12/6/23
MARISA KOHAN@KOHANM / ANA MARÍA PASCUAL
Varios expertos consultados afirman que el Alto Tribunal "retorció la Constitución" para culpar a Montero y que el mensaje que envía la sentencia impone una "mordaza social" para hablar sobre la violencias machistas y los maltratadores.
El fallo de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, conocido el pasado viernes, por el que se condenó a Irene Montero por la vulnerar el derecho al honor de Rafael Marcos, expareja de María Sevilla, ha sido duramente criticado por diversos juristas consultadoss por este periódico. Algunos consideran que el fallo "va contra derecho y que el Alto Tribunal retorció la interpretación de la Constitución" para culpar a la ministra, mientras que otros ponen el foco en que la sentencia "impone una mordaza social" a la hora de hablar de las violencias machistas, coartando la libertad de expresión, no sólo de Montero, sino de las mujeres que la sufren.
El fallo del Alto Tribunal entiende que las declaraciones de la ministra de Igualdad constituyen una intromisión ilegitima y una vulneración del derecho al honor, a pesar de que en su alocución Montero no mencionara el nombre de Rafael Marcos ni afirmara de él que fuera un maltratador.
Los hechos se remontan a una intervención de la ministra de Igualdad en un acto institucional el 25 de mayo de 2022 para presentar el nuevo edificio del Instituto de las Mujeres, dependiente de su Ministerio. En él, Montero arrancó el evento congratulándose de que el Gobierno acabara de otorgar un indulto parcial a María Sevilla (expresidenta de Infancia Libre), condenada a dos años y cuatro meses de prisión por sustracción de su hijo.
En su discurso, Montero reafirmó, además, "la voluntad de este Gobierno, cada vez más firme, para proteger a todas las madres protectoras. Como sabéis, las madres protectoras sufren injustamente y, en muchos casos (...) la criminalicación y la sospecha por parte de la sociedad, cuando lo que están haciendo no es otra cosa que defenderse a sí mismas y defender a sus hijos e hijas frente a la violencia machista de los maltratadores".
La ministra resaltó, demás, la importancia de que el Estado salde la deuda que tiene con estas madres y que "hagamos políticas públicas que garanticen que los maltratadores no pueden asesinar a sus hijos e hijas" y que sea capaz de "proteger de forma efectiva a las madres protectoras. "Le debíamos este indulto parcial a María Sevilla", concluyó (...)
"Va contra derecho y retuerce la Constitución"
En declaraciones a Público, Joaquín Urías, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla, es tajante: "En esta ocasión el Tribunal Supremo no ha actuado conforme a derecho, retorciendo la Constitución para condenar a la ministra, que estaba ejerciendo su libertad de expresión", afirma.
Según este jurista, el Supremo realiza una cita equivocada de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre la presunción de inocencia. Afirma que lo que el Constitucional dice es que sin condena no cabe atribuir efectos jurídicos del condenado. "Pero el Supremo lo aplica a las declaraciones públicas. Decir que la presunción de inocencia prohíbe acusar a alguien de cometer delitos si no está condenado previamente es una barbaridad; es contrario a la jurisprudencia tanto del TC como del TEDH [Tribunal Europeo de Derechos Humano] y supondría el fin de las libertades de expresión y prensa" (...)
Mordaza social
Para la jurista Laia Serra, experta en violencia de género y libertad de expresión, se trata de una sentencia "terrible", sin ninguna perspectiva de género y que "lanza un mensaje demoledor". "Lo que viene a decir el tribunal en la sentencia es que solo se podrá hacer una denuncia pública sobre violencia machista si existe una sentencia condenatoria firme contra un agresor. Si una ministra en el ejercicio de su cargo no puede hacer una denuncia social y emitir un mensaje simbólico sobre estas violencias, ¿qué posibilidades tendrán otras mujeres para hablar sobre ellas?"
Esta jurista afirma que la decisión del Supremo ataca a un cargo público que tiene legitimidad y conocimiento sobre el tema y cuya labor es la de denunciar las violencias que sufren las mujeres. "Está claro que la intención de Irene Montero en su discurso no era la difamación, sino la denuncia pública de una realidad para pedir ayuda y concienciar" y califica que entenderla e la forma en la que lo hizo el Supremo, supone un peligroso retroceso.
Serra recuerda que la violencia machista, especialmente la violencia sexual que sufren los menores, está ínfimamente penada. Según datos de organizaciones como el Consejo de Europa o Save the Children, uno de cada cinco menores sufren violencias sexuales y la mayoría de éstas a manos de sus padres o personas de su entorno. A pesar de la alta prevalencia, sólo entre un 10% y un 15% de estas agresiones acaban en denuncia, y de este mínimo porcentaje el 70% no llega a iniciar un juicio oral por falta de pruebas. El resultado es una infradenuncia y una falta de condena de este tipo de violencias que ha sido denunciada por diversas organizaciones de defensa de la infancia (...)
No hay comentarios:
Publicar un comentario