Gemma Ubasart i Gonzàlez 30/9/23
Aunque tarde, ha llegado la hora de empezar a abrir procesos judiciales en relación a la represión franquista que aclaren hechos, que establezcan la verdad jurídica de lo que pasó y que sean procesos reparativos
Ficha policial de una estudiante trasladada a la comisaría de Via Laietana durante el franquismo.
La semana pasada, Dolores Delgado, fiscal de sala de derechos humanos y memoria democrática, dictaba unas Diligencias en las que instaba a la Fiscalía de Barcelona a apoyar la admisión de la querella interpuesta por Carles Vallejo en relación a las torturas que habrían sufrido en la Jefatura Superior de Policía de Via Laietana núm 43 los años 1970-71. Así pues, se instaba a “practicar diligencias de investigación necesarias para la determinación de los hechos con el fin de adoptar una decisión fundada en derecho en cuanto persecución del procedimiento o su archivo”.
Se trata de una importante noticia que, aunque celebrada por activistas y juristas especializados, ha pasado bastante desapercibida para el público en general. Este artículo lo escribo con el objetivo de contextualizar esta decisión y de poner encima de la mesa una de les líneas de actuación que en mi opinión deberían desarrollarse en el ámbito de las políticas públicas de memoria democrática en el momento actual: explorar al máximo la intersección entre derecho y memoria democrática.
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