CTXT . Agenda 2030 La energía como bien público, clave para la sostenibilidad. Por Antonio Aretxabala, Antonio Turiel y Unai Pascual

 Antonio Aretxabala / Antonio Turiel / Unai Pascual 2/10/2023

El futuro de las empresas públicas de energía es factible, pero para ello es imprescindible romper con las lógicas crecentistas, extractivistas y de acumulación de capital en detrimento de millones de desposeídas y ecosistemas arrasados

En CTXT podemos mantener nuestra radical independencia gracias a que las suscripciones suponen el 70% de los ingresos. No aceptamos “noticias” patrocinadas y apenas tenemos publicidad. Si puedes apoyarnos desde 3 euros mensuales, suscribete aquí

Represa de Itaipú, Brasil y Paraguay. Se trata de la segunda central hidroeléctrica por potencia instalada del mundo. / Martin St-Aman

La energía como bien público, clave para el desarrollo ...

En el año 2015 los líderes mundiales adoptaron un conjunto de objetivos globales para erradicar la pobreza, proteger los ecosistemas que aún siguen funcionando y asegurar la prosperidad para toda la humanidad como parte de una nueva agenda de desarrollo sostenible que culminaría en el año 2030: la Agenda 2030.

Septiembre de 2023 supuso el ecuador del proyecto, y se convocó una reunión que acogió la sede de Naciones Unidas para realizar un gran repaso. Nuevamente los líderes mundiales se reunieron para observar qué se había hecho bien y qué no. Algunos analistas económicos y sociales comentaron que se habían desarrollado apenas un 15% de las metas a alcanzar en el 50% del plazo; la culpa, obviamente, es de la pandemia de covid-19 declarada por la OMS en 2020 y la guerra en Ucrania. Otros, más descarnados, directamente denunciaron una situación peor a la de la casilla de salida, es decir, peor que en 2015.

Superando el ecuador

Como indican numerosos informes internacionales, no hemos conseguido erradicar el avance de la destrucción de la mayoría de los ecosistemas ni la desposesión de las comunidades que los habitan. Tampoco la minería, que irrumpió con fuerza tras el colapso de los mercados de 2008 como pilar fundamental para una transición justa, ha podido ser reconvertida, y de hecho es cada vez más especulativa. Nos propusimos sustituirla por modelos de extracción sostenibles que debían mitigar los impactos ambientales y sociales de manera notable, presentándose como el sector más transversal de los 17 Objetivos para el Desarrollo Sostenible (ODS) y presente desde el primero de ellos u ODS1: la minería y el fin de la pobreza, o el segundo ODS2: la minería y la erradicación del hambre, y así sucesivamente, la minería y la salud, el bienestar, igualdad, trabajo digno, cambio climático, paz, fortalecimiento de las instituciones…

El resultado, por el contrario, ha sido una creciente intensificación de la presión ambiental y social por unidad de actividad económica, tal y como se deduce de los trabajos de autores como William Rees, del Post Carbon Institute, o desde hace años por el International Resource Panel (IRP) del Programa Medioambiental de las Naciones Unidas. Se desmienten así las afirmaciones genéricas de itinerarios de transición ecológica que reposan sobre la idea de lograr un crecimiento verde con el apoyo de programas al estilo Green Deal que, derivado de los 17 ODS, se han puesto en marcha en Europa, especialmente tras la pandemia. Además, se consolida tal contradicción con un hecho bien contrastado del que la minería es la gran protagonista: que la eficiencia del mercado gracias a la tecnología digital (gran consumidora de energía y minerales) ha facilitado el saqueo a las comunidades locales y a sus territorios. Otra manifestación más del efecto rebote o paradoja de Jevons de carácter extractivo.

(...) Energía pública

Dentro de las posibilidades que se presentaron para enderezar el fracaso manifiesto de Smart 2020 y ahora de la Agenda 2030, que algunas personas vieron venir y que se reflejan en sesudos estudios científicos y sociales, informes del IPCC, IPBES, etc., que puso a prueba la capacidad de cooperación transnacional, se barajaron varias soluciones. Una de ellas fue la creación de empresas públicas de energía. Existen muchos modelos, desde la propiedad completa del Estado, como en Francia, hasta el papel del Estado como accionista minoritario, como en el caso de Italia. En 2022, la propuesta de Unidas Podemos de crear una empresa pública de energía de carácter estatal fue rechazada por el Congreso de España. No obstante, varias formaciones políticas han seguido trabajando en esa misma línea abriendo la posibilidad de hacerlo a nivel autonómico, local o comunitario con diferentes variedades de participación, incluso público-privada.

La idea parece adecuada y esperanzadora porque podría suponer la ruptura definitiva del viejo régimen de oligopolios político-empresariales y puertas giratorias del sector energético que tanto sangra, especialmente a la ciudadanía. ¿O no? (...)