Nathaniel Rugh / Marcel Llavero Pasquina 30/08/2023
Los críticos denuncian que las compensaciones de carbono no son más que papel mojado para permitir a la industria de los combustibles fósiles vender su producto sin sensación de culpa
En CTXT podemos mantener nuestra radical independencia gracias a que las suscripciones suponen el 70% de los ingresos. No aceptamos “noticias” patrocinadas y apenas tenemos publicidad. Si puedes apoyarnos desde 3 euros mensuales, suscribete aquí
Las empresas de combustibles fósiles utilizan cada vez más las compensaciones de emisiones de carbono para afirmar que están consiguiendo la neutralidad climática. Gigantes del petróleo y el gas como BP, Shell, Total Energies y Eni han utilizado créditos de carbono para suministrar combustibles fósiles denominados “neutros en carbono”.
Además, las estrategias a largo plazo para llegar a la neutralidad climática de Eni, Shell, Total Energies, Chevron y ExxonMobil incluyen cantidades sustanciales de compensación de carbono.
Según un informe publicado por Shell, en 2030 se compensarán hasta 1,5 millones de toneladas de CO2 en todo el mundo, por un valor de entre 10.000 y 40.000 millones de dólares, frente a los 2.000 millones de dólares de 2021.
Ahora, cuatro estudios de casos registrados en el Atlas Global de Justicia Ambiental (EJAtlas) revelan que la compensación de carbono violenta los derechos de los pueblos indígenas a través del despojo de tierras, la violencia, la militarización de sus territorios ancestrales, la pérdida de acceso a recursos naturales vitales y la privación de derechos.
Al mismo tiempo, todos los proyectos estudiados venden créditos que son papel mojado, y en tres de ellos los ingresos están sujetos a acuerdos financieros opacos que marginan y excluyen a las comunidades locales.
¿Cómo funcionan las compensaciones de carbono?
Las empresas de combustibles fósiles compran créditos de carbono en el mercado voluntario para compensar las emisiones asociadas a sus productos. Cada crédito de carbono compensa una tonelada de CO2.
Los créditos son producidos por proyectos privados de compensación que pretenden absorber CO2, como las plantaciones forestales, o por iniciativas que intentan evitar emisiones, como los proyectos de energías renovables o de prevención de la deforestación, también denominados proyectos REDD+, que representan aproximadamente el 40% de los créditos de carbono del mercado voluntario.
Los certificadores de créditos de carbono, en principio, garantizan que cualquier proyecto de prevención de emisiones aporta beneficios climáticos reales.
La clave para conceder créditos de carbono de un proyecto REDD+ es determinar la tasa de deforestación de base en zonas de referencia que tengan características similares al proyecto.
La tasa de deforestación observada en la zona del proyecto se resta entonces de la base de referencia para determinar la “adicionalidad” –deforestación evitada– que ha resultado de la ejecución del proyecto.
Los proyectos REDD+ venden créditos de carbono “sin valor”
Sin embargo, una investigación conjunta de The Guardian, Die Zeit y SourceMaterial ha revelado que el 94% de las compensaciones de carbono de REDD+ certificadas por Verra, la principal certificadora de créditos de carbono del mundo, “no tienen valor”.
Básicamente, las bases de referencia son calculadas por conveniencia y los programas de conservación forestal no aportan ninguna reducción adicional de CO2 que pueda medirse.
Verra recibe una comisión por cada crédito que aprueba, lo que crea un claro conflicto de intereses que incentiva la sobreestimación de los créditos de carbono que pueden venderse.
Los críticos llevan mucho tiempo afirmando que las compensaciones de carbono no son más que papel mojado para permitir a la industria de los combustibles fósiles vender combustibles fósiles sin sensación de culpa. Incluso algunos intermediarios de créditos de carbono han calificado los combustibles fósiles neutros en carbono de “tonterías obvias”.
En los cuatro estudios de casos recientes añadidos al EJAtlas, se descubrió que cada proyecto REDD+ investigado tenía una “base de referencia inflada” que exageraba enormemente la prevención de la deforestación.
En los casos del Parque Nacional Cordillera Azul (PNCAZ) en Perú y del Resguardo Indigena Unificado-Selva de Matavén, los investigadores no encontraron “adicionalidad” porque las áreas ya tenían garantizado el estatus legal de protección antes del establecimiento de los proyectos REDD+.
En otras palabras, el proyecto de carbono no puede detener la deforestación en una zona que ya cuenta con medidas preventivas en funcionamiento (...)
No hay comentarios:
Publicar un comentario