miércoles, 30 de agosto de 2023

Euskadi intenta embargar a los gestores del vertedero de Zaldibar para recuperar los 28 millones gastados tras el derrumbe

 Iker Rioja Andueza   28 de julio de 2023 



El Gobierno vasco ha iniciado ya la ejecución de embargos de “bienes inmuebles, participaciones sociales y pensión” a los antiguos responsables de la empresa Verter Recycling, titular del vertedero de Zaldibar caído en febrero de 2020 y que adeuda una cantidad superior a los 28 millones de euros por los trabajos de emergencia y de estabilización que tuvo que costear la Administración tras el alud que mató a dos trabajadores, Joaquín Beltrán y Alberto Sololuze. ¿Por qué se ha llegado a esa situación? La mercantil quebró y no tiene recursos para saldar la deuda y el Ejecutivo busca que sean los exgestores, con sus propios recursos personales, los que cubran todo o al menos parte de ese capital, aunque ellos están intentando una sucesión de recursos para que no sea así.

Según recalca la consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, Arantxa Tapia, en una respuesta enviada al Parlamento Vasco a instancias de Elkarrekin Podemos-IU, el expediente fue trasladado al área de Economía y Hacienda para iniciar la vía de apremio ante la evidencia de que no se iba a afrontar voluntariamente el pago de una cantidad equivalente, por ejemplo, al 65% del presupuesto total anual del área de Tapia para la partida de “protección del Medio Ambiente”. “Es palmario que, con la liquidación del patrimonio de la mercantil, en sede concursal sólo se va alcanzar a cubrir una parte de la totalidad de la deuda referenciada. Ante esa coyuntura de inminente fallido recaudatorio parcial y con objeto de proteger los legítimos derechos económicos de la Hacienda general del País Vasco, [...] se decidió iniciar actuaciones de derivación de responsabilidad subsidiaria contra las personas físicas gestoras y administradoras de Verter Recycling”, indica Tapia. En concreto, son tres los afectados. Barinaga y sus familiares Arrate Bilbao y Elena Susaeta constan como apoderadas en el registro mercantil antes del concurso de acreedores, que ha situado como administrador a Eneko Caballero.

Ya en julio de 2022, hace un año, se acordaron “medidas cautelares de embargo”. Desde entonces, presentaron un “recurso de disposición” ante la propia Administración y después una “reclamación económico-administrativa”. Nuevamente, cuando se activó el embargo definitivo llegaron nuevos recursos. Todos ellos están siendo desestimados. Se trata de procedimientos paralelos a los judiciales. En el caso de la caída de Zaldibar se activaron dos causas penales. Una ya está resuelta y Barinaga y el resto han admitido la comisión de un delito de homicidio imprudente por los riesgos que había de derribo, ante los que no actuaron. No irán a la cárcel pero han tenido que abonar elevadas responsabilidades económicas. La segunda continúa abierta y avanza muy lentamente. Se trata de una investigación de los supuestos delitos ambientales asociados a una catástrofe que generará consecuencias en ese entorno durante décadas (...)


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