La toma de posesión del gobierno que salga del 28M casi se solapará con el fin de la moratoria a las licencias, que será el 5 de agosto, pero las plataformas de afectados creen que las propuestas de regulación son insuficientes y no solucionan los problemas ya creados.
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El 5 de agosto finaliza la “moratoria” de las cocinas fantasma o dark kitchens, una medida tomada por el Ayuntamiento de Madrid en agosto de 2021 por la cual, presuntamente, dejaba de otorgar licencia a esta tipo de negocios enfocados al envío de comida a domicilio que habían tenido su ‘boom’ durante los meses de confinamiento y desescalada de la pandemia. El gobierno municipal de PP y Ciudadanos las ha usado como argumento para presionar a la oposición y a Vox para aprobar la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que las regularía, algo que dado los tiempos electoral con la inminencia de las municipales casi resulta irrelevante gane quien gane las elecciones.
Con todo, los vecinos afectados señalan que ese presunto momento de “ley de la selva” en que se podrán pedir licencias ilimitadas no tiene sentido: se han seguido otorgando sin control. Piden una regulación como la de Barcelona, que las ha expulsado de zonas residenciales, y pueden tener un aliado inesperado en que dejen de expandirse: la inflación.
Santiago Navas, de la Plataforma Vecinal de Afectados por las Cocinas Fantasma y vecino de Tetuán, el barrio donde se concentran mayor número de estos locales, señala como “la moratoria no ha servido para nada”, y hasta este mes de marzo se han seguido abriendo nuevas cocinas, en concreto una en la calle Salamanca, en una antigua nave industrial. “El problema es que es muy difícil que los vecinos podamos denunciarlas porque eso cuesta dinero y nuestro barrio tiene una circunstancias económicas. Para combatirlos, si el ayuntamiento sigue dando licencias, dependemos de unos recursos que no tenemos”.
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