miércoles, 6 de diciembre de 2023

CTXT. El capitalismo verde ibérico pudre la democracia . Por A. Delage, R. Jiménez Aybar, F. Prieto, M. Rivera Ferre, A. Turiel y F. Valladares

 16/11/2023

A. Delage / R. Jiménez Aybar / F. Prieto / M. Rivera Ferre / A. Turiel / F. Valladares 

Los límites planetarios y la participación ciudadana permanente deben estar en el centro del programa de los gobiernos de izquierda

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“Que las cosas continúen así, eso es la catástrofe”, escribió Walter Benjamin. De hecho, el continuismo en una transición ecológica insuficiente e injusta es la forma de catástrofe que prepara el Gobierno de coalición de Pedro Sánchez, según dejó entrever el acuerdo programático entre el PSOE y Sumar, publicado justo antes del proceso de investidura. Aunque bien sabemos que los programas de gobierno no obligan, este documento es muy relevante porque previsiblemente anuncia la tonalidad y la ambición del Ejecutivo de los próximos cuatro años, con una derecha que apuesta peligrosamente por una crisis de Estado. Por eso, es responsabilidad de todos los actores del ecologismo y de la comunidad científica alertar ahora de manera muy clara: este programa de gobierno no está a la altura de los objetivos que marca la ciencia para la transición ecológica y representa una injustificable regresión política, social y ambiental en un contexto de máxima emergencia climática y de riesgos globales.

La reciente dimisión de Antonio Costa, primer ministro de Portugal, acusado de delitos relacionados con diferentes proyectos vinculados a la transición energética supone la primera sacudida de un terremoto político que puede extenderse a España y a los demás países europeos, cuyas democracias están más fragilizadas que nunca por el capitalismo verde y por el peso de la extrema derecha en la gobernanza europea. En este contexto, la brutal e inesperada caída de Costa y su red clientelar demuestra que el llamado modelo socialista de “revolución verde” ibérica ni es revolucionario ni es verde y tan sólo reproduce el modelo fósil con energías renovables. La corrupción de los altos cargos de un Gobierno de izquierda permitió eliminar a la vez las medidas de control democrático y los requisitos ambientales, para garantizar a los grandes inversores del sector los máximos beneficios posibles, entre ellos muchos grupos españoles. Buena parte de todos estos abusos y delitos se presentaron como necesarios en una carrera a contrarreloj hacia la descarbonización, pero este aceleracionismo ha revelado ahora lo que es: una falacia que paraliza una transición ecológica justa en toda Europa y pudre la democracia en la península ibérica.

En España, los partidos que van a entrar en el gobierno deberían aprender de esta crisis portuguesa y comprometerse a no mantener lo que nos lleva a la catástrofe. La nueva legislatura tendrá que impulsar de inmediato una economía de la suficiencia que el IPCC recomienda, en su sexto informe publicado en 2022, y define como “un conjunto de medidas políticas y prácticas cotidianas que evitan la demanda de energía, materiales, tierra, agua y otros recursos naturales al tiempo que proporcionan bienestar para todos dentro de los límites planetarios”. Para que estas medidas sean respaldadas por el conjunto de la sociedad, deben ser justas, es decir, aportar un progreso real para la mayoría, porque sólo así un gobierno de izquierda podrá ir en contra de los intereses del oligopolio energético y de los grandes grupos empresariales y financieros que hasta ahora secuestran la transición ecológica tanto en España como en Portugal.

(...) Una investigación reciente ha demostrado que las políticas de austeridad neoliberales que recortan el gasto público han elevado simultáneamente el nivel de desigualdad social y el voto a la extrema derecha en toda Europa, generando una ola reaccionaria sin precedentes desde la Segunda Guerra Mundial, que amenaza directamente a nuestras democracias y en particular a la transición ecológica. En España, el PP ya tiene asimilada la demagogia anticlimática de Vox y arremete de manera electoralista contra una supuesta “dictadura activista”, como señaló Feijóo en su discurso de investidura fallida, dando una señal muy inquietante de deriva extremista.

(...) En Sumar, la renuncia a los principales objetivos programáticos para la transición ecológica es aún más evidente. Yolanda Díaz y su equipo habían organizado y publicitado antes de las elecciones autonómicas del 28M un proceso deliberativo abierto en colaboración con el Foro de Transiciones, dentro del cual Yayo Herrero había coordinado un documento muy ambicioso y esperanzador, que integraba los resultados de la Asamblea Climática Ciudadana desarrollada en España entre 2021 y 2022. Este documento, titulado Sumar para una transición ecológica justa en España’, apostaba por una transición decrecentista y participativa, promoviendo una nueva gobernanza ciudadana y la “organización de asambleas ciudadanas en todas las escalas territoriales” integradas a “la toma de decisiones y rendición de cuentas sobre políticas públicas”.

(...) Thomas Piketty, economista de referencia a nivel internacional y mediático spin doctor de Yolanda Díaz en la última campaña electoral, ha vaticinado que las izquierdas actuales no sobrevivirán a la actual explosión de las desigualdades en Europa, que sólo beneficia electoralmente a la extrema derecha. De cara a las próximas elecciones europeas de 2024, junto a 10 otros economistas y politólogos, Piketty ha lanzado una alerta máxima a todos los partidos de izquierda para que “se unan en torno a una perspectiva política transnacional e impongan una agenda ecológica, social y democrática para la próxima legislatura europea”. Los expertos firmantes instan a todos los partidos progresistas a construir una alternativa política para recuperar el control democrático de la transición ecológica, fundada en “una asamblea permanente de ciudadanos a nivel europeo, interconectada con las asambleas ciudadanas nacionales y locales”. Esta propuesta encaja en la actual estrategia de integración de nuevos países en la Unión Europea (Ucrania, Moldavia, Georgia), que supone una profunda reforma institucional que dará una importancia real a la participación ciudadana (...)


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