañana haya una amnistía y les puedan anular las multas por piratear agua del acuífero, todo ello con la convicción arraigada de que en Huelva hay agua más que suficiente –pese a la situación crítica de sequía– y de que el problema es de falta de infraestructuras (...)

+   20/4/23     Mateo Santamarta Paniagua

#155Andalucia

Las multas no las pagan los señoritos, las pagamos todos.

Bruselas vuelve a advertir a España de que tomará medidas si se aprueba el plan de Doñana

Una respuesta del Comisario de Medio Ambiente deja claro que la UE no se quedará parada si el plan de regadíos de Doñana contrapone el derecho de la UE y hara uso de "todos sus medios" para que se cumpla.

(La Sexta)