martes, 17 de octubre de 2023

Europa no puede ser cómplice de un exterminio. Por CTXT

 10/10/23

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Desde que el sábado 7 de octubre la milicia palestina Hamás lanzara sobre el sur de Israel un ataque coordinado y atroz, que produjo cientos de asesinatos y secuestros, y Tel Aviv respondiera horas después con la declaración de guerra, distintas fuentes han registrado miles de víctimas: más de 700 muertos y 3.000 heridos en Gaza, y más de 900 muertos israelíes y 2.800 heridos. Mientras leen estas líneas, y a juzgar por la brutalidad de las imágenes que llegan desde Gaza, el número seguirá subiendo sin duda. 

El estallido de violencia no es una novedad en absoluto. Desde la Primera Intifada, en 1988, han muerto en Israel y Palestina al menos 13.400 personas (a falta de añadir los muertos de estos días). El 87% son palestinos y la mayoría, civiles. Pero ahora Israel ha ordenado “un asedio total sobre la Franja de Gaza”, la mayor cárcel al aire libre del mundo, en la que viven más de dos millones de personas, la mitad de ellas menores de edad. Este asedio total, prohibido por Naciones Unidas y por el derecho internacional, incluye el corte de suministros básicos para la vida. “No habrá electricidad, ni alimentos, ni gas, todo está cerrado”, dijo el ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant. El agua fue cortada en la tarde del lunes 9 de octubre, mientras caían incontables bombas sobre viviendas, mezquitas, hospitales y ambulancias. Gallant justificó la medida diciendo: “Estamos luchando contra animales humanos y actuamos en consecuencia”. El filósofo alemán de origen judío Theodor Adorno dejó dicho en su día: “Auschwitz comienza donde quiera que alguien mire un matadero y piense: solo son animales”. 

El gobierno ultraderechista, contestado en las calles desde hace semanas por la deriva autocrática de Netanyahu, ha encontrado en el ataque desesperado de Hamás, un grupo terrorista alimentado desde hace años por Israel, la excusa perfecta para ignorar el artículo 33 del IV Convenio de Ginebra, que protege a los civiles: “No se castigará a ninguna persona protegida por infracciones que no haya cometido. Están prohibidos los castigos colectivos, así como toda medida de intimidación o de terrorismo. Están prohibidas las medidas de represalia contra las personas protegidas y sus bienes”.

Hace solo una semana, Netanyahu estaba acorralado, con un Gobierno controlado por extremistas radicales, medio país protestando en las plazas contra su reforma judicial, los reservistas negándose a movilizarse y la izquierda denunciando la política de anexiones de los colonos. Y ahora, gracias a la locura de Hamás y al incomprensible fallo del Mossad, incapaz de detectar de forma anticipada el ataque, Netanyahu tiene a una sociedad unida por el terror y parece dispuesto a acometer la demolición absoluta de los palestinos. 

Europa no puede permitirlo, y desde luego no puede ser cómplice de un criminal de guerra que busca una victoria arrolladora y definitiva, no contra un grupo terrorista sino contra un pueblo entero. Y no con acciones selectivas, sino con una retórica de exterminio. Netanyahu sabe muy bien que en la UE nada se mueve sin permiso de su socio prioritario, Estados Unidos, y que el bloque mediático y político occidental está absolutamente dominado por reaccionarios belicistas. En solo unas horas, Europa parece haber cancelado sin rubor su responsabilidad poscolonial con Palestina.

Mientras Netanyahu empezaba a tuitear imágenes de los bombardeos sobre Gaza y los tanques se apostaban ante la franja, la presidenta de la Comisión Europea proyectaba la bandera del estado judío en sus instituciones y los grandes mandatarios de la Unión elegían bando sin ambages. De nuevo el furor bélico, de nuevo nadie pidiendo paz, calma o cordura. El lunes 9 corrió la noticia de que la UE suspendía “de forma inmediata” toda ayuda para Palestina, tras un mensaje publicado en la red social X (antes Twitter) por el comisario de Ampliación, el húngaro Oliver Varhelyi. Horas después, y ante las protestas de España y otros países, la UE matizó que la Comisión estudiará la situación en el consejo de ministros de Exteriores del 10 de octubre. Por poner en perspectiva esa ayuda: Ucrania ha recibido 77.000 millones de euros.  Palestina debe recibir 691 este año.

Según datos de Amnistía Internacional, hay más de 5,6 millones de personas palestinas refugiadas que no pueden ejercer el derecho a retornar y cientos de prisioneros palestinos en espera de juicio en Israel. Al menos otras 150.000 corren un riesgo real de perder sus hogares debido a la brutal práctica de demoliciones de viviendas o desalojos forzosos de Israel. La realidad del conflicto es que Israel lleva décadas negando un Estado al pueblo palestino, imponiendo un sistema de opresión y dominación en todas las zonas bajo su control, a fin de robar espacio y derechos a las personas palestinas y beneficiar a la población israelí. Esto se llama apartheid y está prohibido por el derecho internacional.

No estamos ante una guerra entre dos pueblos en igualdad de condiciones: hay un ocupante y un ocupado, un colonizador y un colonizado, un opresor y un oprimido. Israel no es la víctima sino el victimario. Como potencia ocupante, es responsable del bienestar del pueblo y del territorio que ocupa. Las leyes, políticas y prácticas concebidas para mantener un sistema cruel de control de la población palestina han dejado a ésta fragmentada geográfica y políticamente, empobrecida y en un estado permanente de temor e inseguridad.

Desde nuestra modesta tribuna, pedimos al Gobierno español que tome partido por la paz y por el reconocimiento del Estado palestino, que no justifique el uso del terror de Estado para enfrentar al terrorismo, y que haga las gestiones necesarias para detener cuanto antes la espiral de violencia y de venganza, para frenar los crímenes de guerra y para impedir una mayor escalada bélica y el genocidio del pueblo palestino.



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